La discusión del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), que la semana próxima entrará en su etapa decisiva en París, soporta ataques sin precedentes lanzados desde los sectores internacionales más diversos.
La más corrosiva de las críticas alude a la reserva con que se negocia el acuerdo en la sede parisina de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Con seguridad, el AMI no superaría el "test de Drácula" y su contacto con la luz le resultaría fatal, dijo una representante de Public Citizen, la organización de consumidores de Estados Unidos, en referencia a la falta de transparencia de la negociación.
Los países más ricos del mundo, que conforman la OCDE, sumados a Argentina, Brasil, Chile, Hong Kong-China y Singapur, elaboran el acuerdo multilateral destinado a eliminar obstáculos a las inversiones extranjeras.
En la misma Francia, gobierno e intelectuales objetaron los puntos del texto que contradicen las posiciones tradicionales francesas en defensa de la autonomía cultural amenazada por la invasión foránea de la mano de las inversiones.
El ministro francés de Finanzas, Dominique Strauss-Kahn, previno que un acuerdo sobre inversiones no podrá favorecer la aplicación de leyes extraterritoriales, como la Helms-Burton de Estados Unidos que castiga a extranjeros por comerciar con Cuba.
Desde Estados Unidos, Brent Blackwelder, presidente de Amigos de la Tierra, describió que "las 29 naciones más ricas del mundo negocian un acuerdo económico que dará a los inversores poderes sobre gobiernos locales, provinciales y nacionales".
La preocupación de Amigos de la Tierra y de otros miembros de una alianza de grupos ambientalistas de Estados Unidos y Canadá se centra en la perspectiva de que el AMI garantice a compañías extranjeras el derecho a violar leyes ambientales y de otro carácter.
La Acción Global de los Pueblos (AGP), que coordina una movilización internacional contra la mundialización de la economía, atribuyó al AMI el objetivo de "suprimir todo vestigio de control y toda forma de barreras a la movilidad del capital".
La AGP promueve un movimiento de desobediencia civil no violenta contra el libre comercio y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La campaña de la AGP comenzará también la semana próxima en Ginebra, con una serie de conferencias de divulgación que precederán un seminario internacional, entre los días 23 y 25, que adoptará las medidas prácticas de desobediencia civil.
Una declaración previa de la AGP sostuvo que los países del Norte auspician la aprobación del AMI para ampliar los derechos que los inversores extranjeros ya disfrutan en la mayoría de los países.
Se trata -dice el documento de AGP- del intento más importante de extender el proceso de globalización y liberalización "para abolir el poder y el derecho legítimo y soberano de estados y pueblos a determinar políticas económicas y sociales propias".
El proyecto del AMI pretende regular las garantías y la promoción de las inversiones mediante un convenio multilateral que incorpora por primera vez un sistema de solución de diferendos entre particulares y Estados.
La novedosa modalidad permitiría que las compañías transnacionales inicien acciones judiciales contra Estados acusados de interferir en sus actividades lucrativas.
El método de negociación adoptado por la OCDE y los cinco países en desarrollo participantes determina que las partes elaborarán una lista de compromisos que no podrán aceptar.
Esa lista puede incluir disposiciones de jurisdicciones federales de los países firmantes, que impiden la concesión de facilidades determinadas a los inversores.
Los expertos de los países negociadores volverán a reunirse en París la semana próxima para evaluar los progresos alcanzados en el AMI, con la perspectiva de que un acuerdo final sea firmado durante la reunión ministerial de la OCDE en abril. (FIN/IPS/pc/dg/if/98
