El gobierno de Cuba pretende "facilitar, promover y atraer" la inversión extranjera, pero limitarla sólo a los casos en que responda a los intereses de su política económica.
Tres años después de la entrada en vigor de la "Ley para la inversión extranjera", las autoridades no ceden ante la tentación del capital y mantienen un estricto control a la hora de abrirse a cualquier nuevo proyecto inversionista.
El Ministerio de Inversión Extranjera y Colaboración Económica "puede aún atraer más inversiones y buscar las que se necesitan en estos momentos", dijo el viceministro Carlos Lage al examinar la gestión de ese organismo en 1997.
El quinto congreso del gobernante Partido Comunista de Cuba, en octubre pasado, decidió promover la inversión extranjera, "negociándose con prioridad aquellos proyectos que contribuyan en mayor medida al logro de los planes de la economía nacional".
Las áreas priorizadas se vinculan a sectores como el turismo, el níquel o la extracción de petróleo, considerados como los que que más rápidamente pueden generar ingresos al país o sustituir importaciones.
El gobierno pretende también incentivar el asentamiento de empresarios extranjeros en las zonas francas y parques industriales, inauguradas en 1997, para "diversificar las exportaciones, obtener tecnologías de avanzada y generar empleos".
Considerado el principal mentor de la política económica cubana justo al presidente Fidel Castro, Lage insistió en mantener la línea de atracción selectiva de capital a pesar de las limitaciones impuestas por el bloqueo de Estados Unidos.
Washington aprobó en 1996 la polémica ley Helms-Burton, que pretende desestimular la inversión extranjera en Cuba con sansiones a empresarios de terceros países que negocien con propiedades estadounidenses nacionalizadas por el gobierno de Castro.
El ministro de Inversión Extranjera, Ibrahim Ferradaz, reveló que al cierre de 1997 operaban 317 asociaciones económicas con capital extranjero y que, al mismo tiempo, 63 entidades de ese tipo fueron disueltas ese año "por distintos motivos".
Ferradaz no aclaró cuántas asociaciones cerraron como consecuencia de los efectos de la ley estadounidense, pero agregó que en lo que va de este año se suscribieron otros 15 negocios de ese tipo, para un total de 322.
Los principales inversionistas proceden de España, Canadá, Italia, Francia, Reino Unido y México y 74 por ciento de las asociaciones se concentran en las ramas del turismo, la industria básica, ligera y alimentaria, la construcción y la agricultura.
Cuba tiene relaciones bilaterales con 138 países, 78 de ellos a través de comisiones mixtas, y mantiene contactos con 239 organizaciones no gubernamentales de unos 20 países, 80 de las cuales desarrollan proyectos específicos en la isla.
La colaboración con organizaciones del sistema de las Naciones Unidas recibió un impulso el pasado año, según Ferradaz, cuando La Habana recibió una ayuda financiera por 14,5 millones de dólares, totalizando así 151,6 millones de dólares en los ultimos 10 años.
Al mismo tiempo, el país envió al exterior a 2.808 colaboradores, fundamentalmente en las esferas de salud, deportes y educación superior, que representaron ingresos por 18 millones de dólares, 7,1 millones más que en 1996.
Lage opinó que la colaboración económica podría convertirse en una fuente mayor de ingresos "si se trabajara por extenderla" y, al mismo tiempo, llamó a aprovechar las oportunidades de invertir capital cubano en el exterior.
Cuba creó el marco legal para la apertura de empresas mixtas con capital extranjero en 1982, pero no fue hasta finales de la pasada década e inicios de ésta que el país se vio obligado a incentivar esta forma de inversión.
La desintegración del Consejo de Ayuda Mutua Económica, el bloque económico socialista, privó a la isla del Caribe de sus principales socios comerciales y contribuyó al inicio de una crisis que dura ya 8 años.
El producto interno bruto sufrió un deterioro de 34,8 por ciento 1990 y 1993. En 1996, la economía registró un crecimiento de 7,8 por ciento, pero el año pasado fue de sólo 2,5 por ciento, cuando se preveía un aumento de ntre cuatro y cinco.
Expertos locales estiman que la apertura externa es la política con mayor incidencia en la recuperación económica, pero las autoridades insisten en que el país ya generó potencialidades propias para salir de la crisis.
De acuerdo con Lage la situación cambió con relación a los primeros años de la apertura al capital, cuando fue necesario recibir, prácticamente, a todos aquellos que llegaban con una oferta de inversión.
"Hoy ya no resulta imprescindible el capital extranjero para garantizar recursos de trabajo o inversiones de poco monto y rápida recuperación", dijo el vicepresidente. (FIN/IPS/da/dg/if/98
