Empresas privadas de salud de Chile niegan la atención a mujeres embarazadas porque aumenta el riesgo económico, pese a que el costo de su afiliación es generalmente más alto del que se cobra al resto de los adheridos al sistema.
Para acceder a los servicios de una Institución de Salud Previsional privada (Isapre) en este país se debe firmar un contrato que obliga a un pago mensual pactado entre las partes, cuyo valor no debe ser inferior a siete por ciento del salario del afiliado.
"Las Isapres cobran según el riesgo de salud" y, en función de ello, a la mujer fértil se le exige una cuota más alta, dijo a IPS la directora de relaciones públicas de la Superintendencia de Isapres, Milly Miranda.
Los gastos de un parto y cobertura posnatal encarecen la atención de las mujeres. "El costo total de atención de una madre y su bebé equivale al de un año de un afiliado común, por lo que los planes para mujeres fértiles deben ser más caros que para las mayores de 45 años y los hombres", explicó Miranda.
Pese al incremento en las cuotas de la medicina previsional para las mujeres fértiles, 11 de los 31 institutos de este tipo existentes en Chile simplemente se niegan a recibirlas.
El problema es exclusivamente económico, pues las primeras cuotas mensuales no alcanzan para cubrir los gastos de un parto, explica Rafael Caviedes, presidente de la Asociación de Isapres.
Las empresas se encuentran amparadas legalmente para discriminar a las mujeres fértiles, ya que se trata de un convenio privado entre la institución y el usuario.
La ley 18.469 que regula las prestaciones de salud permite a las empresas privadas afiliar a mujeres embarazadas a programas de cobertura completa o parcial e, incluso, reservarse el derecho de admisión al sistema.
Los chilenos pueden optar libremente por el sistema de salud privado o por el público que depende del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
La cuota mensual al Fonasa equivale a siete por ciento del salario del usuario. Este valor es el mínimo requerido en el caso de los institutos privados, que exigen el pago de suplementos para acceder a la cobertura total de atención .
Algunas instituciones de salud privadas aceptan a mujeres embarazadas para convenios de cobertura parcial, pero sólo cuando las futuras mamás tienen menos de tres meses de gravidez.
Pese a que las mujeres tienen espacios para denunciar esa discriminación, como es el caso de la Superintendencia de Isapres, el Tribunal de la Mujer o la propia justicia, la mayoría de las veces no se hace por desconocer esta posibilidad.
Las instituciones privadas de salud, además de restringir el acceso de las mujeres embarazadas, tampoco cubren las llamadas "enfermedades catastróficas" como el cáncer y el sida.
El servicio de salud privado, que atiende a cerca de 300.000 personas, está hoy fuertemente cuestionado. Muchos afiliados, cuando deben recurrir a intervenciones quirúrgicas, terapias prolongadas y hospitalización, utilizan el sistema público, donde los costos son menores.
Esa situación provocó una áspera polémica que encabezó el ministro de Salud, Alex Figueroa, quien pidió a los cotizantes de Isapres de bajos ingresos que abandonen el sistema privado y se incorporen al Fonasa.
Figueroa sostuvo que de esta manera el sistema público podrá tener más recursos para atender mejor a sus afiliados y superar el endeudamiento qu enfrenta actualmente. (FIN/IPS/amz/gcm/dm/he/98
