En una carrera contra reloj, legisladores de la nueva alianza de oposición en Argentina se enfrentan al desafío de unificar criterios para el debate de este miércoles sobre la eventual derogación de leyes de amnistía que a militares violadores de los derechos humanos en los años setenta.
Una encuesta de opinión reveló que 78 por ciento de la población estaría de acuerdo con la derogación de esas leyes que interrumpieron los procesos a militares represores dejándolos en libertad por haber cumplido órdenes superiores, aún en los casos de delitos probados de secuestro, tortura y asesinato.
La Alianza, nacida hace seis meses de la fusión entre la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario, había previsto que sus legisladores podrían votar a conciencia el proyecto, pero esta postura sigue siendo revisada por el temor a aparecer divididos ante un oficialismo compacto.
El alcalde de Buenos Aires Fernando de la Rúa, uno de los principales referentes de la Alianza, exhortó a los dirigentes de ese conglomerado político a agotar los esfuerzos para llegar a una fórmula de consenso, que muestre que no hay fisuras en el bloque.
"Esta es una prueba para la Alianza que quiere ser gobierno en 1999", desafió el dirigente.
La iniciativa de derogación fue planteada en enero por diputados del Frente País Solidario con el respaldo de todos los organismos humannitarios, y cobró relevancia tras declaraciones del ya destituído marino Alfredo Astiz, símbolo de la represión ilegal que reivindicó sus crímenes en una entrevista.
El gobernante Partido Justicialista recogió la idea y prometió que votará en bloque la derogación, aunque admite que es casi imposible que tengan un efecto real sobre los liberados.
La ley penal impide que una norma que perjudica a una persona pueda tener efectos retroactivos.
La aparente unidad de criterio en el bloque oficialista es puesta en duda por la oposición. Los senadores gubernamentales en el Senado ya anticiparon que no apoyarán la medida y el presidente Carlos Menem anticipó que vetará la norma si es que logra salir del Congreso.
Funcionarios y legisladores azuzan el debate a fin de dividir a los opositores, una maniobra denunciada por la Alianza, los organismos humanitarios y analistas políticos que advirtieron sobre el riesgo que asumen los políticos al usar el tema tan sensible de los derechos humanos como un campo de batalla.
En este sentido, el gobernador de la provinicia de Buenos Aires Eduardo Duhalde, mencionado como candidato presidencial para 1999 por el Partido Justicialista, rechazó el uso que se está haciendo de este tema.
"Si la derogación tendrá sólo un efecto simbólico, es un divertimento cruel, un engaño a la gente y una burla a los familiares de las víctimas", dijo.
Lo cierto es que en la Alianza el proyecto generó un profundo debate.
Hay dirigentes del Frente País Solidario que apoyan la medida y creen que tendra más que un valor simbólico. Consideran que hay antecedentes de leyes inconstitucionales que fueron derogadas por el Parlamento.
Otros piensan que el proyecto es inoportuno porque crea un debate que podría dividir a los socios de la Alianza.
De hecho, fue durante el gobierno del radical Raúl Alfonsín (1983-1989) que fueron aprobadas las leyes de amnistía, por eso los miembros radicales de la Alianza se niegan a reconocer que aquellas leyes hoy deben ser derogadas.
Alfonsín explicó que se vio obligado a presentar el proyecto de amnistía en 1987 tras dos sublevaciones militares nacidas de la inquietud castrense generada luego de la condena a los ex comandantes de la dictadura (1976-83) y a los procesos abiertos a sus subordinados.
En la madrugada de este martes, los radicales ofrecieron a sus aliados una alternativa. Votar la derogación e inclur un proyecto para reformar el Código de Justicia Militar a fin de incorporar mayores precisiones sobre cuáles son las órdenes inmorales que un subordinado no estará obligado a cumplir en el futuro. (FIN/IPS/mv/dg/ip-hd/98)
