Con duras críticas a la política ambiental del gobierno de Eduardo Frei, los ecologistas rechazaron hoy la aprobación del proyecto Trillium, el mayor plan de explotación de bosques nativos en la historia de Chile.
La Alianza por los Bosques de Chile sostuvo que los intereses economicistas primaron sobre las consideraciones sociales y ambientales, en tanto Greenpeace dijo que "el gobierno chileno autoriza la destrucción de bosques únicos en el mundo".
Los ambientalistas anunciaron acciones legales para revertir la aprobación y acciones internacionales para que se exija el "sello verde" a las exportaciones de "chips" (astillas) que constituirán la actividad central del plan de explotación.
El proyecto Río Condor de la transnacional estadounidense Trillium está localizado en Tierra del Fuego, unos 2.500 kilómetros al sur de Santiago, y comprende 272.000 hectáreas, de las cuales se talarán 130.000 de bosques de lenga.
La inversión prevista es de 200 millones de dólares, con la creación de unos 300 puestos de trabajo, lo cual motivó una actitud favorable hacia la empresa Trillium de las autoridades y la población de la empobrecida provincia de Tierra del Fuego.
Los ambientalistas sostienen que existen otros caminos para reactivar la economía en el extremo austral del país, sin este plan, que transformará en astillas los árboles de lenga, una especie autóctona de alto valor.
Los bosques afectados son únicos en el mundo, ya que forman parte de la superficie boscosa original del área, con unos 8.000 años de antiguedad, desaparecida ya en 80 por ciento, advirtió la organización ecologista internacional Greenpeace.
El proyecto fue rechazado en abril de 1997 en un fallo de la Corte Suprema de Justicia, definidico como histórico, ya que obligó al gobierno a expedir el reglamento para los estudios de impacto ambiental en los planes de inversiones productivas.
La Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la XII región reunida en la ciudad de Punta Arenas, aprobó finalmente este miércoles el proyecto sobre la base del estudio de impacto ambiental que presentó Trillium.
La aprobación, por 16 votos a favor y dos en contra, incluyó una serie de condicionamientos, como la realización de auditorías ecológicas independientes, monitoreos regulares a las talas y la realización de un inventario forestal en un plazo de cinco años.
Los grupos ecologistas afirmaron que estas condiciones son insuficientes para preservar los bosques de lenga, así como a una población de 16.000 guanacos, protegidos por un programa gubernamental.
La Alianza por los Bosques de Chile, una red de organizaciones no gubernamentales ecologistas, señaló que no se tuvieron en cuenta los aspectos científico-técnicos y se aprobó un proyecto que en términos ambientales es insustentable.
"Este proyecto ya estaba aprobado por razones políticas desde su inicio. Acá se ha discutido el desarrollo de Magallanes y los empleos en Tierra del Fuego, pero no se ha discutido la sustentabilidad del proyecto", prostestó María Luis Robleto, de Greenpeace.
"La decisión tomada vuelve a poner en el tapete la interrogante de cuál es el verdadero sentido que el gobierno quiere darle a su política ambiental", señaló la Alianza en una declaración pública.
"Las acciones gubernamentales -agregó- parecen sólo querer cumplir ciertos requisitos internacionales y de imagen, en vez de tratar de proteger nuestros recursos de una sobreexplotación".
Según los ecologistas, "en el gobierno se habla de participación ciudadana, pero cuando ésta se manifiesta se la trata de minimizar o simplemente se la desvirtúa".
"Se ha demostrado claramente que el criterio economicista prima por sobre cualquier consideración social y ambiental y, lo que es peor aún, limita la verdadera visión de futuro que debería tener un gobierno", dijo también la Alianza.
Manuel Baquedano, del Instituto de Ecología Política, miembro de la red de defensores del bosque, apuntó que "la política del gobierno, según instrucción del propio presidente Frei, es aprobar todos los proyectos, perfeccionándolos pero nunca rechazándolos".
La historia de Trillium en Chile se remonta a la década de los 80, cuando la dictadura del general Augusto Pinochet (1973- 90) asignó los bosques a la transnacional estadounidense al irrisorio precio de un dólar por hectárea.
El gobierno de transición democrática del presidente Patricio Aylwin (1990-94) obligó a la empresa a renegociar el precio de la concesión en montos que elevaron por lo menos en diez veces el valor original.
La alta rentabilidad del proyecto para Trillium se fundamenta, además de los aspectos comerciales y de costos de explotación, en las subvenciones que el estado chileno da a inversiones en áreas deprimidas de la zona austral en virtud de leyes especiales. (FIN/IPS/ggr/dg/ip-en/98
