Derechos de autonomía que reclaman indígenas de gran parte del mundo y que organismos internacionales discuten desde hace más de una década, son hoy en México ingrediente central del conflicto que vive el estado sureño de Chiapas.
Mientras el gobierno cuestiona la amplitud con que esos derechos son entendidos y advierte peligros de "balcanización" si llegan a traducirse en ley, en Chiapas, decenas de comunidades, en su mayoría simpatizantes de la guerrilla zapatista, los ejercen desde hace mucho tiempo.
Parte de las víctimas de la matanza de indígenas, cometida el 22 de diciembre por grupos vinculados al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), pertenecían a alguna de las comunidades autónomas.
En esos "miniEstados", como los llaman políticos del PRI, las autoridades emiten documentos públicos de exclusivo reconocimiento local, la justicia se imparte bajo normas consuetudinarias, las decisiones se consensan en asambleas y funcionarios de gobierno deben pedir permiso para ingresar.
Luego de la mataza de diciembre, el tema de la autonomía territorial y jurídica de las etnias volvió al primer plano, pues por su causa el diálogo de paz entre el gobierno del presidente Ernesto Zedillo y la guerrilla zapatista se mantiene en suspenso desde 1996.
Hace dos años, delegados oficiales firmaron con el grupo armado un acuerdo que garantiza niveles de autonomía para las etnias. Sin embargo, cuando el documento fue trasladado por mediadores del Congreso a un proyecto de reforma Constitucional, el gobierno lo vetó.
Como ha sucedido en otras partes del mundo, autoridades, juristas, políticos y toda clase de profesionales de las ciencias sociales discuten la validez y los alcances de la autonomía indígena.
Unos temen la división del país, mientras otros sostienen que es un derecho intrínseco a pueblos de cultura diferente.
En 1989, la Organización Internacional del Trabajo aprobó el Convenio 169, que garantiza derechos de cultura y territorio a las etnias.
Ratificado por 10 países, entre ellos México, el Convenio es hoy en uno de los documentos de respaldo que usan las organizaciones indígenas del continente americano para exigir niveles autonomía en sus comunidades.
Además, enmarca parte de las discusiones que desde 1986 se realizan en la Organización de las Naciones Unidas con miras a emitir una declaración universal sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Expertos como José del Val, director del Instituto Indigenista Interamericano, perteneceiente a la Organización de Estados Americanos, consideran poco probable que la declaración se emita, pues el tema de la autodeterminación causa demasiados recelos entre los gobiernos.
En México, donde la población indígena se calcula en 12 millones, el gobierno de Zedillo sostiene que los nativos no son diferentes.
"Los indígenas deben tener exactamente los mismos derechos que tenemos todos los mexicanos y sería un error pensar que sus problemas se resolverán estableciendo una distinción en nuestra Constitución, tratándolos como si no fueran iguales", dijo.
Apoyada por los partidos de oposición, parte de la sociedad civil y varios intelectuales, la comandancia de la guerrilla zapatista acusa al gobierno de desconocer el acuerdo firmado.
El gobierno responde que eso es falso, que el único interés es redefinir el tema de la autonomía para no dividir al país.
Mientras las partes intercambian acusaciones, decenas de comunidades de Chiapas ejercen su autonomía en forma efectiva a pesar de la masiva presencia del ejército y la amenaza constante de grupos paramilitares.
En los municipios autónomos como Ernesto Che Guevara, Unidos por Nuestra Fuerza y Tierra y Libertad nadie puede entrar sin previa identificación.
En Chiapas la autonomía llama la atención, pues está influenciada por las tensiones entre la guerrilla y el gobierno. Sin embargo, en muchas otros comunidades indígenas del país se ejerce en los hechos sin que ninguna autoridad la cuestione, señalan los políticos de oposición. (FIN/IPS/dc/dg/ip-pr/98)
