Los gobiernos de América Latina aplicarán en 1998 nuevas fórmulas para acabar con el narcotráfico y ahuyentar de la región al inquietante fantasma de las descertificaciones implementadas por Estados Unidos.
Las principales naciones productoras de droga de la región (Bolivia, Colombia y Perú) hacen públicas sus mejores intenciones para lograr esa "misión imposible" cada comienzo de año, pero para 1998 se perciben señales de resultados más alentadores.
El gobierno de Bolivia, segundo productor de coca y cocaína del mundo, después de Colombia, se ha comprometido a erradicar en cinco años hasta el último de esos arbustos que sea usado por el narcotráfico a través de un plan que comenzará a implementarse en 1998.
El plan incluye la paulatina reducción de la compensación económica que entrega el gobierno a los agricultores dedicados al cultivo de coca, el incremento de los presupuestos policial y militar destinados al combate al narcotráfico, entre otros puntos.
El gobierno de Hugo Banzer procurará mayor cooperación internacional para financiar ese millonario plan de destrucción de cerca de 40.000 hectáreas de cultivos ilegales de coca y definir el futuro de otras 12.000 hectáreas cuya producción es legal y se dirige al consumo tradicional.
Banzer deberá negociar, por otro lado, con las más de 40.000 familias campesinas productores de coca que no están dispuestas a abandonar una ocupación que les da ingresos tres veces superiores al promedio de la empobrecida población rural del resto de Bolivia.
El gobierno de Colombia, primer productor de cocaína del mundo, se anotó en el agónico 1997 varios puntos a favor en su carrera por la obtención de la certificación estadounidense anual.
El Congreso en Washington "descertifica", a iniciativa de la Casa Blanca, a las naciones que entiende comprometidas con la producción y tráfico de drogas en marzo de cada año.
La aprobación de la extradición de nacionales a Estados Unidos, el impulso alcanzado en la erradicación de cultivos y la firma de nuevos acuerdos bilaterales como el de interdicción marítima son algunos de los pasos hacia una buena relación entre el gobierno de Ernesto Samper y el de Bill Clinton.
Sin embargo, sectores privados colombianos creen que su país podría ser reprobado de nuevo con la descertificación de Estados Unidos, mecanismo que implica la pérdida de preferencias comerciales y el voto negativo de Washington a créditos en las instituciones financieras multilaterales.
Perú, país andino que junto con Colombia y Bolivia integra el triángulo de producción de drogas de América del Sur, tuvo en 1997 un año de éxitos en la lucha contra el narcotráfico.
Las autoridades peruanas detuvieron a algunos generales y otros altos oficiales que, según la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) eran cómplices del narcotráfico, y obtuvieron buenos resultados en materia de erradicación de cultivos.
El jefe de la Oficina de Política Nacional contra las Drogas de la presidencia de Estados Unidos, Barry McCaffrey, felicitó con efusividad al gobierno de Alberto Fujimori por estas razones.
La política antidrogas de Perú derivó en 1997 en una caída de – su producción de coca, pero no fue ajena al logro de este objetivo la caída de los precios de la cocaína en el mercado estadounidense.
Perú aún tiene 50.000 hectáreas cultivadas de forma ilegal con coca, otras 20.000 de sembradíos abandonados y cerca de 19.000 hectáreas legales.
Bolivia y Perú dan por descontada su certificación, pero la evaluación que haga Estados Unidos del comportamiento de Colombia continúa siendo un misterio.
La polémica política de certificación ha sido criticada con dureza en los tres países andinos productores de drogas y por otros de América Latina, pero no existe hasta ahora una estrategia regional coordinada tendiente a establecer la propuesta de "certificación multilateral".
El gobierno de Bolivia llegó a proponer que sea la OEA el organismo responsable de evaluar cada año el comportamiento de los gobiernos frente al narcotráfico, pero la iniciativa no tuvo mayor impacto.
Pero las críticas planteadas por las naciones latinoamericanas a la descertificación unilateral de Estados Unidos parecen estar convenciendo a la Casa Blanca a renunciar a ese mecanismo de presión en 1998.
Estados Unidos no pudo obligar a Colombia a adoptar todas las medidas que exigía a través de la descertificación, lo que para muchos gobiernos de la región demuestra el fracaso de la presión unilateral.
McCaffrey y Samper se dieron un promocionado y cordial apretón de manos en octubre, una señal que abona la suposición de un cambio de política en Washington.
Las descertificaciones serían reemplazada por la coordinación y cooperación directa de Estados Unidos con organizaciones sociales vinculadas de algún modo la producción de coca, según versiones recogidas por IPS en Lima.
Los expertos opinan que ninguna estrategia contra el narcotráfico será efectiva mientras no se ofrezca a los campesinos una alternativa al cultivo de coca tan rentable como esta actividad.
La experiencia en Bolivia, Colombia y Perú ha demostrado que, si bien existen alternativas económicas para salir del círculo de producción de coca y cocaína, ninguna de ellas da, por cierto, los beneficios que da el cultivo de este arbusto. (FIN/IPS/jcr/mj/ip/98
