El vicepresidente de Honduras, el general retirado Walter López Reyes, fue acusado el viernes 23 ante la justicia de traición a la patria, encubrimiento y desaparición de 20 personas en la década pasada.
La acusación fue interpuesta por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), un organismo privado que también querelló a tres altos oficiales de las Fuerzas Armadas, entre ellos su comandante, Mario Hung.
Esos tres oficiales son acusados de participar en la desaparición forzada del estudiante Roger González en abril de 1987. El CODEH presentó documentos extraídos de los archivos castrenses que señalan la participación de los uniformados en el hecho.
En el caso de López Reyes, el organismo humanitario reveló un documento secreto presentado al militar cuando fungió como comandante de las Fuerzas Armadas en 1984.
Catalogado como "Informe Especial", el documento detalla a López la situación de 20 prisioneros de nacionalidad hondureña, guatemalteca, nicaragüense y salvadoreña en el desaparecido Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), creado por iniciativa de Estados Unidos.
En el CREM se entrenaron cientos de soldados de Honduras, El Salvador y Guatemala, así como miembros de la desaparecida Resistencia Nicaragüense ("la contra"), que buscó infructuosamente derrocar al régimen sandinista.
En el informe presentado a López Reyes, el teniente coronel Ricardo Luque, comandante del CREM, detalla acciones de inteligencia que se efectuaban en esa dependencia y destaca la cooperación de Estados Unidos en la implantación de una "red regional de inteligencia" que operó en el istmo.
Ramón Custodio, presidente del CODEH, dijo que ese ocultamiento de información a "los militares honestos de las Fuerzas Armadas y al país es ya un delito de traición a la patria, porque el general Walter López avaló operaciones secretas y temerarias que pusieron en riesgo la soberanía nacional".
"El sabía todas estas cosas y las ocultó, además se encargó de preparar un informe sobre los desaparecidos en este país y nunca lo dio a conocer, manifestando que ningún militar tuvo participación en estos hechos", dijo.
Según Custodio, en su momento el CODEH proporcionó esta información al presidente Carlos Reina. "No nos hizo caso y lo nombró (a López Reyes) vicepresidente, para llenar así de vergüenza este país".
"Esperamos que los tribunales hagan justicia, se enjuicie al general López y se pida el informe que elaboró sobre los desaparecidos. Si la justicia no hace nada, entonces mi lucha por los derechos humanos en este país habrá fracasado y seguiremos viviendo en la impunidad", manifestó Custodio a IPS.
López Reyes es uno de los tres vicepresidentes de Honduras y ha sido el hombre de "mayor confianza" de Reina, a quien ha remplazado cuando el presidente viaja al extranjero.
En los años ochenta desaparecieron en este país por razones políticas 187 personas, secuestradas por los militares en complicidad con civiles y asesores argentinos y de la Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
Hasta ahora, se han entablado juicios a 13 uniformados, pero sólo uno de ellos guarda prisión, mientras los otros 12 se encuentran prófugos desde hace más de un año.
En la documentación proporcionada por el CODEH se revelan datos que dejan ver una participación directa de Washington en la violación a los derechos humanos a partir de sus bases en Panamá.
Las Fuerzas Armadas han respondido que las pruebas que acusan a sus miembros son "apócrifas" y amenazan con demandar al presidente del CODEH por el delito de "sustracción de documentos". (FIN/IPS/tm/dg/ip-hd/98
