Cuba atrajo la atención del mundo de forma positiva al permitir la semana última la visita del Papa Juan Pablo II, pero la estructura totalitaria impuesta por el presidente Fidel Castro permanece intacta, dijo hoy Departamento de Estado de Estados Unidos.
El gobierno estadounidense aseguró en su informe de 1997 sobre derechos humanos en el mundo que la policia cubana persiste en el uso de la fuerza excesiva, e incluso ha causado la muerte de detenidos.
"La libertad de palabra, de prensa, de reunion y asociación así como el derecho a la privacidad, están negadas" en Cuba, senaló el subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, John Shattuck, al presentar el informe.
Estados Unidos critica la represión de disidentes ejercida por el departamento de Seguridad del Estado de Cuba, y lo que define como el "apartheid" favorable a los turistas, que reciben trato preferencial frente al ciudadano común.
El informe menciona puntualmente la detención del ciudadano salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León, acusado por las autoridades cubanas del atentado que el 4 de septiembre mató a un turista italiano.
"Cruz León permanece detenido y aun no ha sido juzgado", según el Departamento de Estado.
En cuanto a Colombia, encabeza la lista de países latinoamericanos "en conflicto".
"La autoridad moral y la capacidad política para gobernar" del presidente Ernesto Samper se redujo significativamente a causa del escándalo por la denunciada participación de narcotraficantes en el financiamiento de su campaña electoral en 1994.
El año pasado fueron divulgadas pruebas "sustanciales y fidedignas" de que Samper aceptó personalmente una contribución de seis millones de dólares del cartel de Cali a su campana electoral, se aseguró en el informe.
Según el Departamento de Estado, también aumentaron en Colombia las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y la guerrilla.
Esos tres grupos "han cometido asesinatos y secuestros, casi siempre con impunidad", dijo Shattuck.
El texto del informe critica específicamente el sabotaje de las elecciones intentado por la guerrilla mediante la amenaza y el asesinato de candidatos. Así mismo, denuncia la colaboración entre los paramilitares y el ejército en operaciones que dieron lugar a la masacre de civiles.
Esta evaluación del Departamento de Estado es considerada crucial por el gobierno de Colombia, pues de ella depende en parte la "certificación" de ese país como aliado de Washington en la lucha antidrogas y la provision de fondos de ayuda estadounidense.
"El Congreso estadounidense ha dejado en claro que no aprobará el suministro de ayuda a unidades del ejército colombiano que sean responsables de abusos contra civiles, y eso lo sabe bien el gobierno de Colombia", advirtió Shattuck.
Agregó que el gobierno colombiano debe identificar a los cuerpos de seguridad que no participaron en los crímenes denunciados.
El Departamento de Estado también censuró a Perú, debido a la "crisis constitucional" creada por la tentativa del presidente Alberto Fujimori de permanecer en el poder por un tercer periodo consecutivo.
El informe pone en duda la independencia del Poder Judicial y del Legislativo de Perú, a raíz de la aprobación de una ley que permitirá a Fujimori aspirar a su segunda reeleccióna.
"El sistema judicial es ineficiente y está sujeto a la influencia del Ejecutivo. El gobierno infringe los derechos a la privacidad y la libertad de prensa", se destacó en el informe.
Hay referencia puntual a la revocación de la ciudadanía peruana del empresario de origen israeli Baruj Ivcher, cuya emisora de televisión divulgó reportajes contrarios al gobierno. El informe también afirma que las autoridades peruanas frecuentemente entorpecen la labor de los grupos de derechos humanos.
Entre los paises de conflictos ya mitigados, el documento menciona a Guatemala, Haití y El Salvador, donde la Organización de las Naciones Unidas y la Organizacion de Estados Americanos promovieron negociaciones para poner fin a graves violaciones de los derechos humanos.
En el caso de Mexico, el informe elogia la apertura política que devino en la pérdida por primera vez de la mayoría absoluta del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados y permitió la eleccion, tambien por primera vez, del alcalde de la capital.
Estados Unidos observa con preocupación la violencia política en algunos estados del sur de México, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
En Chiapas sobresale la matanza de 45 indigenas, perpetrada el 22 de diciembre en la poblacion de Acteal y presuntamente por un grupo armado vinculado al PRI.
Pero en términos generales, Estados Unidos considera que el gobierno de Mexico respeta los derechos humanos, lo que también ocurre en Argentina y Chile, donde los proncipales problemas proceden de crímenes de ya extintas dictaduras militares.
El informe señaló el creciente problema del sistema carcelario de Venezuela, producto de la sobrepoblación de las prisiones, el tráfico de drogas y de armas y el abuso de autoridad de los guardias sobre los reclusos.
En Brasil, la policía aún practica el asesinato, la tortura, el secuestro y detenciones arbitrarias.
"En muchos casos, los tribunales especiales para las fuerzas de seguridad están sobrecargados (en Brasil), y rara vez investigan efectivamente o someten a la justicia a algún oficial responsable de crímenes, por lo que prevalece la impunidad", de acuerdo con el informe.
Legislación promulgada en 1996 dio a los tribunales civiles jurisdicción en los casos de homicidio intencional cometidos por policías, pero mantuvo el control de las investigaciones preliminares en manos de los organismos especiales de la policía.
Así mismo, el gobierno brasileño no ha promovido adecuadamente el cumplimiento de las leyes laborales, en especial en lo relacionado con el trabajo infantil.
Brasil enfrenta un incremento constante de la cantidad de niños abandonados o "niños de la calle", como se les conoce, que además de vivir rodeados de drogas y delincuentes, son empleados como mano de obra barata y forzados al comercio sexual mantenerse, advirtió el Departamento de Estado. (FIN/IPS/lr/ff/hd/98
