La violencia en Colombia, que en 1997 dejó cerca de 300.000 desplazados forzosos, requiere más que la atención de emergencia que hasta ahora se les ha prestado, según expertos en el tema.
Para este año, el gobierno colombiano anunció un plan dirigido a la atención inmediata de los desplazados, así como la prevención de nuevos desplazamientos.
"Además de prestar atención de emergencia a las familias afectadas procurará regresarlas a sus lugares de origen y prevenir nuevos desplazamientos", dijo Jacquin Samper, esposa del presidente Ernesto Samper, al anunciar el plan este miércoles.
Mauricio García y Néstor Gómez, de la coordinación Nacional del Servicio Jesuita a Refugiados, dijeron a IPS que los esfuerzos para solucionar el problema de los desplazados se han dirigido básicamente a la atención de emergencia por medio de planes para atender sus necesidades básicas.
Frente a esto, plantean "proyectos de atención asistencial que pongan los ojos en las personas más que en las masas" y aseguran que el problema dejará de existir cuando el desplazado logre estabilidad y asuma el compromiso de "la reconstrucción de su vida en un nuevo escenario".
El plan está dirigido inicialmente a 41.925 desplazados, que representan el 13,9 por ciento del total que se registró en 1997.
García y Gómez estiman que si se entiende el desplazamiento como uno de los efectos más serios de la guerra civil que vive Colombia, las políticas para enfrentarlo deberían insertarse "en el contexto general de una política de paz".
Por otra parte, indicaron que el plan gubernamental no garantiza la participación de la sociedad civil ni fomenta la labor de control requerida para su buena marcha.
En cuanto a la propuesta de propiciar el retorno de los desplazados, García dijo que un Estado que "no pudo evitar la expulsión de estas personas de sus tierras difícilmente va a poder garantizar su integridad nuevamente en dichas zonas".
El Instituto Nacional para la Reforma Agraria (Incora), organismo encargado de asignar nuevas tierras a los desplazados, los convierte en deudores del 30 por ciento del valor pagado por las mismas, pese a haber sido expulsados de sus propiedades por "acción u omisión del propio Estado", afirmó.
Diego Pérez, del Centro de Educación y Cultura Popular (CINEP), comentó que la atención a los desplazados se ha hecho de una manera homogénea, sin tener en cuenta las diferencias existentes entre campesinos, obreros, niños o mujeres, que han sido víctimas de este fenómeno.
Otros analistas consideran que aún no se percibe por parte del gobierno una propuesta de desarrollo que integre positivamente a los miles de desplazados que llegan a las ciudades.
No obstante, algunas entidades estatales que se ocupan del tema, como la Defensoría del Pueblo, han realizado algunas labores puntuales, pese al limitado presupuesto con que cuentan.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) y la Iglesia Católica han contribuido con sus denuncias e investigación a clarificar el problema de los desplazados, logrando la comunidad internacional presione al gobierno para la solución de situaciones puntuales.
Un ejemplo de esto fue el caso de las 150 familias desplazadas de la hacienda Buenavista, en el norte del país, propiedad de la familia del entonces embajador de Colombia en Bélgica Carlos Marulanda, que fueron sacadas por grupos paramilitares.
Tras una fuerte campaña de denuncias, Marulanda fue retirado de su cargo y las 150 familias fueron reubicadas en otra hacienda.
Según cifras de organizaciones de defensa de los derechos humanos, el conflicto armado que vive Colombia ha dejado en los últimos 10 años cerca de un millón de desplazados forzosos, en un país de 35 millones millones de habitantes. (FIN/IPS/yf/ag/ip- hd/98
