Colombia dejó de producir cerca de cinco millones de barriles de petróleo en 1997 debido a los ataques guerrilleros contra la infraestructura de producción y transporte de hidrocarburos, informó hoy la estatal Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol).
Las estadísticas preliminares de Ecopetrol revelan que debido a los atentados contra las redes de bombeo de crudo se dejaron de recibir 76,5 millones de dólares.
La red más afectada fue la del oleoducto Caño Limón Coveñas, que transporta crudo desde los campos de producción en el este colombiano hasta la zona caribeña del país para su exportación.
Los irreparables daños ocasionados por las acciones atribuidas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) llevó al Ministerio del Medio Ambiente a pedir a la Organización de las Naciones Unidas declarar los atentados contra oleoductos delito internacional.
Además del daño al ambiente y a la economía colombiana, los ataques han ocasionado sobrecostos por derrames de petróleo y gastos de descontaminación y de seguridad.
Sesenta por ciento de estos costos son asumidos por el gobierno, mientras las empresas privadas asociadas a los proyectos se hacen cargo del resto, según el estatal Departamento Nacional de Planeación.
En los primeros nueve días del año, la red Caño Limón Coveñas sufrió ya dos ataques que obligaron a la suspensión del transporte de petróleo por este oleoducto.
El primer ataque se produjo el día 3 de enero en el kilómetro 63 de la red y al día siguiente se registró otro en el kilómetro 34.
El oleoducto Caño Limón Coveñas transporta a diario 170.000 barriles de petróleo.
El ELN declaró en 1985 la infrestructura petrolera "objetivo militar" por considerar que los contratos de asociación de Ecopetrol con multinacionales extranjeras para la exploración y explotación de crudo violan la soberanía nacional.
La empresa inglesa Brithis Petróleoum, que participa en la explotación de los campos de Cusiana en el este colombiano, anunció a mediados del año pasado que suspendería el inicio de nuevos proyectos en Colombia si el gobierno no da mayores condiciones de seguridad. (FIN/IPS/yf/mj/en/98
