Diputados de Chile afilaban hoy sus argumentos para participar este miércoles en una sesión especial de la Cámara, destinada a debatir sobre la llegada del ex dictador Augusto Pinochet al Senado.
La discusión parlamentaria habrá sido precedida por días fértiles en ideas, durante los cuales las fuerzas políticas que se opusieron a la dictadura blandieron una serie de alternativas para bloquear la llegada del octogenario militar al Congreso.
Pero no será fácil, pues Pinochet, quien gobernó Chile entre 1973 y 1990, se prepara para ocupar el puesto de senador vitalicio escudado en una Constitución aprobada en 1980, en plena dictadura militar, donde se le garantiza ese derecho.
Pinochet, que al terminar su mandato conservó la comandancia en jefe del ejército, cargo que abandonará en las próximas semanas para pasar a retiro y avanzar hacia el Congreso, encabezó un cruento golpe de estado el 11 de septiembre de 1973.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que investigó las violaciones a los derechos humanos, durante la dictadura unas 2.095 personas fueron ejecutadas por motivos políticos, mientras 1.102 quedaron registradas como detenidos desaparecidos.
La mayor parte de las propuestas para evitar la senaturía vitalicia buscan mecanismos para desactivar la Constitución.
Pero las posibilidades de lograr una reforma están claramente bloqueadas en el Senado, donde hay una mayoría compuesta por la derecha y los nueve senadores "designados" a dedo, otro legado de la dictadura.
El propósito de la sesión especial de la Cámara es avanzar hacia un pronunciamiento o enjuiciamiento político contra Pinochet, pero esta medida sería sólo simbólica si no se traduce en medidas concretas de otra naturaleza.
Los democratacristianos, socialdemócratas y socialistas, que forman la coalición gobernante, la Concertación de Partidos por la Democracia, plantearon la posibilidad de hacer un plebiscito, para que sea la ciudadanía la que decida sobre la existencia de senadores designados y vitalicios.
Entretanto, durante los primeros días de 1998 se debatió intensamente la posibilidad de realizar una acusación constitucional contra Pinochet "por haber comprometido gravemente el honor y la seguridad de la nación".
La propuesta fue lanzada por un cinco diputados democratacristianos, pero tropezó con reacciones disímiles dentro de la propia Concertación, pues mientras algunos la apoyaron con entusiasmo, otros la ignoraron y hubo muchos que la consideraron inconveniente.
El Gobierno de democristiano Eduardo Frei fue el primero en salir al paso de la iniciativa, argumentando que iba a crear un ambiente adverso cuando estaría culminando el proceso de transición, tras el abandono de Pinochet de la comandancia en jefe del ejército.
Posteriormente, el Consejo de la Democracia Cristiana, tras una reunión de ocho horas, anunció que iba a "reevaluar" a futuro la posibilidad de una acusación constitucional.
De esta forma, quedó en suspenso la posibilidad de utilizar este mecanismo.
Entretanto, el Partido Comunista presento una querella criminal contra Pinochet ante la Corte de Apelaciones, por homicidios múltiples, secuestro, asociación ilícita e inhumación ilegal.
La secretaria general del PC, Gladys Marín, dijo que Pinochet fue "responsable de una política de genocidio", al presentar el primer libelo de esta naturaleza que se ingresa en los Tribunales en contra de Pinochet.
Por su parte, el ministro secretario General de la Presidencia, Juan Villarzú, destacó el interés por conocer un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre si a Pinochet le corresponde asumir como vitalicio, dado que no fue electo en democracia.
Además, un grupo multipartidario enabezado por el senador democristiano Jorge Lavandero creó el "Movimiento por la Dignidad Nacional" para oponerse a la senaturía del ex dictador, mientras las juventudes de los partidos de la Concertación realizan constantes protestas contra el futuro parlamentario.
Por su parte, los partidos de derecha que reivindican la dictadura militar desde la oposición, anunciaron que sus diputados asistirán en masa a la sesión que fue convocada para este miércoles, donde intentarán descalificar las propuestas para evitar la llegada de Pinochet.
Ya anticiparon que se opondrán férreamente a todo tipo de modificaciones a la Constitución, incluso a aquellas que serían necesarias para hacer un plebiscito. (FIN/IPS/ip/dg/ip-cr/98
