Brasil se apresta a adoptar medidas de flexibilización del mercado laboral, repitiendo programas ya aplicados en Argentina y en España con cuestionados resultados.
La contratación temporaria de trabajadores debe ser votada la semana próxima en el Senado, cuya Comisión de Constitución y Justicia acogió el miércoles el proyecto por una holgada mayoría de 13 votos a cuatro.
Hay una especie de liturgia impuesta por la globalización económica de los países en desarrollo, comentó el ex diputado Marcio Moreira Alves, en su comentario de este viernes en el diario O Globo.
"Primero la apertura de las fronteras" al comercio y al capital extranjero, después "el aumento de la productividad industrial, luego la privatización de empresas estatales y, finalmente, la reducción del costo social de los empleos", afirmó.
Con la llamada flexibilización laboral, Brasil inicia la "última etapa", mientras prosigue la privatización de sectores antes monopolizados por el Estado, como el de las telecomunicaciones y el de la energía eléctrica.
El permanente retraso en esos procesos aparentemente inexorables en el país consolidó el dicho popular que de "Brasil es la Argentina mañana", adaptando un conocido aviso publicitario sobre una bebida que no provoca resaca al día siguiente.
Ahora se busca repetir en Brasil lo que los sindicatos argentinos llaman "contratos basura", que permiten a la empresa contar con la mano de obra por hasta dos años, sin el costo de muchas cargas sociales.
La medida llega a Brasil cuando en España ya se hizo una evaluación negativa de la contratación temporaria, que no redujo el desempleo y provocó "una rotación absurda", observó Marcio Pochmann, coordinador del Centro de Estudios Sindicales y del Trabajo de la Universidad de Campinas.
Pese a que los empleos temporales llegaron a un tercio del total en 1994, España sigue con uno de los más altos índices de desempleo del mundo.
Un acuerdo entre las centrales sindicales y patronales, en abril pasado, dio "marcha atrás" en ese tipo de flexibilización y trata de rescatar alguna estabilidad en el trabajo, destacó Pochmann.
En Argentina, varias medidas trataron de abaratar la contratación de trabajadores ante el desempleo creciente, que alcanzó 18,4 por ciento en 1996. Ese índice bajó algunos puntos, pero a costa de una gran precarización del empleo.
Una gran batalla en torno a cambios en la legislacin laboral tiene lugar en Brasil hace varios años. La Central Unica de Trabajadores (CUT), la mayor organizacin sindical del país, defiende una reducción de la jornada de trabajo, sin bajar salarios, como forma de crear millones de nuevos empleos.
Otra central, la Fuerza Sindical, aceptó recientemente un acuerdo con la industria de autopartes en Sao Paulo, con reducción de la jornada laboral y de los sueldos, pero éstos en menor proporción.
La batalla ocurre incluso en las estadísticas. Mientras el último índice de desempleo abierto, medido por el gubernamental Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, lo limita a 5,35 por ciento, el del Departamento Intersindical de Estudios lo ubica en 16,6 por ciento.
La metodología y el área de estudio son distintos. El primero se refiere a todas las áreas metropolitanas de Brasil y a los que buscaban trabajo en la última semana, mientras el de los sindicatos se limita al Gran Sao Paulo y extiende los datos a un mes de búsqueda y a los jóvenes de más de diez años.
Un argumento utilizado por los empresarios y el gobierno es que el costo de un empleo en Brasil es muy elevado, pese a los bajos salarios, porque las cargas sociales los aumentan en 102 por ciento.
Los sindicatos rechazan ese cálculo, por incluir los días de descanso semanal y feriados, las vacaciones y el decimotercer salario, que no aceptan como cargas sociales, sino como parte de la remuneracin del trabajo.
José Pastore, profesor de la Universidad de Sao Paulo y asesor de la Confederacin Nacional de la Industria, encabeza los ataques académicos contra la legislación laboral brasileña, que considera superada, con más de 50 años, y demasiado rígida.
Es un sistema legal que fomenta la discordia y el conflicto, y congestiona la justicia laboral, con 2,5 millones de procesos en 1996, contra sólo mil al año en Japón y 75.000 en Estados Unidos, comparó Pastore.
La legislación laboral brasileña tiene su origen en las presidencias de Getulio Vargas, que gobernó el país entre 1930-45 y 1951-54. El espíritu de protección al trabajador sobrevivió a la última dictadura militar (1961-85).
El presidente Fernando Henrique Cardoso, al tomar posesión en 1995, anunció que pondría fin a la "era Vargas", en alusión al nacionalismo, los monopolios estatales y una forma paternalista de hacer política, pero también a la herencia de leyes sociales. (FIN/IPS/mo/ag/if/98