Muchos países se enredan en sus propias leyes, pero en Brasil es una práctica permanente que se evidenció con más fuerza al inicio de este año.
El nuevo Código de Tránsito se estrenó caóticamente el jueves sólo en algunos estados y ciudades, porque el gobierno había anunciado su vigencia a partir del viernes. Muchas autoridades fueron las primeras en incumplir las nuevas reglas.
Varios expertos prognosticaron la imposibilidad de aplicar una ley de 340 artículos, 76 de las cuales están aún pendientes de reglamentación, tan detallada y sujeta al ridículo que incluye un glosario donde define qué es un autobús, un puente o la noche.
Otra ley, vigente desde el día 1, tuvo un efecto contrario al pretendido, al establecer que todos son presuntos donantes de órganos para transplantes, salvo que hagan constar su oposición en el documento de identidad. En muchas ciudades cayó el número de donaciones en rechazo a su carácter compulsivo.
Mientras, Sepúlveda Pertence, ex presidente del Supremo Tribunal Federal, sentenció "la quiebra del sistema jurídico", al divulgar que los 11 jueces de la máxima corte brasileña tuvieron que juzgar 37.555 procesos en 1997, es decir más de cien cada dia.
Pertence, quien llegó a ser apuntado como un hombre que podría unir a la izquierda como candidato presidencial en octubre, defiende una nueva ley para reducir esa congestión, impidiendo que vuelvan al Supremo Tribunal temas que ya tienen un fallo de esa corte.
Brasil es también campeón de procesos en la justicia laboral con 2,5 millones al año, mientras se limitan a cerca de 1.000 en Japón y a 75.000 en Estados Unidos, según José Pastores, de la Universidad de Sao Paulo.
La legislación laboral brasileña estimula el conflicto, no la negociación, diagnosticó Pastore, defensor de una flexibilización de los contratos de trabajo incluso como forma de reducir el desempleo.
En este sentido, el Congreso aprobó hace dos semanas una ley que permite el contrato temporal de trabajo, considerada por el presidente Fernando Henrique Cardoso como "la quiebra de un tabú" en un país de legislación laboral rígida y definida hace más de 50 años.
Pese a la maraña jurídica que traba el desarrollo, Brasil revela una elevada productividad legislativa. El año pasado, el Congreso aprobó 654 nuevas normas, 167 por ciento más que en Estados Unidos, señaló el politólogo Walder de Goes, de la Universidad de Brasilia.
Pero no fue suficiente. El Congreso se encuentra reunido extraordinariamente en este mes de receso, por la urgencia de votar una treintena de proyectos pendientes.
Pero el origen de la fogosidad legislativa no es el parlamento. El Poder Ejecutivo constituye la fuente principal de ese torrente de leyes y proyectos.
La Constitución de 1988, que ya sufrió 23 enmiendas y tiene otras en trámite final, pretendió poner fin a los tradicionales decretos-leyes de que abusaba el Ejecutivo, especialmente durante la dictadura militar (1964-85).
Para eso creó la "Medida Provisional", en realidad un decreto- ley de vigencia limitada a un mes, durante el cual el Congreso deberá aprobarla, convirtiéndola en ley definitiva, o rechazarla. También deberá restringirse a temas urgentes y relevantes.
Pero el remedio fue peor que la enfermedad. Desde 1988 los presidentes ya editaron 443 Medidas Provisionales y el Congreso convertió 328 en nuevas leyes.
Ante la imposibilidad parlamentaria de acompañar el ímpeto del Ejecutivo, las medidas van siendo renovadas indefinidamente cada mes.
Cardoso ya firmó 1.610 reediciones, además de decretar 102 nuevas Medidas Provisionales, según datos de la Presidencia de la República. Hay 57 pendientes de votación en la Cámara de Diputados y en el Senado, que tendrán que ser reeditadas en las próximas semanas.
La misma Constitución, apodada "ciudadana" por consolidar la transición democrática y muchos derechos sociales en Brasil, ya se considera envejecida en sólo diez años. El ex presidente José Sarney la acusaba de hacer ingovernable el país desde su aprobación en 1988.
En 1993, pasó por una revisión, sufriendo profundos cambios en sus disposiciones sobre orden econmico bajo el gobierno de Cardoso, iniciado en 1995. Las enmiendas eliminaron protecciones al capital nacional y los monopolios estatales en telecomunicaciones, petróleo y transportes.
En Brasil, la política oficial anunciada es de desregulación, pero su ejecución exige la adopción de numerosas nuevas leyes y reglas. (FIN/IPS/mo/ag/ip/98
