El marino destituido argentino Alfredo Astiz recuperó hoy su libertad tras un arresto breve que se interrumpió por la decisión del presidente Carlos Menem de expulsarlo de su fuerza a causa de sus dichos reivindicando la represión ilegal durante la dictadura (1976-83).
Las declaraciones de Astiz causaron conmoción en la sociedad y desataron una ola de repudios y querellas en su contra.
Esta misma semana deberá presentarse ante la justicia, previo examen psiquiátrico.
Antes de partir del edificio naval en el que estaba arrestado, Astiz se notificó de las consecuencias del castigo: no podrá usar más el uniforme de la Armada, ni recibir la pensión, ni ningún otro de los beneficios de los que gozan los marinos, como los servicios de salud.
Un familiar lo retiró en un auto particular. Deberá permanecer en la capital de Argentina por decisión del juez Claudio Bonadío, que tiene a su cargo la causa por unas 14 denuncias contra el ex marino por apología del crimen, ataque al orden constitucional y amenazas, entre otros delitos.
El ex capitán de fragata, acusado del secuestro y asesinato de dos monjas francesas, tres madres de desaparecidos y una estudiante sueca en 1977, fue amnistiado en 1987 y desde entonces había guardado silencio.
Pero el martes 13, a más de 20 años de la represión, el semanario "trespuntos" lo contactó y amparado en las leyes de amnistía que lo protegen declaró que la Armada lo formó para matar, poner bombas e infiltrarse.
Dijo que era la persona mejor preparada técnicamente del país para matar a un político o a un periodista y que los desaparecidos del régimen fueron entre 6.500 y 10.000 y "los barrieron a todos porque no quedaba otra".
Pese a las leyes de obediencia debida y punto final, Astiz podría ser condenado por delitos que no están incluídos en el beneficio de la amnistía, como el ataque a la democracia o el robo de niños. Tampoco está liberado de declarar en las causas en que se investiga la suerte final de las víctimas.
Paralelamente, la justicia suiza reveló que hay al menos ocho cuentas de ex represores argentinos en bancos de ese país. Los delitos económicos tampoco fueron amnistiados y si se prueba que se trata de dinero robado a las víctimas de la represión, podría iniciarse una nueva ola de procesos.
Hay dos titulares que ya fueron identificados y pertenecen a la Armada, el capitán Jorge "Tigre" Acosta y el contraalmirante Adolfo Arduino, muerto hace tres meses. Al momento de ser detectadas, las cuentas sumaban 73.000 dólares, pero no se descarta que hayan guardado más.
La medida había sido requerida por el juez español Baltasar Garzón, quien lleva la causa por la desaparición de ciudadanos españoles en Argentina.
Garzón, al igual que otros dos magistrados argentinos, creía que en Suiza podraín estar los microfilmes con las listas de víctimas de la dictadura, pero se encontraron con dinero presuntamente robado a familias de desaparecidos.
Según denuncias de familiares y sobrevivientes, en los secuestros los militares se llevaban muebles, vajilla, ropa y dinero. Robaban escrituras, se hacían traspasar propiedades y hasta caballos de carrera.
En el caso de Acosta, un ex dirigente guerrillero reveló que lo obligó bajo tortura a viajar a Suiza y depositar en su cuenta 1,2 millones de dólares que eran parte de un secuestro extorsivo a un empresario cometido por el grupo armado peronista Montoneros.
Astiz, junto con Acosta y el ex comandante de la marina, el indultado Emilio Massera, deberán declarar también en febrero ante la Cámara Federal que investiga el paradero final de un periodista víctima de la dictadura.
Garzón los citará a declarar en los próximos días en España y podría dictar su procesamiento. Acorralados por la justicia, los militares no pueden tampoco salir del país sin ser detenidos por Interpol. (FIN/IPS/mv/dg/ip-hd/98)
