Grupos ambientalistas se preparan en esta capital para una gran ofensiva contra la exportación estadounidense de embarques tóxicos a países de Asia meridional para reducirlos a chatarra.
Miembros de la Red de Acción India de Basilea (BANI) y Greenpeace International proyectan plantear el problema en la Cuarta Conferencia de Partes de la Convención de Basilea, que se celebrará el mes próximo en Malasia.
Los activistas de ambas organizaciones recibieron un apoyo masivo de importantes sindicatos cuando realizaron una manifestación el miércoles frente a la embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi, exigiendo que se deje de utilizar las playas de India para desguace.
"La gente y el ambiente de India son tan dignos de protección como los de países industrializados", decía un memorando conjunto entregado a funcionarios de la embajada.
La Marina estadounidense fue exonerada de la prohibición de exportación de materiales peligrosos, que incluyen barcos obsoletos cargados con amianto, bifenilos policlorados, plomo y sedimentos tóxicos.
"Exigimos que el gobierno de Estados Unidos respete la Convención de Basilea, que prohíbe la exportación de residuos peligrosos a India y a otros países firmantes que no integran la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico" (OCDE), dijo P.K. Ganguly, secretario del Centro de Sindicatos Indios.
India es uno de los pocos países que todavía no ratificaron una enmienda de la Convención que prohíbe la exportación de desechos tóxicos de estados miembros de la OCDE a estados no miembros, para cualquier fin.
En consecuencia, India, con su extensa costa, sus leyes laxas y sus empresarios complacientes, se ha transformado en un depósito de residuos donde países industrializados descargan materiales tóxicos bajo la forma de desechos no peligrosos como trapos, papel mojado y cinc.
Los países industrializados vierten sus residuos en naciones en desarrollo sólo porque hacerlo en sus propios territorios es sumamente costoso y presenta graves riesgos para su ambiente, según estudios realizados por BANI.
Saifuddin Soz, ministro de Ambiente, manifestó su esperanza en que India ratifique la prohibición de Basilea, pero aclaró que esto sólo podrá hacerse cuando esté instalado el nuevo gobierno, luego de las elecciones del mes próximo.
"No tengo dudas sobre el asunto. Estamos plenamente de acuerdo con la prohibición", declaró Soz.
Los activistas proyectan ahora presionar a varios partidos políticos para que aclaren su posición sobre si India continuará "capitulando voluntariamente ante el imperialismo tóxico de Occidente", anunció Nityanand Srinivasan, de Greenpeace.
Mientras, el negocio multimillonario de la chatarra continúa en plena marcha en el puerto de Alang, en el estado occidental de Gujarat.
Al menos un trabajador muere cada día en Alang debido a accidentes o intoxicación, principalmente porque trabajan sin elementos de protección básicos como guantes y cascos, según Srinivasan.
"El mes pasado, 20 trabajadores desaparecieron tras un accidente y nadie siquiera tiene una lista de los que trabajan con contrato de aprendizaje y vienen de estados distantes como Bihar y Andhra Pradesh", afirmó.
En el memorando entregado a la embajada, los activistas expresaron que "el derecho de los trabajadores a un ambiente laboral limpio y seguro es inseparable del derecho de los ciudadanos y los seres humanos en general a un ambiente sano, y no conoce fronteras".
La Corte Suprema prohibió el pasado mayo la importación de desechos peligrosos a India, pero se sabe que Estados Unidos y Alemania continúan exportando esos materiales, especialmente bajo la forma de residuos de plomo y cenizas de cinc, mediante empresarios indios inescrupulosos. (FIN/IPS/tra-en/rdr/an/ml/en/98
