El Frente Unido Andrés Castro (FUAC), el más importante grupo irregular de tendencia sandinista que permanecía en armas en la zona atlántica de Nicaragua, firmó la paz con el gobierno conservador de Arnoldo Alemán y empezó hoy a entregar sus armas.
La agrupación, integrada en su gran mayoría por ex miembros de las fuerzas armadas, está compuesta por unos 400 irregulares y es conducida por Edmundo Olivas, ex capitán del ejército nicaragüense y ex combatiente en la guerrilla salvadoreña.
Con la firma de estos acuerdos de paz, que permitirán el desarme paulatino del FUAC hasta el día 19, el gobierno dará por concluido el capítulo de los "rearmados", fenómeno que cobró auge a inicios de los noventa, durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro.
"Con estos acuerdos se ha ejecutado el desarme y la desmovilización total de los grupos irregulares, que, producto de estrategias erróneas y como herencia de la guerra fraticida del pasado, aún persistían en los campos y poblados del país", señaló el ministro de Defensa, Jaime Cuadra.
"Estamos preparados y multiplicaremos esfuerzos para no admitir más el renacimiento de situaciones bélicas en nuestro país, impulsando proyectos sociales dirigidos a las poblaciones y territorios más castigados", agregó Cuadra, el primer civil al frente de la cartera de Defensa.
Sin embargo, no será fácil esa lucha por cambiar la fisonomía social en Nicaragua, ya que según el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, este país está por debajo de sus vecinos en cuanto a índices de desarrollo humano.
Nicaragua ocupa la posición 127 a nivel mundial en esa escala, muy por debajo de Costa Rica (33), Panamá (45), El Salvador (112), Honduras (116) y Guatemala (117).
Para Edmundo Olivas, no han cambiado las causas de las luchas populares, aunque sí los métodos.
"La razón por la que el Che Guevara se alzó hace 30 años es la misma, no ha cambiado", dijo Olivas, alias Camilo Turcio, antes de firmar los acuerdos de paz.
"Los alzamientos son producto del abandono de los gobiernos a los sectores más desposeídos del país", agregó.
En la Región Autónoma del Atlántico Norte, donde operaba el FUAC, se registra uno de los índices más altos de analfabetismo a nivel nacional (45,3 por ciento), entre las edades de seis y 15 años.
En términos de condiciones de vida, de un total de 31.000 viviendas, casi 50 por ciento de sus habitantes se sirven del agua que consiguen en ríos, manantiales y quebradas. Apenas el 10 por ciento recibe el servicio de agua potable.
El último Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado en 1995, indica por otra parte que de una tercer parte de las personas en edad de trabajar carecen de empleo.
El índice de desempleo en el Atlántico Norte puede alcanzar el 60 por ciento de la población.
Para cambiar esta situación, el presidente Arnoldo Alemán abogó primero por alcanzar la paz, para emprender luego el camino de la reactivación económica y el desarrollo.
"La firma de este acuerdo de paz es uno de los logros más importantes de mi gobierno, ya que los más de cuatro millones de nicaragüenses ansían la paz", afirmó.
El desarme del FUAC, de acuerdo a los acuerdos firmados, empezó este jueves en la comunidad de El Bote y concluirá en Labú, el día 19, una vez que el Estado Mayor guerrillero entregue las armas.
A cambio, el gobierno se comprometió a aprovisionar en alimentos a los ex combatientes y sus familiares por un período de hasta seis meses, fecha en que se espera ya tengan sus tierras adjudicadas y las estén cultivando.
También solicitaron que su movimiento se beneficie de una personería jurídica y se transforme en organización no gubernamental que pueda recibir financiamiento externo y promover proyectos sociales.
Los ex guerrilleros demandaron además ser favorecidos con una amnistía parcial, que sería debatida por la Asamblea Nacional.
Los irregulares presentaron asimismo al gobierno una "agenda social" compuesta por proyectos en favor de las comunidades campesinas que los apoyaron.
"Ellas han sido nuestra retaguardia, nos han mantenido vivos todo este tiempo", comentó Olivas, quien a inicios de los años ochenta luchó junto a las Fuerzas Populares de Liberación de El Salvador.
Entre otras demandas, el FUAC exige que el gobierno construya cinco centros de salud, un hospital regional en la zona minera del Atlántico Norte, 19 sistemas de abastecimiento de agua potable para igual número de comunidades y diez escuelas.
Además, pide el mejoramiento de la red vial y asistencia financiera y técnica a productores, cooperativistas y mineros artesanales, así como la designación de un procurador de derechos humanos en esa apartada zona del país, a un juez de distrito, a un procurador de justicia, y vele por los recursos naturales.
"Los acuerdos no son el fin de nuestra lucha, son apenas el comienzo", dijo Edmundo Olivas. (FIN/IPS/rf/dg/ip/97
