Traficantes internacionales inundan con armas a Burundi, pese a un embargo contra el devastado país centroafricano, según el último informe de Human Rights Watch (HRW).
Aunque los países vecinos de Burundi impusieron un amplio embargo comercial contra el gobierno militar de esa nación el año pasado, ciertos estados africanos permiten que sus territorios se utilicen para transportar armas para el conflicto civil, afirmó este lunes la organización de derechos humanos con sede en Nueva York.
El informe, publicado el lunes y titulado "Echando leña al fuego", exhorta a la comunidad internacional a imponer inmediatamente un embargo de armas tanto contra el gobierno tutsi como contra la insurgencia hutu, y a desplegar observadores en la región para impedir el ingreso de armas.
HRW también urgió a los gobiernos cuyos funcionarios o ciudadanos particulares participen del tráfico de armas hacia Burundi a investigar y juzgar a los responsables, si se comprueba que violaron leyes nacionales o internacionales.
La organización cita a Corea del Norte, China, Estados Unidos, Francia, Rusia, Ruanda, Tanzania, Uganda y ex Zaire (ahora República Democrática de Congo) bajo el gobierno del difunto presidente Mobutu Sese Seko como los proveedores más importantes de ayuda militar, aunque Washington y París suspendieron oficialmente su asistencia en 1997.
Angola, Kenia, Ruanda, Tanzania, Uganda y Zaire permiten que sus territorios sean utilizados para el transporte de armas hacia Burundi, acusó HRW.
Así mismo, el grupo censuró al Consejo de Seguridad de la Organizacióni de las Naciones Unidas (ONU) por desatender las recomendaciones presentadas en 1996 por su propia Comisión Internacional de Investigación y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Burundi, Paulo Pinheiro.
La Comisión y Pinheiro urgieron al Consejo a imponer un embargo internacional de armas contra todas las partes de la guerra, a desplegar observadores militares internacionales en ciertos puestos fronterizos de control y a establecer zonas de exclusión aérea para aplicar el embargo.
Hasta ahora, "la comunidad internacional, aunque nota casi burocráticamente los graves abusos ocurridos, ha adoptado escasas medidas para impedirlos", señaló Joost Hiltermann, director del Proyecto Armas de HRW y coautor del informe.
La última ronda de enfrentamientos en Burundi comenzó en 1993, cuando oficiales del ejército dominado por los tutsis asesinaron a Melchior Ndadaye, el primer presidente hutu del país, y a varios miembros de su gabinete.
El golpe desencadenó la violencia en todo el país. Miembros de la mayoría hutu atacaron a tutsis y luego sufrieron la venganza de los militares. Decenas de miles de personas murieron y cientos de miles más huyeron a países vecinos.
En enero de 1994 se formó un gobierno de transición integrado por una coalición de partidos hutus y tutsis, encabezado por Cyprien Ntariyamira, de la etnia hutu, quien murió cuando el avión en que viajaba junto al presidente de Ruanda fue atacado con salvas de mortero.
El atentado desató el genocidio de hasta un millón de tutsis y hutus moderados de Ruanda entre abril y junio de 1994, pero la coalición logró mantener el control pese a la violencia étnica hasta julio de 1996, cuando un golpe militar reinstauró en el poder al ex presidente Pierre Buyoya, un tutsi.
Fue en este contexto que los países vecinos, liderados por el ex presidente de Tanzania Julius Nyerere impusieron un embargo comercial contra el régimen, en la esperanza de que forzaría a Buyoya a negociar una solución política con los insurgentes hutus.
Pero poco se logró desde entonces, mientras la violencia étnica continúa haciendo estragos, "matando a decenas de miles de civiles desarmados, a menudo únicamente a causa de su etnicidad, y forzado a cientos de miles a dejar sus hogares".
El informe de 105 páginas recalca que el Consejo de Seguridad de la ONU y la Organización de la Unidad Africana (OUA) hicieron llamados urgentes a poner fin al conflicto.
No obstante, "ciertos miembros de la comunidad internacional continúan abasteciendo de armas u otras formas de asistencia militar a las partes en la guerra, o fallaron para interrumpir el flujo de armas".
Bélgica es un ejemplo citado por HRW. A pesar de su embargo de hecho contra Burundi, el gobierno no implementó una prohibición similar a las ventas privadas.
La ciudad portuaria de Ostend ha sido reducto del tráfico internacional de armas, en su mayoría desde Europa oriental, a las fuerzas de Burundi, en especial desde 1996, cuando muchos traficantes trasladaron su base de operaciones desde el ex Zaire.
Además de las empresas con sede en Bélgica directamente involucradas en el comercio, comerciantes de Turkmenistán, Azerbaiján, Ucrania y Bulgaria utlizaron a pilotos basados en Bélgica para trasladar armas a Burundi desde Zaire, Sudáfrica o Angola, según el informe.
Francia, principal fuente de armamento y capacitación del ejército de Burundi, suspendió el año pasado su programa de ayuda militar para el gobierno y la fuerza paramilitar hutu, la Unidad para la Seguridad de las Instituciones.
Esta función, según el informe, ayudó a mercenarios y redes privadas de armas de Francia a crear un nicho de altas ganancias en la guerra civil.
Mientras el gobierno de Sudáfrica parece respetar el embargo de armas, mercenarios y empresas privadas, muchas controladas por figuras de la era del apartheid, abastecen a ambas partes de la guerra, denuncia el informe.
Aviones de carga rusos con pilotos que hablan ruso también han estado entregando armas a Bujumbura, capital de Burundi, al menos desde mediados de 1996. "Desconocemos si estas operaciones han recibido la aprobación del gobierno de Rusia", dijo Hiltermann.
China también parece haber jugado un papel destacado en el tráfico de armas mediante empresas estatales, según el informe, que basa sus conclusiones en entrevistas con autoridades portuarias y otras en el este de Africa.
Los traficantes han utilizado falsos documentos y encubierto sus operaciones como carga humanitaria para penetrar el embargo regional, afirma HRW, y agrega que la "participación activa" en el contrabando por miembros de los ejércitos de Tanzania y Uganda ha colaborado con el flujo de armas a Burundi. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/ml-lp/ip/97
