Los países no alineados (Noal) volvieron a bloquear esta semana una tentativa del Norte industrial por imponer una cláusula social que condicione el comercio internacional.
La actitud de los no alineados pospuso la discusión de un proyecto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que pretendía vincular el comercio con las normas sociales a través de una declaración universal que comprometa a los firmantes.
El debate se desarrolló esta semana, durante las sesiones del Consejo de Administración de la OIT, que resolvió aplazar hasta marzo la decisión de proponer la declaración a la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 1998.
La mayoría de los países no alineados se mostraron dispuestos al diálogo con los industrializados, pero puntualizaron que "primero debemos ponernos de acuerdo en el contenido" de la declaración, dijo Gustavo Castro Guerrero, embajador de Colombia, país que preside el bloque.
La secretaría de la OIT, en consulta con las partes integrantes de la organización, redactará un proyecto de declaración que someterá a la sesión de marzo.
Los Noal advirtieron que una declaración no puede crear nuevas obligaciones ni ser la base para redefinir los sistemas de control y de seguimiento de los convenios por parte de la OIT, explicó Castro.
"Tampoco puede servir de pretexto para establecer vínculos entre los derechos fundamentales y el comercio internacional", agregó.
El Movimiento No Alineados, que está integrado por 113 estados miembros y cinco observadores, incluye a China. Castro indicó que una inmensa mayoría de miembros adhirió a la posición del bloque.
La idea de condicionar el intercambio al cumplimiento de los derechos fundamentales, conocida como "cláusula social", apareció primero en la Organización Mundial del Comercio (OMC), impulsada por los países desarrollados.
Pero la Conferencia Ministerial de la OMC, realizada en Singapur en diciembre de 1996, acordó que el tema excedía de su esfera de influencia y que correspondía en cambio al ámbito de la OIT, como sostenían los países en desarrollo.
Cuando el director general de la OIT, Michel Hansenne, planteó la cuestión durante la Conferencia de junio, los Noal opusieron un firme cuestionamiento.
Hansenne abandonó literalmente la idea de la "cláusula social", pero en cambio propuso la revitalización del sistema de normas internacionales del trabajo mediante la observancia universal de los convenios que protegen los derechos humanos en el trabajo.
Los siete convenios relevantes para la OIT son los que regulan la libertad sindical y la negociación colectiva (números 87 y 98), la prohibición del trabajo forzoso (29 y 105), la no discriminación (100 y 11) y la edad mínima (138).
La propuesta del director de la OIT incluía un proyecto de declaración por el cual los países se comprometerían a reforzar los mecanismos de control a fin de promover los principios de la organización y de supervisar su aplicación universal.
El plan de Hansenne fue rechazado en junio por los no alineados porque "implícitamente endosa la cláusula social".
Los países en desarrollo han sostenido que el argumento de la cláusula social esconde la intención del mundo industrializado de privarles de ventajas comparativas en el intercambio.
En la sesión del Consejo de la OIT concluida este jueves, el bloque Noal objetó otra vez la revalorización de algunos convenios a través de una declaración, como propuso Hansenne.
Los convenios deben ser ratificados por cada país en forma soberana. De lo contrario, no pueden crear obligaciones. Por más solemne que sea, una declaración no genera compromisos, dijo Castro.
La única forma de establecer obligaciones es la ratificación de los convenios por los parlamentos, insistió.
El diplomático indicó que las diferencias subsisten en el Consejo de Administración, el organismo ejecutivo de la OIT encargado de la aplicación de las políticas y los programas.
La gran mayoría de los países industrializados, precisó, pretenden una declaración que implícitamente genere obligaciones. En cambio, los países en desarrollo quieren una discusión más amplia de la cuestión.
El Consejo de Administración volverá a analizar el tema en su reunión de marzo, cuando elegirá asimismo al sucesor de Hansenne, quien cumplirá 10 años al frente de la organización el 3 de marzo de 1999. Hansenne anunció que no aspira a un tercer mandato.
El Consejo está integrado por 28 miembros gubernamentales, de los cuales 10 son permanentes y provienen de los principales países industrializados. El sector de los empleadores tiene 14 miembros y los sindicatos una representación similar. (FIN/IPS/pc/ff/lb hd if/97
