La Robert F. Kennedy Memorial Foundation, de Estados Unidos, distinguió con su premio anual de derechos humanos a dos abogados de Turquía y llamó la atención sobre los abusos en ese país, fuerte aliado de Washington.
En una ceremonia en el Senado estadounidense, la organización entregó este jueves el premio a Sezgin Tanrikulu, destacado abogado por los derechos humanos en la zona kurda del sudeste de Turquía, y a Senal Sarhian, defensora de los derechos de las mujeres y los trabajadores.
"Turquía necesita abogados como Tanrikulu y Sarihan, quienes dedicaron sus carreras a reforzar el imperio de la ley, construir la sociedad civil y mejorar el respeto por los derechos humanos", dijo Kerry Kennedy Cuomo, fundadora del Centro por los Derechos Humanos Robert F. Kennedy.
Kerry es hija de Robert Kennedy, asesinado en 1968 mientras estaba en campaña para la nominación presidencial del Partido Demócrata.
Al aceptar el premio, los galardonados declararon que supuestos vínculos entre las fuerzas de seguridad, bandas criminales y fuerzas radicales de derecha estaban minando la estabilidad de Turquía.
"Estas fuerzas corruptas también comenzaron a utilizar la religión para fortalecer sus políticas antidemocráticas", aseguró Sarihan.
La RFK Memorial Foundation decidió la entrega del premio para llamar la atención sobre la situación de derechos humanos en Turquía, considerada en una coyuntura crítica por muchos analistas.
Los derechos humanos están amenazados por diversas fuentes en el país, señalaron representantes de la organización.
La guerra del gobierno turco contra guerrilleros kurdos en el sudeste del país continúa sin tregua y se extendió en los últimos años al norte de Iraq. Se estima que más de 26.000 personas murieron en el conflicto desde 1984, de las cuales hasta 3.000 fueron víctimas de asesinato político.
Los derechos humanos también se violan fuera de las zonas kurdas. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe de 1996 sobre el tema, declaró que la "tortura sigue siendo generalizada" en Turquía.
"Las muertes extrajudiciales, durante la detención, por el uso excesivo de la fuerza en allanamientos, y las 'muertes misteriosas', siguen ocurriendo con perturbadora frecuencia. Las desapariciones también se mantienen", añadió el informe.
Además, los militares, que organizaron dos golpes de Estado y supervisaron dos estados de emergencia en los últimos 30 años, siguen teniendo peso.
El verano boreal pasado, las fuerzas armadas orquestaron la expulsión del gobierno de coalición dirigido por el islámico Partido del Bienestar, al cual acusaban de tener posturas políticas que violaban la constitución laica de Turquía.
El mes pasado, siete integrantes de la Asociación Turca de Derechos Humanos, incluyendo su presidente, fueron sentenciados a penas de prisión de hasta dos años por realizar declaraciones consideradas solidarias con los insurgentes kurdos.
También el mes pasado, un informe del Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, reveló que Turquía encarceló a más trabajadores de la prensa que cualquier otro país en los últimos tres años.
"En octubre de 1997, 45 periodistas languidecían en las prisiones turcas, la mayor cantidad en el mundo", señaló este jueves Rose Styron, integrante del jurado del premio.
"Partidos políticos con programas pacíficos para resolver el problema kurdo fueron disueltos y legisladores electos se encuentran en prisión por el hecho de expresar su opinión", manifestó Tanrikulu.
"Los principios fundamentales de la democracia fueron violados en forma sistemática por las políticas del Estado", añadió.
Aunque el primer ministro Mesut Yilmaz tomó algunas medidas positivas -cesó el gobierno de emergencia en tres provincias del sudeste del país y obligó al ejército a liberar al activista social Esber Yagmurdereli, sentenciado a 23 años de prisión-, la mayoría de los observadores creen que se debe hacer mucho más.
Defensores de los derechos humanos en Washington intentaron persuadir a la administración del presidente Bill Clinton para que presione a Ankara por reformas.
Desde el fin de la guerra fría, Estados Unidos considera a Turquía como puente para proyectar su influencia en la rica zona petrolera de Asia Central y un importante bastión contra la expansión del islam radical.
A pesar de la oposición de Clinton, sin embargo, el Congreso limitó la ayuda estadounidense a Turquía a 40 millones de dólares.
La mitad de esta se debe dirigir a organizaciones no gubernamentales que "refuercen las instituciones democráticas y ayuden a las víctimas del conflicto kurdo", dijo el senador Ted Kennedy en la ceremonia de premiación.
El Congreso también impidió la venta a Turquía de helicópteros de ataque, utilizados por el ejército contra poblados sospechosos de ser bastiones de la insurgencia kurda.
Grupos de derechos humanos denunciaron que más de 3.000 poblados fueron evacuados y tres millones de personas fueron desplazadas por el conflicto.
Los dos galardonados con el premio sufrieron la represión en carne propia. Tanrikulu, fundador de la Asociación de Derechos Humanos Diyarbakir, fue procesado varias veces por sus actividades, incluyendo la presentación de quejas ante la Corte Europea de Derechos Humanos.
Tanrikulu, de 35 años, defiende en la actualidad a un grupo de 27 abogados acusados de realizar propaganda separatista en entrevistas concedidas a la prensa extranjera y grupos de derechos humanos sobre la situación en el sudeste de Turquía.
El profesional dedicó el premio a sus colegas, así como a seis abogados kurdos que fueron asesinados. Tanrikulu también representa a las familias de 10 reclusos que se piensa fueron golpeados hasta morir por guardias de seguridad luego de un motín en la prisión de Diyarbakir.
El caso concitó amplia publicidad en Europa porque la evidencia médica sugiere que las víctimas fueron golpeadas con sus brazos y piernas atados.
Sarihan sufrió la cárcel durante tres años en la década de 1970 por escribir a favor de los derechos de los maestros y otros 35 días en 1980, por diversas publicaciones.
La abogada también representó a activistas ante la Corte Europea de Derechos Humanos. Como Tanrikulu, gran parte de su trabajo está dirigido contra la severa Ley Antiterrorista de Turquía.
El año pasado, Sarihan fundó la Asociación Contemporánea de Mujeres y, como su presidenta, organizó la mayor concentración por los derechos de la mujer en la historia de Turquía para protestar contra medidas adoptadas por el gobierno encabezado por el Partido del Bienestar. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/aq-lp/hd/97
