Los cuatro países del Mercosur, más Bolivia y Chile, acordaron unirse en persecución de organizaciones delictivas internacionales que tendrían su santuario en la frontera común entre Argentina, Brasil y Paraguay.
Los ministros del Interior de las seis naciones, que tomaron la decisión en Uruguay, se reunirán nuevamente en marzo en la capital argentina para poner en marcha la ofensiva prevista.
El análisis estará concentrado en Ciudad del Este (Paraguay) y Foz de Iguazú (Brasil), ubicadas en la triple frontera que comparten esos dos países y Argentina. Esa región es "un enclave" delictivo, aseguró el ministro del Interior argentino Carlos Corach.
Fue Corach quien en una reunión realizada el jueves y el viernes en el centro turístico uruguayo de Punta del Este impuso la investigación, que fue aceptada por sus colegas Iris Rezende (Brasil), Guido Nayar (Bolivia), Carlos Figueroa (Chile), Miguel Ramírez (Paraguay) y Didier Opertti (Uruguay).
El gobierno argentino, presionado por no haber descubierto aún a los responsables del fatal atentado del 18 de julio de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), pareció apuntar hacia Ciudad del Este con ese objetivo.
Según Corach, en esa ciudad, un "santuario del delito único en el mundo", tiene un fuerte respaldo la organización fundamentalistas palestina Hezbollah, a la que vinculó al atantado contra la AMIA.
El ministro argentino también aseguró que en Ciudad del Este se procesan operaciones finacieras "irregulares" por 12.000 millones de dólares y que en los alrededores de esa localidas hay un centenar de aeropuertos sin control.
Así mismo, denunció la falsificación de documentos y pasaportes y el tránsito sin identificar de unas 60.000 personas entre Paraguay y Uruguay.
Todos estos elementos ameritan una investigación para acabar con esas actividades, que "ponen en riesgo no sólo a la región sino a toda América Latina", reclamó Corach, tomando como base informes del servicio de inteligencia de su país.
El planteo, formulado el jueves, a puertas cerrradas, encontró la resistencia de Ramirez, quien reclamó pruebas de las denuncias que involucran a su país.
La tensa reunión se zanjó con la formación de una comisión que deberá expedirse en marzo, pero que "nosotros pretendemos que lo haga antes", señaló Corach.
Al dia siguiente, Ramírez reaccionó. Dijo que las afirmaciones de su colega no eran otra cosa que "sospechas" sin fundamento alguno y sugirió examinar "la corrupción" interna de Argentina para desentrañar esas claves.
Según el diario argentino Clarín, tras las terminantes denuncias de Corach, el presidete argentino Carlos Menem convocó a su despacho al ministros y le exigió mesura.
Corach agradeció entonces públicamente la "comprensión y solidaridad" de Paraguay y de Brasil en la investigación que había reclamado y bajó el tono.
La cuestión involucra directamente a Argentina, Brasil y Paraguay y por esa razón, la comisión de análisis tendrá delegados de diversas áreas, e incluso de expertos de los bancos centrales.
En cambio Uruguay, Bolivia y Chile, en una decisión atípica para las acciones del Mercosur, tendrán sólo un delegado en esa comisión.
El presidente uruguayo Julio María Sanguinetti impulsó la investigación basada en que "la identidad de nuestra soberanía" se debe sustentar en "la conjunción y la unión de los esfuerzos para podernos defender mucho mejor juntos".
Al clausurar las deliberaciones de los ministros, el presidente uruguayo Julio María Sanguinetti señaló la necesidad de "defender a nuestra sociedad de esta delincuencia" internacional, aunque con "apego irrestricto al Estado de Derecho".
Sanguinetti advirtió que el crimen transnacional representa una clara amenaza a la democracia. "Que la delincuencia transnacional sepa que si ellos traspasan las fronteras, nosotros no nos quedaremos detrás de esas fronteras", advirtió. (FIN/IPS/rr/ff/ip/97)
