La detención sin juicio en Malasia de 10 musulmanes chiítas por predicar enseñanzas "desviadas" cuestionó el esfuerzo del gobierno por evitar la "desarmonía religiosa" en el país de mayoría islámica.
La medida, tomada a comienzos de este mes, fue denunciada por 19 organizaciones, incluyendo grupos defensores de los derechos humanos y partidos políticos.
Los 10 fueron apresados bajo la Ley de Seguridad Interna (ISA) casi una semana después del 10 aniversario de un operativo masivo lanzado por el gobierno apelando a la misma ley.
Uno de los detenidos, Lutpi Ibrahim, es profesor de la Universidad de Estudios Islámicos. El mayor de ellos, Paharuddin Mustafá, de 63 años, sufre una seria diabetes y está casi ciego. Cuatro de los detenidos provienen del estado costero este de Kelantan, gobernado por el partido opositor islámico PAS.
Las autoridades de Malasia, donde la amplia mayoría de musulmanes son sunitas, afirman que los 10 fueron detenidos acusados de divulgar enseñanzas conflictivas on el Sunnaah wal- Jamaak o Islam sunita.
El gobierno dijo que debió actuar porque los detenidos son militantes, opositores de la monarquía y se "mueven hacia la violencia".
La seguridad nacional se vio amenazada y los chiítas se volvían "agresivos y violentos", por lo cual el gobierno apeló a la ley, informó el viceministro del Interior, Tajol Rosli Ghazali.
Zahid Hamidi, presidente de la juventud de la coalición gobernantes Organización Nacional Unida de Malasia, llamó a los detenidos "revolucionarios peligrosos que podrían socavar la seguridad nacional".
Entre otras, las acusaciones contra los chiítas se refieren a que se oponen a la monarquía y otras instituciones como el monarca y los sultanes. Los monarcas son considerados protectores de la fé islámica, pero algunos musulmanes consideran esos papeles incompatibles con el Islam.
Los críticos afirman que los motivos que rodean la detención de los chiítas son difíciles de comprobar, y activistas de los derechos humanos señalan que la ley ha sido utilizada por motivos políticos.
Analistas destacan previos ataques contra movimientos religiosos que para las autoridades representaban una amenaza al statu quo.
Varios críticos, como miembros del opositor partido Acción Democrática, alegaron que si hay evidencias de que los musulmanes chiítas promovieron la violencia, deberían ser juzgados bajo la ley de sedición.
Tras décadas de rápido crecimiento económico, algunos grupos llaman a un islamismo más conservador, ante la creciente secularización de las sociedad malasia, en especial tras décadas de rápido crecimiento. Sin embargo, el primer ministro Mahathir Mohamad ha tenido una posición favorable al desarrollo económico.
Algunos grupos exigen vestimenta más conservadora para las mujeres, y un estsdo prohibió que las musulmanas participen en concursos de belleza y fisiculturismo.
El historiador Ariffin Omar señaló que estas tendencias motivaron al gobierno a demostrar mayor uniformidad, lo cual ubica a las instituciones islámicas bajo control centralizado del gobierno.
"Este es un efectivo instrumento para controlar a los malasios, quienes por definición deben practicar la ley islámica", explicó.
Las diferencias entre sunitas y chiítas se originaron en una disputa por la sucesión del califato islámico. Los chiítas creen que el califa debe ser un descendiente directo del profeta Muhammad, mientras los sunitas sostienen que el califa debe ser electo. (FIN/IPS/tra-en/an/js/lp/ip-cr/97
