El gobierno de Colombia recibió un duro golpe al aprobar una comisión del Congreso su proyecto sobre extradición con la condición de que su aplicación no sea retroactiva.
Analistas políticos consideran que las relaciones con Estados Unidos podrían verse deterioradas, ya que de confirmarse esa condición por el pleno del parlamento se impediría la extradición de los detenidos cabecillas del cártel de narcotraficantes de Cali, que Washington reclama insistentemente.
El proyecto debe ser sometido a un último debate en sesión plenaria como máximo la próxima semana.
Para portavoces del empresariado, una tercera evaluación negativa de Estados Unidos en el desempeño del gobierno colombiano en la lucha contra el comercio ilegal de drogas, tras las dos recibidas anteriormente, conduciría a que se le apliquen a Colombia sanciones económicas y comerciales.
Esas sanciones se sumarían al veto que ya impuso Estados Unidos sobre Bogotá para acceder a créditos de los organismos multilaterales de crédito.
Tras nueve horas de debate, la Comisión Primera de la Cámara de diputados (cámara baja) aprobó el miércoles por 21 votos a favor y 12 en contra la ley de extradición sin retroactividad.
El gobierno, que era partidario de aprobar la extradición sin condicionamientos, como lo sugirió Washington, anunció que insistirá ante la plenaria de la Cámara para que se acepte su posición.
La presidencia de la repúbica afirmó el jueves que pese a que "se ha avanzado sustancialmente en el restablecimiento de la extradición", este avance "sería todavía más significativo si se aprueba en la plenaria sin condicionamientos".
La ministra de Relaciones Exteriores, María Ema Mejía, pidió a la comunidad internacional evitar enjuiciar a su país hasta tanto no concluya el trámite del proyecto en el Congreso.
La funcionaria indicó que espera "un reconocimiento porque se ha avanzado mucho" en el debate, que hasta hace unos años era impensable.
Hasta mediados de 1996 el gobierno se resistía a presentar un proyecto para restaurar la extradición de colombianos por la resistencia que el tema generaba en sectores que abogaban por no ceder a las presiones estadounidenses.
El pedido del gobierno de Colombia al Congreso para que apruebe la extradición sin condicionamientos fue apoyada por los representantes del poder judicial y de control del Estado.
Samper pidió a la Cámara de Diputados que apruebe la extradición eliminando el condicionamiento de la no retroactividad, que introdujo el Senado al proyecto en septiembre, y deje su reglamentación a una ley estatutaria.
El fiscal general, Alfonso Gómez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Galvez, y el procurador general, Alfonso Gómez, afirmaron que el condicionamiento de no retroactividad debe excluirse del texto constitucional que se busca reformar.
Estados Unidos reconoció avances en la lucha del gobierno colombiano contra el narcotráfico, pero la aprobación de la ley de extradición sin condicionamientos es el principal elemento que Washington tendrán en cuenta para su evaluación del desempeño del país sudamericano en este año.
Una evaluación negativa de Colombia por tercer año consecutivo llevaría a la aplicación de sanciones económicas y comerciales.
El proyecto de ley de reforma el artículo 35 de la Constitución presentado por Samper prohibe la extradición de colombianos a cualquier país.
Con una extradición con condicionamientos se corre el riesgo de que en pocos meses el Congreso tenga que volver a discutir el asunto, arguyó el procurador general.
El fiscal general también es partidario de que en el texto de la reforma constitucional que se debate no se incluiyan condicionamientos. "Basta que se levante la prohibición de la extradición y que la ley diga bajo qué condiciones se aplicará", afirmó Gómez.
El estatuto permitiría regular de manera clara aspectos como el de la controvertida no retroactividad, las garantías procesales en el exterior para el juzgamiento de colombianos y el principio de la doble incriminación.
Para el mandatario, "cualquier condicionamiento constitucional" en la aplicación de la extradición "le resta fuerza al hecho significativo e histórico de haber conseguido como se está haciendo" la aplicación de una medida que dos años antes era impensable.
Samper anunció que si se aprueba la extradición sin condicionamientos propondrá al Congreso una fórmula para que este recurso no se aplique hasta tanto no exista una ley que la reglamente.
Algunos analistas consideran que la aprobación de una ley sobre la retroactividad será difícil si en la instancia de reforma del artículo 35 de la constitución se deja de lado la polémica retroactividad.
Para su aprobación se requeriría de mayoría absoluta en las dos cámaras. Además, por tratarse de una ley estatutaria, el proyecto tendría que pasar primero a revisión en la Corte Constitucional, que tendría un plazo no menor de 120 días. (FIN/IPS/yf/ag-dg- mj/ip/97
