Siete senadores presentaron al Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley para permitir al sector privado la venta directa de alimentos y medicinas a Cuba, prohibida por el embargo comercial que Washington mantiene sobre la isla.
El proyecto, apoyado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, ingresó esta semana, poco antes de que el Congreso terminara su período de sesiones de este año.
De ser aprobada, la "Ley de Ayuda Humanitaria a Mujeres y Niños Cubanos de 1997" permitirá a la población cubana obtener alimentos, fármacos y equipos médicos producidos en Estados Unidos, explicaron los cuatro senadores republicanos y tres demócratas patrocinadores de la iniciativa.
El grupo está emcabezado por el demócrata Chris Dodd, que desde hace tiempo se inclina por aliviar la tensión entre Washington y La Habana, y por el republicano Rod Grams.
"No podemos permitir que el embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba prive al pueblo cubano del suministro adecuado de alimentos y medicinas", dijo Grams.
El proyecto de ley tiene el fin de evitar que la ley Helms- Burton, que intensificó el embargo que se impuso hace 35 años, obstaculice la ayuda humanitaria a Cuba, agregó.
La iniciativa, semejante a otra, presentado en junio por miembros de los dos partidos en la Cámara de Representantes, no será debatida hasta el año próximo. La propuesta a la Cámara de Representantes fue patrocinada por 82 de los 435 integrantes de ese cuerpo.
Iglesias y grupos por el desarrollo, incluso Oxfam International, solicitaron al Congreso que adopte la norma, sobre todo después de un estudio divulgado por la Asociación Estadounidense por la Salud Mundial (AAWH).
La AAWH advirtió que el embargo "afectó drásticamente la salud y nutrición de gran cantidad de ciudadanos cubanos", en especial mujeres, niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.
La Asociación también señaló que, a pesar del fuerte impacto que tuvo sobre el presupuesto de Cuba la pérdida del apoyo económico soviético y de los efectos del embargo, el sistema de salud cubano sigue cubriendo las necesidades básicas de niños y mujeres.
Pero, desde 1994, la mortalidad aumentó entre personas mayores de 65 años.
Un grupo de la Asociación, compuesto por nueve médicos, dictaminó que el embargo aumentó la desnutrición en Cuba y afectó la calidad del agua potable, el suministro de fármacos y de equipos médicos, y la información sobre la salud.
Las deficiencias nutritivas fueron especialmente graves para las mujeres embarazadas, con el consiguiente aumento de nacimiento de niños de bajo peso. La falta de repuestos y de insumos químicos comprometió el sistema de distribución de agua potable, lo que generó más enfermedades y muertes.
Al presentar el proyecto esta semana, Dodd señaló que muchos activistas de derechos humanos en Cuba, que actúan sin autorización del gobierno de Fidel Castro, criticaron con vehemencia las restricciones que el embargo impone al suministro de alimentos y medicinas.
Dodd citó a Elizardo Sánchez, director de la Comisión Cubana por los Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional y destacado crítico de Castro, quien dijo que "negar medicinas a personas inocentes es una extraña manera de demostrar apoyo a los derechos humanos".
Algunos grupos de exiliados cubanos también expresaron respaldo al proyecto de ley.
"El embargo añade una carga adicional al pueblo de Cuba, sobre todo cuando niega a nuestras familias el acceso a productos de Estados Unidos que pueden salvarles la vida", dijo Eliseo Pérez Stable, presidente del Comité Cubano por la Democracia, grupo de Miami favorable a las relaciones con La Habana.
En cambio, la Fundación Nacional Cubano-Estadounidense, la organización de exiliados de mayor influencia en Estados Unidos, se opone al proyecto de ley, pues entiende que podría significar el principio del fin del embargo, al que defiende.
La Fundación, apoyada por la mayoría de los miembros cubano- estadounidenses del Congreso, respaldó con entusiasmo la ley Helms- Burton y se opone a toda relación con La Habana que pueda favorecer al gobierno de Castro.
Se cree que la administración de Bill Clinton no dará apoyo al proyecto de los senadores Dodds y Grams, por temor a ganarse la enemistad de la Fundación. El gobierno arguye que los problemas económicos de Cuba se deben a que La Habana no adoptó las necesarias reformas de mercado.
Funcionarios de Washington aseguran que este país ya es el principal proveedor de ayuda humanitaria a Cuba. Estados Unidos dispuso en los últimos cinco años de 227 millones de dólares para proporcionar alimentos, medicinas y otros artículos humanitarios a la isla.
Pero eso no es suficiente y las compañías de Estados Unidos deben tener permiso para vender directamente a Cuba, sostienen los partidarios del proyecto de ley.
También advierten que el riguroso proceso de autorización que se requiere ahora para enviar productos a La Habana actúa como freno de esa ayuda.
Esos requisitos son mucho más severos que los que se aplican a otros países también sancionados por Washington, sostuvo el Fondo de Educación Alianza Cubano-Estadounidense, otro grupo que respalda la venta de productos humanitarios.
Los partidarios del proyecto de ley se sintieron alentados por la decisión de la Cámara de Comercio de Estados Unidos de apoyar sus gestiones.
"Creemos que la venta de productos estadounidenses que ayuden a salvar vidas debe ser libre para las personas que las necesiten en todo el mundo", dijo Willard Workman, vicepresidente internacional de la Cámara.
"Las sanciones unilaterales contra Cuba impiden que las firmas estadounidenses actúen en respuesta a las necesidades", señaló Workman. Agregó que el embargo de alimentos y medicinas "es un comportamiento indigno de una gran nación como Estados Unidos".
Los partidarios del proyecto de ley esperan que su propuesta reciba impulso con la visita que realizará en enero a La Habana el Papa Juan Pablo II.
El Papa es contrario al embargo estadounidense y se espera que utilice su visita para denunciar los efectos de esas sanciones sobre los más vulnerables entre los 10 millones de personas que conforman la población cubanos.
Oxfam Estados Unidos, que trabaja con grupos comunitarios en Cuba, publicó una vigorosa declaración a favor del nuevo proyecto.
La organización señaló que el suministro de alimentos en Cuba decayó un tercio entre 1989 y 1995 debido a mayores costos de transporte y la pérdida de divisas, lo que también redujo el consumo de calorías. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/aq-ff/ip/97