Los defensores de los derechos humanos de Colombia fueron puestos en alerta por un informe del ejército, que señala a cerca de 50 miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) como colaboradores de la guerrilla.
El informe de la XII división del ejército, que opera en el nororiental departamento de Santander, fue entregado a la Fiscalía con carácter "reservado". También acusa a activistas sociales y sindicales, abogados, médicos y estudiantes de mantener vínculos con los insurgentes.
El documento alertó a un comité ad-hoc de 25 organizaciones defensoras de los derechos humanos, creado tras el asesinato el 19 de mayo de los investigadores Mario Calderón y Elsa Alvarado, del Centro de Educación y Cultura Popular.
"Estos casos de hostigamiento y estigmatización" de defensores de los derechos humanos que cumplen "actividades legales" deben ser "denunciados y tratados individualmente con el gobierno", dijo a IPS Arturo Carrillo, de la Comisión Andina de Juristas, integrante del comité ad-hoc.
Defensores de los derechos humanos han sido víctima de los paramilitares de derechas, decenas de ellos se vieron obligados a exiliarse y ahora su situación se vuelve aún más grave, pues su actividad es considerada de apoyo a la guerrilla, señaló Carrillo,
Agregó que el comité se reunió el día 12 con el ministro del Interior Carlos Holmes, para tratar el caso y solicitar garantías, y aguarda respuesta.
El informe del ejército se conoció tras la captura de cinco funcionarios del proyecto Redes, integrado por un grupo de ONG que trabajan con desplazados por la violencia en la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander.
Los militares aseguraron haber hallado documentos que comprometen a miembros de Redes con el desvío al insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) de 1,5 millones de dólares aportados por varias ONG europeas para proyectos de desplazados.
Mauricio Manocci, de la consejería para Refugiados de América Latina, una ONG de Costa Rica asociada a grupos europeos, avaló la labor de Redes y la distribución realizada de las donaciones.
Manocci afirmó que Redes está sometida a una auditoría externa internacional, que rindió su último informe en septiembre, sin hallar irregularidades.
Agregó que Redes tiene la confianza de los desplazados y su tarea está "técnicamente bien realizada".
Entre los miembros de otras ONG denunciados por el ejército se cuenta Alirio Uribe, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear, un grupo defensor de las garantías procesales de los presos políticos que obtuvo en 1996 dos premios internacionales por su labor.
El Colectivo actúa como parte civil en varios procesos que se siguen a miembros de las Fuerzas Armadas por su participación en las masacres de Rio Frio y Trujillo (entre 1991 y 1993) y por denuncias de tortura y de detención ilegal de civiles.
El ejército acusa a Uribe de integrar una red de apoyo al ELN y de tener a su cargo "una campaña para que bandoleros (guerrilleros) recluídos en las diferentes cárceles sean declarados presos politicos".
Los militares consideran a los guerrilleros delincuentes comunes, pese a que el gobierno reconoció su condición de militantes políticos, como base de su propuesta de diálogo de paz.
El Colectivo José Alvear denunció también que uno de sus abogados, cuyo nombre se mantiene en reserva, fue declarado "objetivo militar" por la división del ejército que opera en el nororiental departamento de Arauca.
También fueron acusados en el informe Marcos Almeida, presidente de la Asociación de Usuarios Campesinos (campesinos sin tierra) y Esteban Cancelados, ex director de la Coordinadora de derechos Humanos de Amnistiados y Refugiados de la Guerra Sucia.
El informe del ejército coinicide con otro, sobre amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, que fue distribuído en Estados Unidos por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).
WOLA consideró importantes las iniciativas del gobierno de Colombia para proteger a los defensores de los derechos humanos, pero puntualizó que esas medidas "han sido insuficientes y han fracasado".
En su documento, WOLA incluyó un largo listado de agresiones contra activistas, como asesinatos, desapariciones, amenazas, y detenciones arbitrarias, y cuestionó la ayuda antidrogas de Washington al ejército colombiano, debido a los vínculos de altos oficiales con los grupos paramilitares responsables de los hechos consignados.
En opinión de Coletta Youngers, representante de WOLA, la naturaleza de la ayuda estadounidense a Colombia "es motivo serio de inquietud, a la luz de los antecedentes que en materia de derechos humanos" presenta este país. (FIN/IPS/yf/ff/hd/97
