Los niños y adolescentes suman 38 por ciento de la población de Brasil, pero el gobierno central sólo les destina 12,4 por ciento del gasto social. Aún así mejoró su situación en esta década, según datos divulgados hoy.
Aumentaron la frecuencia de asistencia a la escuela y de vacunación, mientras la mortalidad infantil cayó de 47,2 por mil nacidos vivos en 1990 a 40 por mil en 1994, comprobó un estudio conjunto del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Entre 1990 y 1995, el acceso a la escuela aumentó de 85 a 91 por ciento entre niños de siete a nueve años de edad, de 84,2 a 89,8 por ciento entre los de 10 a 14 años, y de 56,8 a 66,9 entre adolescentes de 15 a 17 años.
El aumento más notable favoreció a los niños en edad preescolar, de cinco y seis años, que pasaron de 48,4 a 63,8 por ciento, lo que indica una mejor preparación para la edad de escolaridad obligatoria en Brasil, de siete a 14 años.
Las disparidades regionales, sin embargo, siguen siendo graves en todos los indicadores sociales.
Mientras el estado de Sao Paulo tiene sólo 1,1 por ciento de analfabetos entre sus adolescentes de 15 a 17 años, ese índice alcanza cerca de 20 por ciento en el Nordeste, con el máximo de 23,1 por ciento en el estado de Alagoas.
En cuanto a mortalidad infantil, se llega a 22 por mil en Rio Grande do Sul, en la frontera con Uruguay y Argentina, pero a 83 por mil en Alagoas. Ell se debe a la desigualdad económica y en saneamiento básico.
El 63 por ciento de los niños del nordeste vive en familias pobres, con un ingreso per cápita inferior a 55 dólares mensuales, contra 26 por ciento en el sudeste.
Las estadísticas ofrecen otros retos para una política de efectiva prioridad a la niñez, además de la mortalidad infantil aún muy elevada en relación a países ricos e incluso a algunos más pobres que Brasil, como Cuba y Costa Rica, que presentan índices cuatro veces menores.
El nivel de repetición en la enseñanza primaria (de ocho años en total) continúa siendo alto, 22,7 por ciento en el promedio nacional, así como también el índice de deserción escolar, que alcanza 11,4 por ciento.
Además hay 2,7 millones de niños y adolescentes que no estudian porque deben trabajar y un millón más buscando trabajo para contribuir al ingreso familiar. Entre los primeros hay 522.000 que tienen sólo entre cinco y nueve años de edad.
Los datos difundidos por UNICEF e IBGE constituyen una crítica implícita a la política social brasileña.
De los gastos sociales del gobierno central 87,6 por ciento son atribuidos a la población adulta, que representa 62 por ciento del total de habitantes del país, negando la propalada prioridad a la niñez.
Ello se debe al peso creciente de la seguridad social, que en 1995 ya absorbía casi dos tercios de los gastos totales, pero también a distorsiones en otras áreas, como la educación, en la que la mayor parte de los recuros se destina a la universidad y no a la enseñanza básica. (FIN/IPS/mo/dg/pr-ed/97