La democracia de Venezuela, hace dos décadas exitosa en medio de las dictaduras que dominaban en América Latina, aparece enferma en su espina dorsal: el sistema electoral, que divorcia a los ciudadanos del poder político.
La multitud que madrugaba y hacía largas colas para votar han dado paso a una abstención en ocasiones de 60 por ciento o más, y decenas de comicios regionales y municipales han debido repetirse en pocos años, con la constante intervención de la Corte Suprema de Justicia para enmendar errores de las autoridades electorales.
El parlamento inició en febrero de 1996 una reforma de la ley electoral. Veinte meses después, el texto aprobado por la Cámara de Diputados acaba de ingresar al Senado, pero la falta de consenso podría, técnicamente, prolongar las discusiones durante cuatro años.
En cambio, las elecciones esperan para diciembre de 1998, cuando se escogerán presidente de la República, Congreso Nacional, gobernadores de 22 estados, legislaturas regionales, 330 alcaldes, concejos municipales y juntas parroquiales.
La combinación de métodos de elección, nominales y por listas, distintos según se trate de las cámaras en el parlamento o de las legislaturas y ayuntamientos, hará que un elector promedio escoja en 11 ocasiones, y hasta 20 en algunas circunscripciones.
Todo ello entre 376 fórmulas partidistas, nacionales y regionales, si se agregan las 198 organizaciones que esperan respuesta del Consejo Supremo Electoral. Y, por tanto, el país no logró renovar a tiempo su sistema de identificación y el padrón electoral acusará por ello carencias y ventanas para fraudes.
"Los partidos políticos han dejado pasar el tiempo mientras disfrutaban de sus parcelas de poder y muy tarde se han percatado de que en 1998 coincidirán todas las elecciones", dijo Elías Santana, de la organización no gubernamental "Queremos Elegir", creada por dirigentes vecinales y empresariales de Caracas.
Los ciudadanos "se encuentran ante un sistema electoral como el de nuestros primeros años de democracia, que nos impide escoger a los mejores, por su nombre y apellido. Y detrás están los partidos, decididos a perpetuarse en el poder", opinó.
El texto que discute el parlamento "no sólo no avanzó en simplificar y personalizar la elección y la relación entre el elector y su representante, sino que retrocedió de la nominalidad hacia el sistema de listas. Mejor sería quedarnos con la ley vigente", dijo Santana.
También Ricardo Combellas, presidente de la Comisión para la Reforma del Estado -dependiente del Poder Ejecutivo- estimó que la reforma propuesta "es un retroceso, y una burla al sentir popular que había conquistado la elección nominal de sus concejales".
Queremos Elegir considera grave la unificación, al coincidir sus plazos, de las elecciones municipales, trienales, y las nacionales, quinquenales. Unir los comicios locales con los nacionales liquida su sueño de despartidizar cada vez más la política vecinal y municipal.
Los partidos, entretanto, están enzarzados entre la necesidad de hacer reformas que permitan dirimir limpiamente el poder -luego de la gestión 1994-99 del democristiano independiente Rafael Caldera- y a la vez impedir que cualquier cambio aumente la ventaja relativa del adversario.
Sobre casi todos los puntos polémicos las aguas están divididas de la misma forma. De un lado se alinean el partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), el mayor del país, con apoyo del grupo calderista Convergencia.
Del otro lado se encuentra una alianza del opositor partido socialcristiano Copei con el oficialista Movimiento al Socialismo y los grupos obreristas Causa Radical y Patria Para Todos.
El primer punto de la reforma es la sustitución del actual Consejo Supremo Electoral, dominado por los partidos, por un Consejo Nacional Electoral en manos de siete personas independientes, aunque a éstas las escogerá el Congreso, repartido entre seis fuerzas.
"Los prtidos confiscaron la reforma", opinó Combellas.
La separación de las elecciones municipales plantea problemas de presupuesto, y el principal para los partidos, cuando ya se inició la carrera presidencial: si se efectúan antes de las generales serán indeseado test y si se hacen en 1999 serán endebles jurídicamente, al excederse el mandato.
El tema de cuál selección efectuar mediante listas, cuál de modo uninominal y cuál mediante combinaciones multiplica la imaginación de los legisladores y de los partidos que le apoyan. Cada propuesta, más depurada que la anterior, escamotea o bien la sencillez o bien la representatividad y cercanía elegido-elector.
Escrutinios automatizados, financiamiento transparente de las campañas y control sobre las mismas, eliminación de votos "inorgánicos" (en Venezuela pueden ser válidas 103 papeletas donde votaran 100 personas) y voto en blanco, son otros temas de agrias divergencias entre las fuerzas políticas.
Para complicar más las cosas, la alianza liderada por Copei gozó de cómoda mayoría en la Cámara de Diputados, pero ostenta una muy frágil en el Senado, con independientes que varias veces, en votaciones cruciales, han cambiado de parecer hacia uno u otro lado.
Se agregan decisiones como la de AD, que para frenar la "aplanadora" en su contra decidió inscribir a sus 16 senadores para debatir, uno por uno, los 288 artículos de la ley.
En la semana que culmina, la primera de debates, sólo se aprobó el título del instrumento -Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política- y el artículo primero.
El Consejo Supremo Electoral advirtió, entretanto, que desde el punto de vista técnico y organizativo un nuevo sistema de votación y escrutinio deberá estar a punto el 15 de noviembre próximo, si se quiere efectuar en diciembre de 1998 comicios transparentes con los 11 millones de electores previstos.
La "verdadera solución", según Combellas, es "establecer una dictadura electoral de la sociedad civil, con demostración de los partidos de disposición a sacrificar sus intereses sectoriales en aras de la confianza del elector".
En el horizonte asoma la nube de que permanezcan leyes y procedimientos como los actuales y un domingo de diciembre de 1998 puedan producirse fraudes y la tensión callejera que les sigue. En un país absolutamente militarizado para cada jornada electoral, con miles de efectivos en las calles y ante las urnas.
También un país que en 1989 vivió una eclosión social con una semana de desórdenes y saqueos que dejaron centenares de muertos, y que experimentó dos sublevaciones militares en 1992, con la paradoja de que sus cabecillas ya están en lid electoral para 1998.
Venezuela está en trance de repetir un comicio que deje frustración y escepticismo en los ciudadanos, y pérdida de legitimidad en el poder público. Ya no aparece la vitrina de la democracia electoral en la región. (FIN/IPS/jz/ag/ip/97
