El presidente Bill Clinton, bajo crecientes presiones del Congreso de Estados Unidos para que penalice a empresas extranjeras que operan en Cuba e Irán, parece determinado a cerrar acuerdos para lavar su imagen con miembros de la UE y otros países cuyas compañías están afectadas.
El Departamento de Estado anunció que sólo comenzó a investigar si un importante acuerdo de petróleo iraní con empresas de Francia, Rusia y Malasia, anunciado casi dos semanas atrás, quedaría cubierto por la Ley de Sanciones a Irán y Libia (ILSA según sus siglas en inglés).
Así mismo, alabó al Consejo de la UE por no fijar un nuevo plazo para alcanzar un acuerdo con Washington sobre reglas comunes para tratar con expropiaciones en el exterior.
Esto permitiría negociaciones para evitar un conflicto por Cuba en la Organización Mundial de Comercio (OMC) a extenderse más allá del plazo del 15 de octubre, fijado en abril.
"El progreso (en las negociaciones) fue suficiente para acordar continuar el diálogo y continuarlo a fin de este mes", dijo este jueves el portavoz James Foley.
No está claro si la estrategia de moratoria de Clinton tendrá éxito. Congresistas clave, incluyendo a los senadores republicanos Jesse Helms y Alfonse D'Amato, amenazan con tomar medidas para forzar a Clinton a imponer sanciones.
En el ojo de la tormenta están dos leyes aprobadas por el Congreso y firmadas como ley por Clinton durante los últimos 18 meses. Ambas medidas están diseñadas para desestimular la inversión extranjera en los países en cuestión.
La primera, el Título Tres de la ley Helms-Burton, otorga a ciudadanos de Estados Unidos el derecho a llevar a juicio ante una corte federal a cualquier individuo o compañía extranjera que tenga interés en propiedades confiscadas al querellante por el gobierno del presidente Fidel Castro después de la revolución cubana.
El Título Cuatro de la misma ley requiere que el presidente niegue visas a ejecutivos de empresas extranjeras, las cuales "trafican" con la propiedad confiscada, y a sus familias.
Citando avances en la UE y otros países en la presión a La Habana para que liberalice sus políticas, Clinton suspendió efectivamente el Título Tres. Y, a pesar de la ausencia de autoridad para hacer lo mismo con el Título Cuatro, sólo lo aplicó contra ejecutivos de dos empresas, de Canadá y México.
La segunda ley, ILSA, requiere que el presidente imponga dos de una lista de seis sanciones contra firmas extranjeras que inviertan más de 20 millones de dólares anuales en el sector de energía de Irán o Libia.
Las sanciones varían entre desacalificar a esas empresas de préstamos del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, y negarles licencias para importar productos de ese país.
A pesar de varias amenazas, el gobierno no actuó contra ninguna empresa extranjera bajo ILSA. Pero el acuerdo de 2.000 millones de dólares de Irán, que une a la francesa Total, S.A., la rusa Gazpom y la malasia Petronas, plantea un serio desafío para la credibilidad de la ley.
Incluso antes de que ambas leyes entraran en vigor, concitaron duras protestas de la UE, Canadá y Otros aliados cercanos, quienes alegan que el alcance extraterritorial de las leyes viola las reglas mundiales del comercio.
En su acción más fuerte hasta el momento, la UE presentó el año pasado una queja formal contra la OMC, con sede en Ginebra, la cual nombró un panel de tres miembros para decidir el caso en febrero.
La UE ha sugerido que también llevará a Washington ante la OMC por la ilegalidad de ILSA, pero hasta ahora se abstuvo de hacerlo.
Ante la presión del Congreso republicano, inicialmente Clinton rechazó la jurisdicción de la OMC sobre la ley de Cuba, y luego ordenó al subsecretario de Estado, Stuart Eizenstat, que evitara una confrontación, en medio de temores sobre los efectos no deseados de un boicot de Estados Unidos al régimen de comercio mundial.
En abril, ambas partes anunciaron una tregua bajo la cual la UE acordó suspender su queja ante la OMC al menos hasta el 15 de octubre, mientras los negociadores intentaron llegar a un acuerdo amplio sobre cómo tratar con activos ilegalmente expropiados.
No se habló del evidente acuerdo de Clinton para no aplicar el Título Cuatro de la ley Helms-Burton a empresas europeas.
De acuerdo a ese plazo, negociadores de Estados Unidos y la UE se reunieron esta semana en Bruselas, pero no lograron resolver el tema.
Aunque ambas partes pueden acordar sobre reglas para gobernar las futuras expropiaciones, persisten amplias diferencias sobre confiscaciones pasadas, las cuales, por supuesto, se encuentran en el corazón de la ley Helms-Burton. Las conversaciones se reanudarán a fin de este mes en París.
Mientras, los autores republicanos de ambas leyes están inquietos. La semana pasada, Helms presentó copias de cartas intercambiadas con Clinton sobre el Título Cuatro de Helms-Burton, diciendo que el presidente no entregó información sobre la aplicación, por lo cual solicitó al gobierno todos los documentos sobre el asunto.
"Están haciendo tiempo", dijo un asesor del Congreso. "Saben que si se mueven hacia las sanciones contra Total, las conversaciones sobre Helms-Burton colapsarán, y habrá un gran golpe en la OMC".
Lo más urgente es si el gobierno actuará bajo ILSA para sancionar a empresas involucradas en el acuerdo de petróleo iraní.
Funcionarios estadounidenses insistieron en que están dispuestos a hacer cumplir la ley, a la vez aue sugirieron que las penas podrían retirarse si Bruselas y Washington coordinan mejor sus esfuerzos para detener lo que la Casa Blanca califica como la estrategia de Irán por adquirir armas nucleares y respaldar el terrorismo.
D'Amato, impulsor de ILSA, alegó que el acuerdo con Total cae bajo la ley, pero el gobierno insiste en que se necesita una investigación.
D'Amato fijó audiencias, y asesores en el Capitolio afirman que podría intentar enmendar la ley para dar al Congreso el poder de revertir una suspensión presidencial de las sanciones.
Las audiencias también incluyen la cuestión de si Gazprom, la cual según D'Amato debe ser penalizada bajo ILSA, puede seguir adelante con una oferta de un bono de 1.000 millones de dólares que sería administrado por la empresa estadounidense Goldman Sachs.
Las sanciones de ILSA incluyen una prohibición a los violadores de la ley a obtener préstamos bancarios estadounidenses por más de 10 millones de dólares. No obstante, el Departamento de Estado dijo que los bonos no estarían cubiertos por la ley. (FIN/IPS/tra- en/jl/aa/lp/ip-if/97
