Los constantes conflictos comerciales por marcas, patentes y derechos de distribución, entre empresarios locales y extranjeros, se han convertido en una de las mayores frustraciones para el gobierno de Ecuador, que ve limitados sus esfuerzos por captar mayor inversión foránea.
El último conflicto se presentó a fines de septiembre cuando la cadena de supermercados Santa Isabel, de capital chileno, acusó a las empresas locales, Supermaxi y Mi Comisariato (líderes del mercado), de presionar a los proveedores para que no le entreguen sus productos.
Según Jorge Olivares, gerente de Santa Isabel, "se trata de una práctica desleal, un sabotaje que va en contra de los principios de la libre competencia".
Santa Isabel, una de las cadenas de supermercados más grandes de américa del Sur, tiene establecimientos en Argentina, Chile, Paraguay y Perú, y abrió su primer local en Quito a principios de septiembre.
La pugna entre estas empresas llegó a instancias diplomáticas: el embajador de Chile en Quito reclamó ante la cancillería ecuatoriana la necesidad de que ambos países actúen bajo la libre competencia, "para dar mayor seguridad a los inversionsitas externos".
Ante la continuidad de las hostilidades, la empresa chilena ha amenazado con llevar el caso a la Organización Mundial de Comercio (OMC). "Pelearemos hasta las últimas consecuencias para quedarnos en Ecuador", afirmó Olivares.
Pero el conflicto con Santa Isabel es uno más de los tantos que se ventilan en cortes nacionales e internacionales.
Estos involucran a firmas como Dupont, Procter and Gamble, United Parcel Service, Bic, Mac Donaldos Corporation, Belmont, Mennen, entre otras, en su mayoría estadounidenses.
Gran parte de estos litigios son producto de la llamada "piratería" o de conflictos con distribuidores locales, pero "en todos los casos ha quedado de manifiesto la ambigua legislación" en este tema, dijo a IPS Alejandra Oña, experta en derecho comercial.
"Si algo se puede concluir, en base a las tantas experiencias sobre estas disputas, que en Ecuador forman parte de la cotidianidad, es que no hay nada simple, pues en ellas intervienen muchos factores, muchos sectores y muchos intereses", dijo Oña.
Otro caso reciente enfrenta a grandes trasnacionales con la familia Pachucho, dedicada a la producción artesanal de calzado y con un pequeño almacén de venta al público en su domicilio, en la ciudad porturaria de Guayaquil, considerada la capital económica de este país.
Los Pachucho enfrentan dos procesos judiciales por piratería: el primero contra la firma Dexter y el último con la empresa estadounidense Nike, que tiene 31 por ciento del mercado mundial de ropa deportiva.
"No pedimos indemnización alguna, pero exigimos que la familia Pachucho no elabore más zapatos Nike", dijo Reynaldo Varea, representante de Nike en Ecuador.
Si bien, el conflicto de la familia Pachucho con Nike y Dexter, puede ser considerado dentro de los típicos litigios de piratería, esto no sucede con la franquicia estadounidense de comida rápida más grande del mundo: Mac Donald's Corporation.
Mac Donald's ha sido la impulsora del sistema de franquicias de comida rápida y actualmente cuenta con más de 13.000 establecimientos en todo el mundo, siendo la marca más difundida en este rubro.
Sin embargo, en este país pudo establecerse recién en 1997, luego de 10 años de frustrados intentos y después de librar una batalla legal con su rival homónima, propiedad de la ecuatoriana Olga La Torre.
Esta obtuvo el primer registro legal de un Mac Donald's en 1974, año en que inauguró su primer local en un concurrido centro comercial de la capital.
El primer enfrentamiento judicial entre La Torre y la Mc Donald's se produjo cuando esta franquicia quiso entrar por primera vez al país, en 1988.
Un primer fallo judicial fue favorable a La Torre, pero las cosas se complicaron cuando el Ministerio de Industrias y Comercio otorgó el registro a la empresa estadounidense.
En septiembre de 1997, la Mac Donald's Corporation abrió las puertas de su primer local, en el mismo centro comercial donde se encuentran la primera Mac Donald's y la Burger King, otra de sus rivales.
Ante este panorama, Estados Unidos decidió presionar para que Ecuador ratifique un convenio bilateral sobre propiedad intelectual y patentes y derogue algunas leyes consideradas proteccionistas por Washington. Para ello amenazó con aplicar sanciones comerciales.
A principios de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Ecuador en su "lista de vigilancia", por el incumplimiento de un acuerdo bilateral sobre patentes y propiedad intelectual (IPRA) y de las normas de la OMC sobre la materia.
Otro aspecto que Washington impugnó fue la vigencia de una polémica ley denominada "de protección a los representantes, agentes y distribuidores de empresas extranjeras".
Esta ley provocó que en los últimos meses, empresas como Procter and Gamble, Menem, Dupont y United Parcel Service, hayan sido sancionadas por la justicia.
Las compañías fueron imputadas de haber anulado contratos anticipadamente, firmados con distribuidores locales, que exigen indemnizaciones por un monto total de 100 millones de dólares.
Sin embargo, durante la visita oficial del Secretario de Estado Adjunto de Estados Unidos para Asuntos Latinoamericanos, Jeffrey Davidow, se encontró con un Congreso dispuesto a derogar la polémica ley, por lo que decidió no aplicar represalias por el momento.
Según Davidow, "se han dado importantes pasos en la aplicación de las normas de la OMC", a pesar de que existe "una frustración por los acuerdos de patentes y propiedad intelectual", el otro punto de divergencia, suscrito en 1993.
Este acuerdo de patentes aún no ha entrado en vigencia, pues no ha sido ratificado por el parlamento ecuatoriano, debido a la oposición de diversos sectores sociales y políticos, y de la Comunidad Andina que lo considera incompatible con sus estatutos.
La firma de dicho acuerdo fue la causa de la primera sentencia que dictara el Tribunal Andino de Justicia contra un país miembro, en octubre de 1996.
Entonces el Tribunal, última instancia judicial de la Comunidad Andina, integrada además por Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela, exhortó a Ecuador a aplicar medidas para restablecer el equilibrio y la armonía de las leyes nacionales en esta área.
El acuerdo de patentes también ha sido rechazado por organizaciones indígenas que ven en él la oportunidad para Estados Unidos "de saquear los recursos biológicos de nuestros pueblos".
Esta postura es sostenida por Valerio Grefa, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica.
La posición de los indígenas tiene el respaldo de diversas organizaciones ambientalistas nacionales y extranjeras, que han denunciado varios casos de "biopiratería" contra productos indígenas tradicionales.
Uno de estos productos sería la ayahuasca, una bebida alucinógena ceremonial, que fue patentada en 1987 en Estados Unidos por la empresa International Plant Medicine Corporation.
El registro comercial de la ayahuasca, bebida que se extrae del bejuco amazónico banisteriospsis caapi, "no es el único caso de 'biopiratería' contra productos de los indígenas, pero sí el más grave atentado contra los derechos ancestrales de nuestros pueblos", dijo Grefa. (FIN/IPS/mg/dam/if/97
