Los racionamientos de energía eléctrica, que se han presentado con frecuencia en los últimos años en Ecuador, demostraron mayor eficacia para medir la popularidad de los gobernantes de turno que las encuestas de opinión.
Debido al racionamiento que comenzó a principios de esta semana, y que se podría prolongar hasta enero, el gobierno del presidente Fabián Alarcón enfrenta una grave crisis de aceptación y credibilidad.
En los últimos cuatro años, la época de sequía en la región de la central hidroeléctrica Paute, que se encuentra en la provincia de Azuay, 420 kilómetros al sur de Quito, ha obligado a las autoridades a programar cortes de electricidad hasta de ocho horas de duración en todo el país.
Sin embargo, en esta ocasión fueron inesperados por la población ya que a principios de este mes Alarcón había manifestado que estaba solucionado el problema de Paute, que atiende el 70 por ciento de la demanda nacional de electricidad.
Iván Narváez, dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, que agrupa a unas 300 organizaciones de todo el país, consideró que los racionamientos de electricidad "en sí no provocan mayor malestar a la ciudadanía, sino que son como la última gota que derrama el vaso".
En 1995, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, los racionamientos se prolongaron desde septiembre hasta principios de enero y dejaron pérdidas por 500 millones de dólares, principalmente en el sector de la pequeña y mediana industria.
La crisis energética pasó a ser desde entonces un tema político: industriales y representantes de amplios sectores sociales pedían la destitución de los funcionarios responsables.
En tanto, los partidos opositores de derecha promovieron la privatización del sector eléctrico y los de izquierda acusaron de neoliberal al gobierno de Durán Ballén, que concluyó su mandato con muy bajo nivel de popularidad.
Los racionamientos continuaron durante el gobierno de Abdalá Bucaram, "y, tal vez por coincidencia, marcaron el principio de su caída", pues "el pueblo inició en esa época varias marchas de protesta que concluyeron con su destitución" en febrero de 1997, señaló Narváez.
"Es increíble que después de tantas experiencias sigamos dependiendo de la lluvia para poder tener electricidad y que todavía contemos con una sola fuente de energía", dijo Luis Trujillo, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el mayor centro económico de Ecuador.
Los funcionarios del gobierno "sabían perfectamente que el estiaje en la central de Paute es cíclico y sabían que habría recortes este año, pero optaron por la mentira", añadió Trujillo.
Pero lo que sin duda causó mayor malestar a empresarios, políticos y dirigentes sociales de Ecuador, fueron los argumentos empleados para explicar la actual crisis energética.
"Se tenía previsto que el estiaje inicie en los primeros días de noviembre, pero el Fenómeno del Niño adelantó la sequía en Azuay", dijo Miguel Calahorrano, gerente del estatal Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel).
Además, las altas mareas que se han registrado en la provincia de Esmeraldas, en la costa norte, "no permiten que los buques de combustible lleguen a los puertos y por eso no hemos podido activar los sistemas termoeléctricos", añadió.
En Ecuador, el fenómeno del Niño -una corriente cálida provienente del Pacífico sur que suele presentarse todos los años en diciembre- provoca un período de fuertes lluvias en regiones de la costa y la sierra, y sequía en la zona austral.
Este año la corriente de El Niño ha sido la más intensa de los últimos 15 años.
"Todo sería más aceptable y hasta comprensible, si el gobierno hubiese sido sincero desde el principio", dijo a IPS Gustavo Pinto, presidente ejecutivo de la Cámara de Industriales de la provincia capitalina de Pinchincha.
"Alarcón se comprometió ante la nación a solucionar el problema de los recortes de energía, pero está visto que en Ecuador es más importante la política que el crecimiento económico", añadió el dirigente empresarial.
Hasta el momento, tres funcionarios de Petrocomercial, filial de la estatal Petroecuador, fueron retirados de sus cargos por la falta de suministro de combustible para las termoeléctricas.
Parlamentarios de diversos sectores están analizando la posibilidad de llevar a juicio político al ministro de Energía, Raúl Baca, quien hasta hace un mes era el miembroo más popular del gabinete. (FIN/IPS/mg/ag/ip/97
