COSTA RICA: Aumentan desigualdades sociales

Aumento de la pobreza, deterioro del mercado laboral, persistencia de la concentración del crédito, de la tierra y caída del ingreso real caracterizan a la Costa Rica de hoy.

La inequidad en la distribución del ingreso ha ido decayendo debido a la transición hacia una economía más abierta que ha provocado desequilibrios en la demanda de mano de obra y un empobrecimiento general de la población.

Paralelamente, la brecha de inequidad se ensanchó en 1996. El nivel más pobre tiene un ingreso promedio 28 veces menor que el de más altos ingresos.

El análisis forma parte del estudio anual "Estado de la Nación", elaborado por el Consejo Nacional de Rectores de las universidades estatales, la Defensoría de los Habitantes, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea.

Miguel Gutiérrez, director del proyecto, explicó que el objetivo del análisis anual es reflejar una imagen lo más fiel y actualizada posible del país para que los ciudadanos estén al tanto de ella.

"Pretendemos poner en las manos de la sociedad un espejo en el cual se pueda conocer para tomar decisiones en concordancia con esa imágen", explicó Gutiérrez.

El estudio -que analiza el año 1996- aborda seis temas relacionados con la equidad, la estabilidad y solvencia económica, la armonía con la naturaleza, el fortalecimiento de la democracia, relaciones primarias, valores y el mundo rural en transición.

La pobreza tuvo un ligero repunte, al pasar de 20,4 por ciento en 1995 a 21,6 un año después. Numéricamente, significa que 45.146 hogares no lograron satisfacer sus necesidades alimentarias y que 96.331 hogares no vieron satisfechas sus prioridades no alimentarias.

Este aumento de la pobreza se vio acompañado por un deterioro en el mercado laboral y un decrecimiento en los ingresos reales, fenómeno que se verificó por segundo año consecutivo.

El ingreso real disminuyó en 1995 en 3,5 por ciento y en 1996 lo hizo en 2,8. Esta caída, asegura el informe, no sólo se refleja en el aumento de hogares pobres sino en las dificultades de sectores medios para acceder al crédito, a la tierra y a la vivienda.

De la misma forma, la tasa de desempleo abierto aumentó por segundo año consecutivo en un punto porcentual, para alcanzar en julio del año pasado 6,2 por ciento, la más alta de la década.

El aumento del desempleo fue más fuerte en las zonas urbanas, 6,6 por ciento, frente a 5,9 en la zona rural.

Las mujeres, con una tasa nacional de desempleo de 8,3 por ciento, fueron las más afectadas .

El subempleo visible aumentó de 3,7 por ciento en 1995 a 4,4 en 1996 y el invisible creció de 2,1 a 3,3 por ciento. En general, el 29 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) tiene problemas de desempleo o de calidad del empleo.

En materia de equidad e integración social, se reconoce que el Estado ha hecho en los últimos años un serio esfuerzo por aumentar la inversión, sobre todo en los campos de la educación y salud, indicadores que han colocado al país en los primeros lugares de América Latina en desarrollo humano.

En educación, en 1996 se aprobó una ley que eleva el gasto en ese rubro al seis por ciento del producto interno bruto (PIB), se continuó incrementando los programas de informática y se amplió la enseñanza de un segundo idioma en la primaria y secundaria.

Factores como cobertura, rendimiento y deserción escolar muestran un desarrollo positivo, pero se ven grandes diferencias entre el promedio nacional y el de algunas de las regiones más pobres del territorio.

Por ejemplo, mientras la deserción interanual promedio en secundaria es de 13,8 por ciento, en las provincias de Limón y Puntarenas llegan a 21,9 y 20,2 por ciento.

En cuanto a salud, la población no percibe ninguna mejoría en los servicios a pesar de que la inversión pública supera el siete por ciento del PIB.

En este campo se notan también importantes brechas. Mientras a nivel nacional la mortalidad infantil es de 13,2 por cada mil nacidos vivos, en algunos cantones del occidente del país la cifra llega casi al doble, retrotrayéndolos al nivel nacional de 1970.

El estudio asegura que 83 por ciento de las propiedades inscritas representan 1,12 por ciento del territorio registrado, de manera que el restante 98,88 por ciento corresponde a 151.824 propiedades, equivalentes al 16,62 por ciento del total de propiedades inscritas.

El año pasado, 95,8 por ciento de los clientes de los tres bancos estatales se ubicaron en el rango de créditos de 0 a cinco millones de colones, que representan 43,7 por ciento del volumen total de recursos colocados.

El 0,1 por ciento de los clientes se ubicaron en el rango de créditos de más de 100 millones de colones y representan 23,1 por ciento del total de recursos.

Esto quiere decir que 53.687 personas accedieron a préstamos que no llegaban, en promedio, a 900.000 colones (3.750 dólares), mientras otras 79 personas o empresas recibieron sumas superiores a los 260 millones de colones (1,1 millones de dólares). (FIN/IPS/mso/dg/if-pr/97)