El accidente aéreo que causó hoy la muerte a 71 argentinos se produjo 15 días después de una amenaza del presidente Carlos Menem sobre la responsabilidad que recaería en los congresistas de la oposición en caso de una tragedia aérea si no se aprobaba la privatización de 38 aeropuertos.
Un DC9 de la compañia aérea argentina Austral, de cabotaje, cayó en la noche del viernes en suelo uruguayo, tras explotar en el aire presuntamente como consecuencia de un rayo cuando el piloto intentaba eludir un frente de tormenta alejándose de su ruta argentina más de 100 kilómetros hacia el este.
El vuelo había partido de Posadas, capital de la provincia argentina de Misiones, al noreste del país, hacia el aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires con cinco tripulantes y 66 pasajeros.
El Servicio Meteorológico había informado con un día de anticipación sobre la probabilidad de tormentas eléctricas pero el vuelo salió igual.
Los testigos del siniestro, lugareños del departamento de Río Negro en Uruguay, aseguran que el avión se incendió en el aire y luego cayó.
Los socorristas encontraron el cráter con los restos del avión y de las víctimas esparcidos por más de dos hectáreas a la redonda, en una estancia despoblada de la localidad de Nuevo Berlín.
No hubo ningún sobreviviente de la tragedia que fue la más grave ocurrida en territorio uruguayo.
El piloto estaba en contacto con la torre de control del aeropuerto internacional de Ezeiza de Buenos Aires hasta que la comunicación se interrumpió a las 22.23. A partir de allí, el aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, siguió conectado y pudo registrar el momento de la caída.
La Asociación de Aeronavegantes, que anunció la suspensión de sus vuelos en Austral durante este sábado debido al malestar psicofísico del personal aéreo, acusó a la empresa por fallas de mantenimiento de los aviones y por dejar en el cargo de director del Area Técnica a un hombre procesado por negligencia criminal en otro accidente.
Las aeromozas, así como la Asociación de Pilotos Aéreos, acusaron reiteradamente en los últimos meses a las autoridades por la reducción de personal y por las condiciones de inseguridad en que están volando fundamentalmente por fallas en los radares situados en los aeropuertos nacionales y en el internacional.
Tras las denuncias, la Fuerza Aérea relevó a fines de agosto a un número indeterminado de oficiales por fallas que pudieron haber derivado en tragedias en distintos terminales tanto por colisiones de naves que fueron milagrosamente evitadas o por aterrizajes de emergencia en casos de imprevistos climáticos.
Los pilotos denunciaron el frecuente cierre de aeropuertos por mal tiempo, la falta de radares para aterrizar con neblina y los aterrizajes de emergencia que hacen sin ayuda de la torre de control.
En uno de los casos, en agosto, un avión que no recibía ayuda de la torre fue socorrido por otro que lo guió hasta aterrizar. Si bien las razones de este accidente fatal se presumen climáticas, no se descarta que una mejor comunicación hubiera orientado al piloto más lejos del lugar de la tormenta.
El siniestro coincidió con la polmica que se desató entre el gobierno y los legisladores de la oposición por los varios intentos oficiales de privatizar los 38 aeropuertos que hay en Argentina, una ofensiva que es resistida no sólo por el Congreso.
La justicia federal hizo lugar a fines de setiembre a una presentación de 14 legisladores que frenaron la subasta.
La jueza consider que las funciones del Congreso estaban siendo avasalladas por el Poder Ejecutivo y que la privatización deba ser decidida por ley del Parlamento y no por un decreto de necesidad y urgencia emitido por el presidente.
El rechazo judicial había sido entonces desafiado por el gobierno. El jefe de gabinete, Jorge Rodríguez, advirtió que la justicia estaba invadiendo competencia del Poder Ejecutivo y dijo que "los jueces no gobiernan sino que deben aplicar las leyes".
Por su parte, el presidente Carlso Menem amenazó a los congresistas con responsabilizarlos de una tragedia aérea en caso de producirse, una advertencia rechazada por los legisladores, quienes aclararon que la seguridad aérea y la radarización no está sometida a subasta.
Menem había decidido entregar en concesión por 30 años los 38 aeropuertos -incluidos Ezeiza y el Jorge Newbery- a cambio de un canon de 60 millones de dólares al año y 2.000 millones de dólares en inversiones. Numerosas empresas de Estados Unidos y Europa adquirieron los pliegos de la licitación.
El negocio, que iba a ser adjudicado en octubre, preveía entregar la responsabilidad por el balizamiento, los hangares, el mantenimiento de las pistas, el estacionamiento de autos y otros negocios en torno a los aeropuertos.
En cambio no alcanzará a la seguridad aérea, los sistemas de aterrizaje, los radares, la torre de control, las comunicaciones y la búsqueda y salvamento que seguir bajo control de la Fuerza Aerea, ni tampoco las tiendas libres de impuestos y los depósitos fiscales controlados por el empresario telepostal Alfredo Yabrán. (FIN/IPS/mv/dg/ip/97)
