El secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Carlos Moneta, aseguró que es inconveniente para América Latina acortar los plazos de cumplimiento de las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Moneta indicó que el cumplimiento del calendario de la OMC para asumir normas rigurosas de protección de los derechos de propiedad intelectual, regulación de los servicios o el acceso a los mercados representa ya "un enorme esfuerzo" para los países de la región.
Esta semana, durante la visita que el presidente estadounidense Bill Clinton realizó a Venezuela, Brasil y Argentina, Washington presionó sobre Caracas para que pase a cumplir las normas de la OMC en materia de patentes en 1998, en lugar del año 2000 como está pautado.
Esa demanda se traduce en la práctica en que Caracas presione a su vez a sus otros cuatro socios de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) para que asuman ese adelanto, ya que el bloque tiene normas concertadas sobre la crucial materia.
El gobierno venezolano se comprometió sólo a plantear la cuestión ante sus socios andinos antes de finalizar este año, dentro de la proyectada reforma de la norma común andina en materia de derechos de autor y patentes, que data de 1993 y debe adaptarse a los compromisos en la OMC.
Moneta comentó que esta presión responde a una estrategia general de Washington, en favor de que "se vaya avanzando en el cumplimiento de los compromisos más allá de la OMC", pero que "es natural que los latinoamericanos no quieran hacerlo".
El máximo funcionario del SELA dijo que los países latinoamericanos tienen que introducir "en plazos relativamente cortos cambios importantes en sus regímenes comerciales o financieros", en un proceso "de gran complejidad e impacto".
La OMC surgió en 1995 como resultado de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales globales, iniciada en 1986, y fomenta un comercio más libre a nivel planetario y reglas comunes para los llamados nuevos temas, como los derechos de autor, las patentes, los servicios o las inversiones.
Moneta subrayó que los cambios destinados a proteger la propiedad intelectual conllevan un impacto económico, político y social que tiene que ser absorbido por los sectores productivos y las sociedades latinoamericanas, además de requerir grandes recursos humanos, técnicos y jurídicos.
En ese sentido, la máxima autoridad del foro en que participan 27 países latinoamericanos y caribeños se mostró preocupado de que en la Unión Europea se esté planteando una nueva ronda de negociaciones "cuando la región no ha digerido aún lo comprometido ante la OMC". (FIN/IPS/eg/dg/if/97
