La familia Sevilla Somoza, emparentada con la dinastía que gobernó dictatorialmente Nicaragua por más de 40 años, luchará judicialmente por la devolución o indemnización de sus propiedades, estimadas en más de 200 millones de dólares.
Alejandro Sevilla Somoza, sobrino del asesinado Anastasio Somoza Debayle, aseguró que pelearán en los tribunales la devolución de más de 340 propiedades, tanto urbanas como rurales.
Durante una misa celebrada en recuerdo de su abuelo, Anastasio Somoza García, fundador de la dinastía, Alejandro Sevilla dijo estar "decidido a llegar hasta el final con las demandas judiciales" que su familia ya inició "con el objetivo de recuperar los bienes adquirimos de forma legal".
"Si los sandinistas demuestran que nuestras propiedades fueron malhabidas, estoy dispuesto a romper estos papeles legales, y olvidarme de ellas. Pero tendrán que probarlo", añadió en el curso del oficio religioso, celebrado este lunes en San Rafael del Sur, a unos 50 kilómetros de la capital.
A la misa acudieron unos 600 pobladores de los alrededores, que llegaron transportados en buses y vistiendo sus mejores ropas. Al final de la misa varios gritaron "Viva los Somoza", y "Somoza forever".
Ningún representante del gobierno derechista de Arnoldo Alemán participó en la recordación de Somoza García, muerto a balazos el 21 de septiembre de 1956 por el poeta Rigoberto López Pérez.
Sevilla Somoza, de 42 años, es hijo de Guillermo Sevilla y Lilliam Somoza. El primero fue embajador perenne en Washington de la dictadura somocista y la segunda es hermana del dictador Anastasio Somoza, derrocado por los sandinistas en 1978 y muerto en Paraguay en 1980.
Junto al resto de la familia del dictador, Alejandro Sevilla permaneció en Estados Unidos desde 1979 hasta 1990, año en que los saninistas perdieron las elecciones y él comenzó a viajar a su país a reclamar la devolución de los bienes de su familia.
En julio último, la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones (CNRC) rechazó su reclamo amparándose en que los bienes fueron confiscados (en 1979) por un decreto emitido por la triunfante revolución sandinista que no ha sido declarado inconstitucional.
Con ese decreto, la entonces Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional ordenó la "intervención, requisación y confiscación de todos los bienes de la familia Somoza, militares y funcionarios que hubiesen abandonado el país a partir de diciembre de 1977".
Según Sevilla Somoza, ese acto fue ilícito y "violatorio de los derechos humanos". No obstante, tanto sandinistas como funcionarios del gobierno derechista han rechazado públicamente las pretensiones de los Somoza.
"Si los Somoza quieren demandar, que se vengan contra el Estado, vamos a ver qué pasará", dijo al diario La Tribuna el Procurador General de Justicia, Julio Centeno Gómez.
"Los contrademandaremos por los abusos cometidos. Yo personalmente llevaré los casos", añadió.
Por su parte, el comandante sandinista Jaime Wheelock, ministro de Agricultura en la década anterior, rechazó tajantemente que la familia Sevilla Somoza tenga derecho a reclamar sus bienes.
"No tienen asidero jurídico, ni político, ni económico, ni moral. Además, no es realista lo que pretenden, porque todas las propiedades de los Somoza fueron repartidas entre campesinos", afirmó.
"Pienso que ellos deberían ser más bien demandados, porque el Banco Central dispone de pruebas de que la familia Somoza hipotecó todas sus propiedades, convirtieron los córdobas (moneda nacional) en dólares, y los sacaron del país. Se llevaron 400 millones de dólares", agregó.
Centeno y Wheelock coinciden en señalar que la mayoría de las propiedades de los Somoza fueron adquiridas al amparo del poder de la dictadura somocista, cuyo precursor fue el general Anastasio Somoza García.
Ese dictador, ex jefe director de la Guardia Nacional, ordenó el asesinato del guerrillero Augusto César Sandino, quien enfrentó y venció a la ocupación estadounidense de Nicaragua entre 1926 y 1933.
Tras el asesinato de Sandino, Somoza García consolidó su poder militar y fue electo presidente en los comicios de 1936.
Cuando subió al poder, Anastasio Somoza García no tenía ninguna fortuna, ya que apenas había heredado de su padre cuatro propiedades rurales de escaso valor.
No obstante, en 1951, el abogado del general dictador habría realizado un inventario de propiedades que superaba las 150, ubicadas en varios puntos del territorio nacional y hasta en lSan José de Costa Rica.
"Aquí hubo 50 mil muertos por el régimen somocista. Ni todas las propiedades de Somoza alcanzarían a pagar la décima parte de los daños que causaron a las familias nicaragüenses", concluyó Wheelock. (FIN/IPS/rf/dg/ip/97
