En 1964, el historiador Saburo Ienaga demandó al Ministerio de Educación de Japón por haber censurado su libro sobre la expansión bélica del país, que relataba los experimentos médicos del ejército imperial con prisioneros chinos en los años 30.
Recientemente, tras 33 años de espera, Ienaga ganó su batalla judicial cuando la Corte Suprema sentenció que el Ministerio actuó ilegalmente al ordenar al autor eliminar varios tramos de su texto de estudio.
"La lucha me ha dejado agotado", manifestó Ienaga, actualmente de 84 años y víctima del mal de Parkinson.
Con esta decisión judicial, Japón dio un paso más hacia la aceptación de su brutal colonización de China, Corea y otras partes de Asia durante la guerra del Pacífico y antes de ella, según analistas.
La sentencia, emitida el 29 de agosto, podría señalar el fin de la resistencia de Japón a admitir plenamente sus abusos de tiempos de guerra, que continúa siendo una espina en las relaciones de la potencia económica con muchos vecinos asiáticos.
Sin embargo, es improbable que se produzca un cambio instantáneo en la actitud del gobierno, dadas las profundas divisiones de la sociedad japonesa en cuanto a la forma de asumir la responsabilidad por los crímenes de guerra cometidos hace más de medio siglo.
La decisión de la Corte Suprema sostiene que el Ministerio de Educación abusó de su autoridad al ordenar que Ienaga eliminara de su libro toda referencia a los experimentos humanos realizados por el ejército imperial japonés en Manchuria, en la década de 1930.
La sentencia judicial ordena al Ministerio pagar una compensación al autor, pero afirma que la censura de textos de estudio aún es constitucionalmente válida. Varios observadores consideraron que esta decisión resta trascendencia a la sentencia.
"Igualmente estoy contento de estar vivo aún y haber conseguido esta pequeña vistoria", expresó Ienaga, y agregó que los tres juicios separados que inició contra el Ministerio de Educación tuvieron por finalidad "proteger la libertad de expresión".
Por ahora, el Ministerio conservará el derecho a censurar los libros de historia, que en general pasan por alto los hechos más brutales de la colonización japonesa.
Mientras, un grupo de académicos inició una agresiva campaña para eliminar de los textos lo que considera "acusaciones de abuso sin verificar".
La campaña está encabezada por Nobukatsu Fujioka, profesor de historia de la prestigiosa Universidad de Tokio.
Los relatos sobre la invasión de Japón a China y la guerra del Pacífico suelen ser humillantes para los japoneses y no han sido probados con evidencias concretas, declaró Fujioka al diario Sankei Shinbun, y añadió que su país debe tener su propia visión de la historia.
Entre la información que el grupo desea borrar de los libros figura la referente a la participación directa del ejército imperial en el reclutamiento de mujeres asiáticas como esclavas sexuales o "mujeres del placer".
El gobierno de Japón admitió que el ejército imperial forzó a unas 200.000 mujeres de Corea del Sur, China, Filipinas e Indonesia a complacer sexualmente a sus soldados.
Aunque se disculpó por su conducta, Tokio se negó a pagar una compensación a las sobrevivientes y eligió en lugar de ello establecer un fondo privado. Varios grupos de antiguas esclavas sexuales demandaron al gobierno.
La controversia acerca de las "mujeres del placer" entre Japón y el resto de Asia continúa sin resolverse, al igual que la cuestión de la Unidad 731 del ejército imperial, que realizó experimentos bacteriológicos con miles de prisioneros chinos.
Varios historiadores están preocupados por el surgimiento del grupo de Fujioka y sostienen que sus argumentos recuerdan esfuerzos del pasado por fomentar el sentimiento nacionalista y xenófobo que condujo a la militarización de comienzos de siglo.
La campaña de Fujioka "es demasiado peligrosa", opinó el profesor Toru Yuge, de la Universidad de Tokio. (FIN/IPS/tra-en/sk/js/ml/ip-cr/97
