El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, encuentra dificultades para lograr que el Congreso le autorice a negociar por la "vía rápida" nuevos acuerdos de libre comercio con Chile y otros países.
Pocos analistas creen que Clinton y los empresarios que lo apoyan tengan éxito, debido a la tardía presentación de la propuesta al Congreso y a los ataques a ésta de diversos sectores políticos, así como posibles obstáculos de procedimiento.
"La vía rápida puede ser derrotada", declaró esta semana John Sweeney, presidente de la AFL-CIO, la federación de sindicatos más importante de Estados Unidos.
La afirmación de Sweeney es contraria a una declaración previa, la semana pasada, sobre la disposición de las organizaciones sindicales a apoyar la propuesta legislativa.
Clinton llevó este miércoles su campaña a la convención anual de la AFL-CIO, en Pittsburgh. El mandatario fue aplaudido reiteradamente por sus esfuerzos para defender los derechos de los trabajadores en los últimos cinco años, pero se encontró con un muro de silencio cuando aludió a la vía rápida.
"Sé que no estamos totalmente de acuerdo sobre la vía rápida, pero compartimos demasiados valores y prioridades como para permitir que este desacuerdo dañe nuestra relación", manifestó Clinton.
No obstante, algunos líderes sindicales advirtieron a legisladores del gobernante Partido Demócrata que la aprobación de la vía rápida podría hacerles perder apoyo financiero y miles de votos en las elecciones parlamentarias del próximo año.
La vía rápida otorga al presidente autoridad para negociar acuerdos comerciales con otros países sin tener que preocuparse por posibles enmiendas del Congreso.
En el sistema de la vía rápida, una vez que el presidente presenta un tratado comercial al cuerpo legislativo para su aprobación, el Congreso sólo puede aprobarlo o rechazarlo, sin modificaciones.
Otorgada rutinariamente por el Congreso desde comienzos de los años 70, la vía rápida se volvió controvertida a principios de los 90, cuando el entonces presidente George Bush comenzó a negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) con Canadá y México.
Los críticos expresaron su temor a que el acuerdo con México causara la pérdida de fuentes de trabajo en Estados Unidos y agravara la contaminación en la frontera, ya que varias empresas se trasladaron inmediatamente hacia el sur para aprovechar la mano de obra barata y las débiles normas ambientales.
Desde entonces, Clinton ha estado atrapado entre las demandas de la mayoría de los congresistas demócratas, que exigen la inclusión de sanciones en todo nuevo acuerdo comercial para garantizar los derechos laborales y la protección del ambiente, y las de los republicanos, que rechazan ese tipo de condiciones.
Tras una demora de seis meses, Clinton presentó la semana pasada un proyecto legislativo que propone la inclusión en los pactos comerciales de normas laborales y ambientales solamente si están "directamente relacionadas con el comercio".
La mayoría de los observadores creen que esta redacción permitirá a los negociadores comerciales de Estados Unidos discutir condiciones sobre trabajo y ambiente de modo que sólo sean debilitadas si interfieren con el comercio.
Los sindicatos se oponen a la propuesta de Clinton porque "excluye la posibilidad de preservar o incrementar los derechos de los trabajadores y el ambiente", señaló Jeff Faux, director del Instituto de Política Económica, de Washington.
Para suavizar el golpe, Clinton prometió procurar acuerdos colaterales sobre trabajo y ambiente similares a los negociados con Canadá y México en el marco del TLC y promover la adopción de normas laborales y ambientales más generales en foros multilaterales como la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Sin embargo, críticos de izquierda desdeñaron las promesas del presidente.
"La OMC tomó la firme decisión de no vincular el comercio con temas ambientales ni laborales", destacó Pharis Harvey, director del Fondo Internacional de Derechos Laborales.
Al mismo tiempo, los acuerdos colaterales del TLC son considerados ineficaces.
Sin normas ambientales y laborales, los nuevos acuerdos con Chile y otras naciones de América Latina y el Pacífico permitirán que capitales y empresas estadounidenses se instalen en países de bajos salarios con débiles sistemas normativos, advirtieron opositores a la vía rápida.
Así mismo, la propuesta de Clinton utiliza una doble escala de valores hacia la inversión de capital y los derechos de propiedad intelectual, que están protegidos por sanciones, y los derechos laborales y el ambiente, que no lo están, aseguran los críticos.
"Por esa razón, los detractores exigen que futuros acuerdos comerciales eleven los derechos de los trabajadores al mismo plano de importancia que la protección de los de propiedad empresarial", señaló Jerome Levinson, profesor de derecho y ex consejero del Banco Interamericano de Desarrollo.
La administración de Clinton esperaba que el movimiento sindical y la izquierda no aceptaran la propuesta, pero demostró sorpresa cuando legisladores republicanos también la rechazaron.
En una audiencia del Senado la semana pasada, el legislador republicano Phil Gramm, de Texas, criticó la referencia que hace el proyecto de ley a los derechos laborales y el ambiente como "total y absolutamente inaceptable".
Así mismo, el líder de la mayoría, Trent Lott, dijo a la prensa que se deben modificar aspectos importantes de la propuesta.
Gramm arguyó que la inclusión de temas laborales y ambientales en nuevos pactos comerciales acordados según las reglas de la vía rápida pasaría por alto los procedimientos normales que se emplean para aprobar legislación referida a estos sectores.
"La vía rápida, con los límites que impone a las modificaciones, podría utilizarse para cambiar la legislación nacional", incluyendo leyes en la mayoría de los estados del sur de Estados Unidos que facilitan la resistencia de las compañías a la sindicalización de sus trabajadores, advirtió.
Aunque funcionarios de gobierno aseguraron que esa no es la intención de la vía rápida, la intensa oposición de Gramm provocó una disputa generalizada en torno al tema.
Demócratas que se oponen al plan de Clinton ya comenzaron a redactar su propia propuesta para incorporar severas condiciones laborales y ambientales a la legislación, mientras Gramm y otros republicanos estarían trabajando en la actualización de la vía rápida que se otorgó en 1988.
El diario The Wall Street Journal informó que se presentarán al menos cuatro propuestas distintas.
El problema al que se enfrenta la Casa Blanca y otros partidarios de la vía rápida es que queda muy poco tiempo para redactar un proyecto de ley que reúna la mayoría de los votos en ambas cámaras legislativas.
El Congreso, de mayoría republicana, espera concluir sus sesiones a mediados de octubre, y es improbable que el tema de la vía rápida se retome en el año electoral de 1998, sostienen analistas.
Peor aún, los líderes republicanos insisten en que el Congreso discuta dos asuntos nacionales que Clinton prometió vetar antes de considerar la vía rápida.
Fuentes del Congreso creen que 70 por ciento de republicanos y 30 por ciento de demócratas deberán respaldar el proyecto de ley para que sea aprobado por la Cámara de Representantes. Sin embargo, los observadores estiman que sólo 20 por ciento de los demócratas respaldan la vía rápida en la actualidad.
Un partidario del proyecto señaló que estaba "muy preocupado" por la posible oposición a la vía rápida de legisladores republicanos del sur, electos en distritos agrícolas desilusionados con el TLC. (FIN/IPS/tra-en/jl/ml-aq/ip-if/97
