El Comité de Inversiones Extranjeras de Chile reveló esta semana que en 1996 denunció al Consejo de Defensa del Estado (CDE) unas 200 operaciones sospechosas de lavado de dinero procedente del narcotráfico.
La información fue entregada el lunes por el vicepresidente ejecutivo del comité, Eduardo Moyano, luego de que el senador oficialista Sergio Bitar sostuviera que el país carece de instrumentos eficaces para controlar los llamados "narcodólares".
Bitar, presidente del Partido Por la Democracia (PPD), fundamentó su comentario en las inversiones que intentó realizar en Chile el narcotraficante Amado Carrillo, jefe del cártel de Ciudad Juárez.
Carrillo estuvo en Chile entre abril y junio con una falsa identidad y regresó clandestinamente a México, donde a comienzos de julio habría fallecido, supuestamente asesinado, durante una operación de cirugía estética.
Bitar destacó este domingo que una de las inversiones que Carrillo intentó en Chile, para construir un conjunto habitacional en Santiago, fue aprobada por el Comité de Inversiones Extranjeras, dependiente del Ministerio de Economía.
El presidente del PPD propuso crear una Unidad de Inteligencia Financiera como dependencia del CDE, con facultades para investigar en el Banco Central y la banca privada operaciones sospechosas de lavado de dineros.
Según Bitar, Chile no cuenta con los mecanismos adecuados de protección, control y fiscalización para impedir la afluencia de "narcodólares", atraídos por la estabilidad económica del país y las posibilidades de inversión.
Carrillo y sus secuaces lograron también hacer grandes operaciones de divisas en casas de cambio y abrir numerosas cuentas bancarias, "como si se tratara de un negocio normal", agregó el senador oficialista.
En discrepancia con el senador, Moyano calificó la legislación chilena en esta materia de eficiente y destacó que la inversión promovida por los testaferros de Carrillo para el complejo habitacional fue "ínfima".
Ese negocio ascendía a 300.000 dólares, en un universo de proyectos aprobados por el comité en los últimos años por 47.500 millones de dólares.
Más que dictar nuevas normas, hay que fortalecer la coordinación entre los distintos organismos financieros y policiales involucrados en posibles operaciones de lavado de dineros, agregó Moyano.
El funcionario gubernamental aclaró que "nunca va a haber una legislación que prevenga con seguridad absoluta, en un cien por ciento, que existan operaciones que involucren a narcotraficantes o lavadores de dinero".
"Nosotros hacemos esfuerzos para detectar este tipo de operaciones y cuando tenemos sospechas se lo hacemos saber al CDE y las policías", puntualizó Moyano.
En este sentido aclaró que en 1996 hubo más de 200 intercambios de información con el CDE y si bien no se establecieron hasta la fecha casos de lavado, hay bastantes investigaciones aún en curso. (FIN/IPS/ggr/ag/ip-if/97
