La corrupción desvía alrededor de 600.000 millones de dolares al año de inversiones para el desarrollo y programas de erradicación de la pobreza en todo el mundo, según un informe difundido en la Octava Conferencia Internacional Anticorrupción que se realiza en la capital de Perú.
La conferencia, que se extenderá hasta este jueves, se desarrolla en un marco de excepcionales medidas de seguridad, con la asistencia de representantes de 90 países y de organismos internacionales.
El problema debe abordarse con criterio político, demandando a los gobiernos que mejoren los mecanismos de control e incrementen las sanciones penales, según funcionarios del Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, quien participó a través de una teleconferencia desde Washington, prometió que su organización revisará sus programas y proyectos de cooperación para adecuarlos a la lucha contra la corrupción.
El mensaje se interpretó como una advertencia a los países donde existen niveles alarmantes de corrupción, cuyos programas de cooperación podrían sufrir recortes.
Wolfensohn advirtió que "la corrupción no es un privilegio de los países subdesarrollados", y planteo la necesidad de ajustar las normas para dificultar actos deshonestos mediante controles aduaneros, reglas de adquisiciones y mecanismos de transparencia financiera.
Fernando Zumbado, director del PNUD para America Latina, anunció que la agencia está dedicada a la elaboración de una Convención Internacional contra la Corrupción.
"La comunidad internacional debe concentrar y coordinar sus esfuerzos para combatir el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción', dijo Zumbado.
El secretario general de la OEA, Cesar Gaviria, sostuvo que un marco de fuertes instituciones democráticas, la autonomía y el equilibrio de los poderes públicos es el más adecuado para erradicar la corrupción.
"La impunidad de los funcionarios corruptos es el mayor enemigo de la democracia. Para evitar la corrupción se necesita un Poder Ejecutivo enérgico, un Legislativo capaz de ejercer control político y uno Judicial eficaz y autónomo", aseveró.
Pero el presidente del país anfitrión, Alberto Fujimori, sugirió en su exposición inaugural que existen matices de diferencia en los criterios con que se establecen las prioridades de objetivos y los mecanismos de combate cntra la corrupción.
Fujimori confía más en los frenos morales de una "cultura de la honradez" que en la disuasión que supone un castigo legal o el impacto de medidas de control bancario, "porque los corruptos y coimeros no dan recibos y se cuidan de esconder las pruebas".
"Es necesario, sin duda, frenar la corrupción en todas partes, pero lo es más aun en los países pobres, porque el dinero sustraido mediante comisiones ilegales es dinero quitado de las inversiones destinadas a superar la pobreza", dijo Fujimori.
"Si dos por ciento del presupuesto anual del Estado peruano, que asciende a 10.000 millones de dólares anuales, se esfumara en comisiones ilícitas, perderíamos 200 millones de dólares, que representan el valor de 800 colegios, 20 hospitales o 1.000 kilometros de carreteras asfaltadas", dijo.
Shahid Javed, vicepresidente del Banco Mundial, propuso actuar sobre los escenarios administrativos en los que surge la posibilidad de la corrupción. "Es necesario simplificar y hacer transparentes los trámites para eliminar la posibilidad de que funcionarios públicos hagan favores deshonestos", afirmó.
Javed añadió que la descentralización de responsabilidades y la asignación de los recursos a los gobiernos locales, así como el control de los procesos de privatización de las empresas públicas, "son maneras efectivas de evitar la corrupción".
En opinión del vicepresidente del Banco Mundial, el tradicional centralismo que existe en los países de América Latina favorece la corrupción y dificulta la posibilidad de un control ciudadano para erradicarlo.
Alfonso Valdivieso, ex fiscal general de Colombia y actual candidato presidencial, señaló que el narcotráfico crea un marco proclive a la corrupción de los funcionarios.
"La corrupción quita legitimidad al Estado y a los gobernantes y genera una relación patólogica entre el Estado y los ciudadanos. La impunidad de los narcotraficantes desilusiona y desalienta a la población, que percibe que los políticos utilizan al Estado para sus intereses particulares", aseveró.
Valdivieso también propuso "revisar" la situación de Alan García, ex presidente de Perú acusado de corrupción y asilado desde 1992 en Colombia. "No podemos descartar a priori la acusación y rechazar la extradición aduciendo que se trata de una persecución política", expreso.
El ex mandatario peruano afronta dos juicios en Perú acusado de recibir sobornos de la empresa italiana Tralima, que participó en la construcción del tren eléctrico de Lima y fue involucrada en las investigaciones judiciales en Roma sobre el destino de fondos de cooperación italiana en países en desarrollo. (FIN/IPS/al/mj/dv ip/97
