El gobierno de Colombia dio a conocer hoy las condiciones que regirán para los nuevos operadores del servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional, que había sido monopolio de la estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom).
El esquema, que será puesto en funcionamiento pese a las protestas del sindicato de trabajadores de Telecomse, se regirá por el sistema de libertad regulada, al que tendrán acceso todas las empresas de telefonía que cumplan con las condiciones estipuladas.
El ministro de Comunicaciones, José Bautista, explicó que el sistema de libertad regulada permitirá a los operadores fijar sus tarifas entre topes mínimos y máximos señalados por la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones (CRT).
Las empresas deberán tener un mínimo de 150.000 líneas instaladas y un máximo de 1,6 millones, y asociarse con un operador internacional.
El esquema, que se aplicará a un mercado de 1.500 millones de dólares, exigrá la universalidad del servicio, lo que significa que los participantes deberán operar en todo el territorio nacional, incluyendo regiones apartadas en que el negocio no resulte rentable.
Así mismo, los costos de la telefonía social, que estaban a cargo Telecom, se repartirán entre todos los operadores.
Las licencias se otorgarán en diciembre y a partir de esa fecha, los concesionarios tendrán un plazo de seis meses para entrar en operaciones.
Las licencias tendrán un costo entre 150 y 170 millones de dólares y se otorgarán por un período prorrogable de diez años.
Los concesionarios deberán pagar al Estado un canon fijo, que es el costo de la licencia, y otro periódico anual, que equivaldrá a cinco por ciento de la facturación bruta. El monto recaudado en los tres primeros años será invertido por Telecom en telefonía subsidiada.
A partir del cuarto año, tres por ciento del cánon será para Telecom y el dos por ciento restante será destinado a un Fondo de Comunicaciones.
Los trabajadores de Telecom, que han anunciado para este miércoles una nueva jornada de protesta, se oponen al proceso de privatización de las telecomunicaciones, por considerar que se entregará al capital privado una empresa que es patrimonio de todos los colombianos.
En la protesta del miércoles, que tendrá el apoyo de las tres centrales sindicales del país, participarán también trabajadores de las empresas de energía, que se oponen a la privatización del sector, y empleados bancarios que piden aumento de salarios. (FIN/IPS/yf/ff/lb if/97
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