Gobierno, pobladores y grupos ecologistas de México reviven una polémica que mantienen paralizada desde hace más de cinco años la construcción de confinamientos de desechos peligrosos, mientras cientos de toneladas de basura se siguen acumulando.
México produce unas 22.000 toneladas diarias de desechos químicos, atómicos, hospitalarios e industriales, pero sólo logra procesar o recluir 5.280 toneladas de esa basura. El resto se vende, tráfica o deposita a campo abierto, en drenajes o en ríos y mares.
"Nos oponemos a los planes del gobierno, pues se proyectan sin consultar a la población, en lugares inadecuados y bajo intereses de empresas transnacionales", dijo a IPS Roberto López, portavoz de Greenpeace-México.
La secretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias, acusó a los grupos ecologistas de tergiversar la información sobre el tema y generar conflictos que impiden avanzar en la creación de la infraestructura necesaria para tratar desechos.
Según José Luis Lezama, experto del Colegio de México, el estado de "inmovilidad e inacción a la que están conduciendo las frecuentes protestas y negativas de diversos sectores de la población" perpetúa el problema.
"Los desechos peligrosos siguen vertiéndose en sitios clandestinos, sin llegar siquiera a convertirse en fuente de miedo ambiental porque la población desconoce los peligros en los que vive", advirtió Lezama.
El tema volvió a la palestra esta semana, luego de que el Partido Verde Ecologista aseguró que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo está construyendo basureros para depositar desechos peligrosos importados de Estados Unidos, lo que fue negado categóricamente por Carabias.
En los últimos cinco años, las autoridades no han podido concretar la apertura de ningún confinamiento importante de basura industrial.
El gobierno de Zedillo, en funciones desde diciembre de 1994, asegura que hasta la fecha gastó 166 millones de dólares en preparar proyectos, lograr eficiencia en el transporte de desechos y alentar la incineración de los mismos en las empresas que los producen.
Actualmente existen 11 proyectos de confinamiento y procesamiento de basura industrial en estudio. Tres de ellos ingresaron ya a la etapa de evaluación de impacto ambiental, mientras ocho recibieron el visto bueno de los técnicos.
La secretaria de Medio Ambiente afirmó que si el gobierno logra superar los obstáculos que se levantan periódicamnte contra la construcción de confinamientos, antes de que termine el año 2000 la capacidad para tratar adecuadamente los desechos aumentará de 24 a 60 por ciento.
"No estamos en contra de los proyectos, pero sí de que se implementen sin las consultas del caso y en condiciones inadecuadas", señaló el portavoz de Greenpeace.
En 1995, pobladores del estado central de San Luis Potosí apoyados por grupos ambientalistas, impidieron la reapertura de un basurero construido por la empresa estadounidense Metalclad, clausurado en 1991 luego de acumular 20.000 toneladas de productos químicos, lodo de pintura y lubricantes.
Portavoces de Metclad, que invirtió más de 20 millones de dólares en el basurero, indicaron que estudian la posibilidad de demandar al gobierno mexicano por el cierre de sus instalaciones, luego de que había autorizado su apertura.
Las autoridades aseguran que no construirán ningún confinamiento sin contar con los estudios adecuados y haber concertado previamente con la población afectada.
Diversos estudios indican que además de la producción de basura industrial que se acumula en México, ingresan en forma ilegal desechos de otros países, especialmente de Estados Unidos.
El gobierno mexicano indica que ha recibido 35 cartas de empresas privadas interesadas en construir basureros y confinamientos.
El tema de los desechos es uno de los principales problemas ambientales del país, que debe resolverse "con suma urgencia", reconocen documentos del Instituto Nacional de Ecología, pues los tres basureros de desechos peligrosos existentes no logran cubrir la demanda. (FIN/IPS/dc/ag/en/97
