El último censo de población en Sudáfrica cuestiona las cifras que maneja el gobierno en la materia al revelar que la cantidad de habitantes del país es de 37,9 millones y no la estimada de 42,1 millones.
Lucas Ndlozi representa uno de los desafíos a los que deberá enfrentarse la política del gobierno tras el resultado del censo, realizado en octubre de 1996.
Ndlozi vive en el centro de Johannesburgo, pero su estilo de vida no mejoró desde cuando residía en su humilde vivienda en la zona rural, con pocos servicios, de Transkei.
Ndlozi no tiene electricidad, teléfono ni agua corriente y habita en un asentamiento informal ubicado en el centro de Johannesburgo, la ciudad más avanzada de Africa subsahariana.
"Me vine de Transkei hace cuatro años. Esperaba una vida mejor pero vivo en la calle o de un asentamiento a otro. Sin trabajo, la vida en la ciudad puede ser tan dura como en las zonas rurales", aseguró.
El censo del 96 reveló que más de 55,4 por ciento de la población reside en zonas urbanas, pero muchos viven en condiciones peores que en áreas rurales de países menos desarrollados.
"Cuando se distribuyen los recursos, otorgamos 25 por ciento más a las zonas rurales para compensar la pobreza. Si un residente rural recibe un dólar, uno rural recibirá 1,25. La definición de rural y urbano es muy importante", señaló Pundy Pillay, director de la Comisión Financiera y Fiscal del gobierno.
"El censo no define lo que es urbano en términos funcionales. Consideramos rurales a las personas que habitan en viviendas precarias debido a su pobreza, que el censo no tomó en cuenta", explicó.
El censo del 96 provocó ansiedad entre las autoridades al revelar que la población es menor a la estimada. La política del gobierno se basaba en la cifra de 42,1 millones de habitantes suministrada por el Servicio Estadístico Central (CSS), pero el censo reveló que la población es de 37,9 millones.
"Por lo menos en el papel, somos 10 por ciento más ricos de lo que éramos antes del censo. Nuestro producto interno bruto por habitante subió inmediatamente después del resultado. Lo malo es que nuestra tasa de asesinatos por habitante también sube", dijo Pillay.
El censo cuestiona la veracidad de cifras anteriormente aceptadas, como los nueve millones de personas que se creía residían en asentamientos informales, los 23 millones que no contarían con electricidad, los 10 millones sin agua potable y los 15 millones que no dispondrían de saneamiento.
También se debate si los resultados del censo de 1996 son exactos. Pali Lehohla, director de demografía del CSS, aseguró que el mismo es correcto y que en el futuro "se discutirán las posibilidades de la política en lugar de la validez de los resultados del censo".
El censo también cuestiona que Sudáfrica tenga un problema de inmigración ilegal de la magnitud supuesta por la prensa, organismos de investigación y la policía.
La cantidad estimada de inmigrantes ilegales que viven en Sudáfrica varía entre cinco y ocho millones de personas. La política del gobierno se basó en estas estimaciones, y el desempleo y la deficiencia en los servicios sociales se atribuyeron a la inmigración ilegal.
La ministra de Vivienda, Sankie Mthembi-Mahanyele, culpó a la inmigración ilegal por el déficit de viviendas, que su cartera no pudo remediar.
Mthembi-Mahanyele sostuvo que cuando asumió el cargo, el déficit se calculaba en 1,5 millones de unidades y que son "ilegales" al menos un tercio de los 15 millones estimados de personas económicamente activas del país.
Lehohla estimó el número de inmigrantes ilegales en zonas urbanas en unos pocos cientos de miles. "Aun si suponemos una cantidad de inmigrantes ilegales de un millón de personas, la cifra sería exagerada", afirmó.
Pero muchas iniciativas políticas están basadas en el problema de la inmigración. Más de 181.000 personas fueron deportadas en 1996, lo que le costó a los contribuyentes 1,5 millones de dólares.
Un nuevo sistema de identificación de inmigrantes ha sido propuesto para enfrentar la supuesta amenaza y el Ministerio de Defensa advirtió que la cerca eléctrica en las fronteras del norte y este del país sería puesta en "modo letal" para evitar la inmigración ilegal.
Algunos cálculos sostienen que 250.000 inmigrantes ilegales costarían unos 222 millones de dólares por año al país para el 2000, desviando fondos del sector de los servicios sociales de la población sudafricana.
"Existe un estado de confusión sobre la inmigración ilegal, que es sólo una de las categorías de personas que podrían haber sido subestimadas", aseguró Lawrence Schlemmer, consultor y presidente del Centro para Estudios Políticos. (FIN/IPS/tra-en/gm/kb/aq-ml/pr/97
