El gobierno de Rusia aún estudia medidas legales para revertir lo que un diario de esta capital denominó "venta obviamente fraudulenta" del 38 por ciento de las acciones del Estado en Norilsk, el mayor productor de níquel del mundo.
El gigante productor de cobalto, cobre y níquel, produce un quinto del níquel mundial y 90 por ciento del total de Rusia.
La venta compeltó la poco digna historia de privatización de activos del Estado de Rusia, mientras el gobierno, carente de dinero efectivo, comenzó hipotecando las empresas a bancos rusos, para luego ver cómo los bancos se las vendían a sí mismos.
El poderoso Oneximbank organizó una subasta de las acciones de Norilsk a casi la mitad de precio a su propia subsidiaria, tras descartar una fuerte competencia. Autoridades del banco fueron parte del comité que estudió las ofertas, y el gobierno no pudo hacer nada por detenerlas.
Ahora la oficina del fiscal general, de parte del gobierno, es presionada para que apele los resultados ante la corte, y un decreto presidencial se prepara para evitar que se repita ese tipo de acuerdos, mientras Alfred Kokh, vicepresidente del Comité de Propiedad del Estado, presentó su renuncia.
El proyecto de decreto para regular la venta de acciones estatales determina que las empresas relacionadas a los organizadores de una subasta no podrán participar, dijo el subjefe del gabinete de Boris Yeltsin, Alexander Livshits.
Demasiado tarde, protestan los críticos de la campaña de privatización, quienes destacan que fue el fiscal general quien autorizó la subasta, contrariando una orden del primer ministro, Viktor Chernomyrdin.
Los críticos de Kokh lo acusaron, junto a su jefe, el viceprimer ministro Anatoly Chubais, de dar al presidente de Oneximbank, Vladimir Potanin, luz verde con Norilsk.
Las autoridades sostienen que la compra similar de Potanin de 24 por ciento de las acciones en el gigante de telecomunicaciones nacional AO Svyazinvest fue legal y logró 1.870 millones de dólares para el Estado. Pero la venta de Norilsk sólo dejó al gobierno unos 77 millones de dólares.
El gobierno anunció que comenzará a vender su propiedad en subastas legales y transparentes, donde la consideración primaria será lograr la cantidad máxima de dinero efectivo para asegurar el presupuesto federal y garantizar pensiones y cobertura de deudas por salarios.
Yeltsin ordenó al gobierno pagar 1.300 millones de dólares (7,7 billones de rublos) en salarios adeudados a empleados estatales en 1998, incluyendo 5,2 billones de rublos a las fuerzas armadas, antes del 1 de septiembre.
Los próximos blancos de Potatin son Rosneft, una empresa pretrolera que podría valer 1.000 millones de dólares, y la venta de otro paquete de 24 por ciento de Svyazinvest.
"La privatización debe ser honesta, efectiva y abierta", dijo en conferencia de prensa el sucesor de Kokh, Maxim Boiko, y agregó que "las reglas de subasta se conocen por anticipado y los potenciales participantes están apropiadamente informados", difundió la agencia de noticias rusa Interfax.
Boiko defendió las recientes liquidaciones del gobierno, y dijo que las ganancias en dinero efectivo de la venta de Svyazinvest ya figuran en las arcas federales.
Igor Lipkin, presidente del Fondo Estatal de Propiedad, dijo a Interfax que un pago final de 737 millones de dólares deberá ser transferido al presupuesto antes del 13 de octubre.
"El retiro en sacrificio de Kokh es un claro intento de disolver parte de la polémica en torno a los recientes acuerdos de privatización", sostuvo el diario Moscow Times.
Boiko, agregó el diario, aunque es un cercano aliado de Chubais, "no fue afectado de igual forma que Kokh por su participación personal en el exterminio de los "préstamos por acciones".
Para otros el problema no fue el incompetente Kokh, sino el rapaz Potanin.
"Ahora, más y más crudamente, las relaciones entre uno de mis ex colegas y el gobierno traspasan los límites aceptables", dijo la semana pasada el magnate de los medios de comunicación Vladimir Gussinsky, en un comentario claramente dirigido a Potanin.
"Abierta y directamente algunos políticos lo están ayudando a obtener objetivos económicos. Cuando un jugador está en una posición más aventajada, y parte del gobierno coopera con él con fines políticos, eso es oligarquía", sentenció. (FIN/IPS/tra-en/ai/rj/lp/if-ip/97
