Campesinos de Brasil e India acusan a los directores ejecutivos del Banco Mundial de violar las reglas en materia de ambiente, reasentamiento voluntario y derechos humanos de la propia institución en perjuicio de sus comunidades.
Los directores considerarán el día 29, luego del receso veraniego boreal, los cuestionamientos de comunidades agrícolas y de pescadores de Brasil y de granjeros de India Central, pues no pudieron tomar una decisión al respecto a finales de julio.
El panel independiente de inspección del Banco concluyó que, en ambos casos, las quejas tenían bases fuertes y merecían una investigación exhaustiva. Pero las expectativas de los querellantes podrían estrellarse contra una muralla en la dirección política de la entidad o en su burocracia.
Si los directores lo aprueban, el panel de inspección realizará análisis completos de dos obras energéticas para determinar si la agencia obvió sus propias reglas en materia de reasentamientos involuntarios, ambiente, participación comunitaria y supervisión de proyectos.
Pero los directores reciben una fuerte presión para votar por la negativa a esa investigación, presión que procede de los gobiernos en Brasilia y Nueva Delhi y de funcionarios del Banco, según fuentes de la agencia, de su junta ejecutiva y de organizaciones no gubernamentales.
El caso brasileño se refiere a las compensaciones a quienes perdieron sus viviendas,y predios agrícolas y posibilidades de explotación pesquera debido a la construcción de la represa de Itaparica, concluida en 1988.
En marzo, las comunidades desplazadas de las riberas del río Sao Francisco alegaron que, casi diez años después, no habían recibido la irrigación y otros beneficios prometidos por el proyecto del gobierno patrocinado por el Banco.
El pedido de inspección fue presentado por 121 líderes comunitarios y por el Polo Sindical, un conglomerado constituido por ocupantes de tierra, hacendados y pequeños granjeros.
El panel recomendó en mayo, tras la revisión de las quejas presentadas y la respuesta de los funcionarios del Banco, un análisis exhaustivo y la elaboración de nuevas propuestas de compensación para las comunidades.
El gobierno de Brasil se opuso a la inspección y el 21 de julio, un día antes de la reunión prevista para la votación de los directores del Banco, pusieron en duda la competencia del panel.
Los proyectos para los cuales se haya desembolsado más de 95 por ciento de los fondos quedan fuera de la competencia del órgano, según los reglamentos del Banco, alegó Brasilia.
Funcionarios del Banco y del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que afirman haber hecho un buen trabajo con respecto a Itaparica, rechazaron las acusaciones de mala utilización de los fondos y aseguraron que fueron desembolsados en 97 por ciento.
Pero las organizaciones no gubernamentales que analizaron el caso estiman que se alcanzó apenas a un desembolso de 93 por ciento.
Brasilia intenta persuadir a los directores ejecutivos del Banco, en especial a los de países en desarrollo, de que la inspección representaría una interferencia externa indebida en lo que considera un asunto doméstico.
El gobierno de Brasil "no comprende el significado" del panel de inspección como "instrumento de ciudadanía mundial", replicó el Polo Sindical en una carta conjunta con Rede Brasil, que reúne a 40 organizaciones no gubernamentales dedicadas a analizar la gestión de instituciones financieras internacionales.
"El panel de inspección no es un instrumento para llamar a responsabilidad a los gobiernos sino al Banco Mundial, un paso que consideramos legítimo en la relación con una institución multilateral de la que Brasil es accionista y acreedor", reza la carta.
Una investigación exhaustiva "reafirmará la nueva política del Banco Mundial" en materia de "libertad de información, transparencia en su actividad y participación de la sociedad civil en los proyectos que financia", agrega.
El caso en India se refiere a las comunidades en Singrauli, un racimo de poblados unos 1.000 kilómetros al sudeste de Nueva Delhi, desplazados por un proyecto del gobierno con patrocinio del Banco Mundial consistente en la construcción de plantas de generación de electricidad a carbón.
El proyecto prevé la instalación de receptáculos para el fango de desecho conformado por cenizas de carbón y agua en los lugares que hoy ocupan varios poblados, lo que supone el desplazamiento de sus habitantes.
Esta obra enfrentó a los granjeros locales, que desarrollan cultivos de subsistencia, con la poderosa Corporación Nacional Energética Termal (NTPC), creada en 1975 por iniciativa del Banco Mundial y que desde entonces ha recibido unos 4.000 millones de dólares de la institución.
Los pobladores de Singrauli afirman que el Banco no cumplió sus reglas en materia ambiental y social e hizo oídos sordos a abusos contra los derechos humanos cometidos por la NTPC, la gubernamental Fuerza Central de Seguridad Industrial y la policía local.
El Banco rechazó estas acusaciones en su respuesta al panel, que, de todos modos, recomendó una inspección completa.
Funcionarios del Banco sostienen que están al tanto hace varios años de los problemas entre la NTPC y la población de Singrauli, pero las acusaciones, respaldadas incluso por ambientalistas y observadores de derechos humanos, recibieron réplicas indignadas de las autoridades indias.
El problema, según fuentes de organizaciones no gubernamentales, es que el Banco Mundial tuvo demasiada confianza en su cliente.
Los pobladores de Singrauli "sufrieron un renovado ataque de la NTPC" luego de que presentaron a finales de abril la querella ante el Banco Mundial, aseguró Dana Clark, abogada del no gubernamental Centro para la Ley Ambiental (CIEL), con sede en Washington.
El CIEL se dedica al análisis de la gestión del panel de inspección independiente del Banco desde su creación en 1993.
"Esta es la primera vez que quienes reclaman al panel de inspección fueron blanco de represalias. La NTPC se juega a hechos consumados. Para desalojar a los querellantes, destruyeron viviendas y cosechas y derramaron cenizas en sus tierras antes de que el Banco pudiera contestar", agregó.
El vicepresidente del Banco para el sur de Asia, Mieko Nishimizu, dijo en una carta dirigida a Clark que la institución continuará "exigiendo a las autoridades de la NTPC a actuar de modo responsable".
"Sé que esta respuesta no la satisfará, pero le pedimos que comprenda que el proceso del panel independiente no es sustitutivo" de otros instrumentos judiciales a nivel nacional, agregó Nishimizu. (FIN/IPS/tra-en/aa/fah/mj/dv if/97
