La crisis entre el gobierno de Perú y la Cruz Roja Internacional sigue sin solución, tras una entrevista mantenida entre el presidente de este país, Alberto Fujimori, y el presidente de la Cruz Roja Internacional, Cornelio Sommaruga.
Los problemas entre el organismo humanitario y el gobierno se arrastran desde la intervención del primero en la negociación con los integrantes de un grupo guerrillero que tomó en diciembre más de 300 rehenes en la sede de la embajada de Japón en Lima.
Fujimori comunicó este martes al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que no le restituiría la autorización solicitada para visitar en las cárceles a los presos acusados de terrorismo, suspendida después de la toma de la embajada por un comando guerillero.
Según fuentes vinculadas al Palacio de Gobierno, Fujimori agradeció a la Cruz Roja sus esfuerzos para buscar una salida pacífica en la cuestión de los rehenes, pero expresó que considera que "todavía no ha llegado el momento de reanudar las visitas a las cárceles".
Sommaruga encontró extraño que el gobierno de Fujimori lo invitara a conversar para comunicarle que no reanudaría la autorización antes existente para que la Cruz Roja visite a los presos sin la presencia de funcionarios del gobierno.
La mediación de la Cruz Roja, la Iglesia Católica y algunas personalidades diplomáticas para obtener la liberación pacífica de los 72 rehenes fracasó después de 126 días de diálogo, y el 22 de abril el ejército asaltó la embajada, dio muerte a los secuestradores y liberó a los rehenes.
En el curso de las frustradas negociaciones con el comando del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) las relaciones entre el gobierno peruano y los representantes locales de la Cruz Roja se deterioraron progresivaente y el violento desenlace no hizo nada para mejorar la crisis.
Inclusive fue invitado a abandonar el país Pedro Shaerer, funcionario de segundo nivel de la representación de la Cruz Roja, sospechoso para los servicios de seguridad de favorecer la comunicación de los subversivos atrincherados en la embajada nipona con su organización exterior.
"Sólo nos pusimos de acuerdo en que no estábamos de acuerdo", comentó Sommaruga en torno del caso de Shaerer, con ironía que podría extenderse al conjunto de las relaciones de su organización con el gobierno peruano.
Sommaruga se declaró descorazonado, dijo deplorar que el gobierno peruano diera "un enfoque político a una cuestión humanitaria", y expresó su esperanza de que el presidente Fujimori encuentre lo más pronto posible las condiciones para que se reanuden las visitas a las cárceles.
Sommaruga reveló el nombre del próximo representante en Perú de la Cruz Roja Internacional, el suizo Armin Kubel, quien reemplazará a su compatriota Michel Mining, vocero de su institución y visitante cotidiano de la embajada japonesa durante los tensos días de la crisis de los rehenes.
Mining era uno de los asistentes a la recepción diplomática en homenaje al cumpleaños del emperador japonés cuando el comando del MRTA hizo volar una pared, ingresó a la embajada y apresó a los 500 invitados que allí se encontraban.
Los observadores coinciden en admitir que la decidida intervención de Mining impidió que los secuestradores cumplieran su amenaza inicial de fusilar a algunos rehenes si el gobierno no atendía su demanda de canjearlos por la libertad de sus compañeros presos.
Luego, su figura se hizo conocida en sus cotidianos ingresos a la embajada japonesa, generalmente acompañado del obispo católico peruano Luis Cipriani, para promover el diálogo y aliviar las condiciones de vida de rehenes y captores.
La decisión de Fujimori de mantener la suspensión de las visitas de la Cruz Roja a las cárceles provocó reacciones de condena o respaldo en exponentes de diferentes opiniones políticas.
Francisco Soberon, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, deploró la decisión presidencial y recordó que su organización está gestionando sin éxito que se alivien las duras condiciones en las cárceles de alta seguridad, situadas en inhóspitas y frías zonas de la sierra sur.
Los parlamentarios Ernesto Gamarra, del centrista Frente Independiete Moralizador, y el izquierdista Daniel Estrada, coincidieron en señalar que la decisión agravará el desprestigio del gobierno de Lima respecto del tema de los derechos humanos.
Jorge Morelli, analista del matutino pro oficialista "Expreso", consideró que la crisis no es fruto de errores personales de Mining o Shaerer, "quienes probablemente actuaron de buena fe", sino en las pautas de la Cruz Roja para abordar episodios como el vivido en Perú.
"El error de base fue considerar que el grupo secuestrador tenía el mismo estatus que el gobierno que estaba tratando de liberar a los secuestrados", señala Morelli.
Luego afirma que partiendo de ese criterio, era lógico que Mining llegara a la conclusión de que era correcto abastecer de baterías al radio transmisor que utilizaba el jefe de los secuestradores para que se comunicara con la prensa.
"La posibilidad de comunicarse con el exterior prolongó el cautiverio, alentó al grupo subversivo y dio a su jefe oportunidad para hacer un juego político en el que la vida de los rehenes estaba de por medio", señala Morelli.
"Considero que la actuación inicial de Mining fue acertada y necesaria, cuando evitó un inmediato desenlace sangriento, pero luego comprometió la estrategia del gobierno para manejar la situación, que se basaba en el aislamiento e incomunicación de los secuestradores", concluye Morelli. (FIN/IPS/al/jc/ip/97
