El presidente de Perú Alberto Fujimori cosechó un leve repunte de popularidad en las encuestas pero aparece amenazado por otro escándalo político en razón de denuncias sobre espionaje telefónico a sus rivales.
La popularidad del mandatario, que cayó de 64 por ciento en enero a 18,8 a mediados de julio, comenzó a repuntar después que sugirió que declinaba de sus propósitos de postularse a la reelección en el año 2000, y subió a 29,5 por ciento.
La encuesta fue efectuada antes de conocerse la noticia de que los competidores del preisdente habína sido espiados telefónicamente en la elección de 1995, en la que el actual mandatario fue reelecto.
La denuncia fue formulada en un programa político del Canal 2, cuyo propietario, Baruch Ivcher, se encuentra actualmente en Miami, Estados Unidos, para evitar ser detenido por un juicio planteado por el Ministerio del Interior por presunta difamación contras las Fuerzass Armadas.
El programa "Contrapunto" exhibió una gruesa carpeta que le fuera entregada por "amigos de la democracia" (supuestamente pertenecientes a algun servicio oficial de inteligencia), con la transcripción de las llamadas telefónicas efectuadas entre 1994 y 95 por el candidato Javier Pérez de Cuellar.
Carlos Chipoco, vocero en el Parlamento del Partido Unión Por el Perú (UPP) que lidera el ex secretario General de la ONU Javier Pérez de Cuellar, anunció este lunes que su organización abrirá "juicio contra los responsables de la intercepción telefónica, porque esas actividades constituyen delito".
Jorge del Castillo, dirigente del socialdemócrata Partido Aprista, afirmó que "se trata de un delito más grave que el de Watergate y constituye un fraude electoral porque atenta contra el principio de igualdad en los comicios".
Otros parlamentarios opositores anunciaron este lunes que pedirán al Congreso investigar las denuncias de espionaje telefónico a los candidatos adversarios y algunos de ellos anticiparon que de ser confirmadas podria el Parlamento podría declarar la vacancia de la presidencia.
La posibilidad de que el Parlamento vote contra Fujimori es absolutamente remota, pues el partido oficialista Cambio 90 tiene más de 50 por ciento de los votos en el Congreso, pero el planteamiento revela la determinación de la oposición.
En las últimas semanas, Fujimori ha sido responsabilizado de una serie de excesos contra los derechos civiles y humanos, que incluyen un plan contra la libertad de prensa, torturas a una agente del Servicio Nacional de Inteligencia (acusada de infidencia) y el cuestionamiento de su nacimiento en Peru.
La versión sobre su nacimiento, según la cual Fujimori nació en 1933 en Japón y no en 1938 en Lima, apuntaba a declarar ilegal su elección y por consiguiente a provocar la vacancia de la Presidencia.
Los partidarios de Fujimori acusaron a la oposición de estar tratando de provocar un golpe militar y exhibieron la partida de nacimiento, que ratifica la nacionalidad peruana del jefe de Estado.
En su discurso de Fiestas Patrias, el 28 de julio, Fujimori dejó entrever que no insistirá en sus intenciones reeleccionistas y anunció un plan destinado a aliviar la situación económica de los niveles más pobres mediante generación de empleos, construcción de viviendas y reducción de impuestos.
Ese anuncio parece haber determinado el leve repunte de su popularidad, según la empresa Analistas y Consultores (A y C). pero sus posibilidades de voto siguen deprimidas, pues sólo cinco por ciento respondió que votaría por Fujimori si las elecciones se efectuaran manana.
"Los electores no aceptan las intenciones de Fujimori de forzar la Constitución para postular a una segunda e ilegal reelección consecutiva y tampoco aprueban los excesos contra los derechos humanos supuestamente cometidos por las Fuerzas Armadas y la Policía", comentó el analista Flavio Solórzano.
"Según la encuesta de A y C, la elevada desaprobación, de 66,6 por ciento, a la gestión de Fujimori es explicada por los entrevistados fundamentalmente como rechazo a las violaciones de los derechos humanos y en segundo lugar a las frustraciones de su línea económica", estimó.
La encuesta de l consultora revela que 89 por ciento de los entrevistados considera que Fujimori no convenció con su discurso respecto de las denuncias de violaciones de derechos humanos y el 82 por ciento se dice insatisfecho con sus promesas de respetar la libertad de prensa.
El 76 por ciento de los encuestados sostiene que el presidente debería destituir al virtual jefe de inteligencia, el abogado Vladimiro Montesinos , y al comandante general de la Fuerza Armada Nicolás Hermoza, culpables según la opinión pública de las violaciones a los derechos humanos. (FIN/IPS/al/dg/ip/97
