El nuevo gobierno de Papúa-Nueva Guinea impulsa la creación de una comisión de derechos humanos antes de fin de año para investigar los abusos cometidos en la represión a los rebeldes separatistas en la isla Bougainville.
El gobierno del primer ministro Bill Skate, que asumió a mediados de julio, se comprometió presentar antes de fin de mes un proyecto de ley para constituir ese órgano, recomendado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1993.
Skate dijo, durante una visita del asesor especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Brian Burdekin, que la comisión no consideraría solo la rebelión en estos nueve años, sino otros abusos que se habrían cometido en todo el territorio de Papúa-Nueva Guinea.
"Este es un avance de gran importancia. El pueblo de Papúa- Nueva Guinea contará con un mecanismo propio para considerar los problemas de derechos humanos. Todo país necesita una institución de este tipo, pero solo un puñado han decidido crearla", dijo Burdekin.
Skate sostuvo que la Constitución garantiza el respeto de los derechos humanos, lo que obliga a los poderes del gobierno a crear un mecanismo para hacer realidad esa premisa. "Las quejas sobre abusos de derechos humanos nunca han sido consideradas", afirmó el primer ministro.
La comisión será creada a través de una ley que se presentará al parlamento a fines de mes. Si la oposición respalda el proyecto, las enmiendas constitucionales necesarias para el establecimiento del órgano se aprobarán a fines de año, explicó Skate.
Pero aún es demasiado pronto para pronosticar si la comisión logrará avances en el camino hacia la paz en Bougainville, donde el conflicto cobró la vida de 10.000 personas desde 1989. Al menos 40 por ciento de los 130.000 pobladores que tenía la isla entonces abandonaron sus hogares.
La rebelión comenzó por el reclamo de terratenientes de Bougainville de una mayor participación en las ganancias de Panguna, una de las mayores minas de cobre a cielo abierto del mundo, cerrada de 1989.
Este conflicto en el Pacífico Sur es poco conocido en el resto del mundo, no obstante lo cual grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional han criticado en reiteradas ocasiones al gobierno de Papúa-Nueva Gubelión.
Amnistía Internacional informó en febrero que los abusos de derechos humanos en la isla "alcanzaron niveles sin precedentes en varios años" y acusó al gobierno del país y al separatista Ejército Revolucionario de Bougainville de asesinato, tortura y violación sexual de civiles.
"Este es un problema serio de derechos humanos. Es tiempo de que se considere a Bougainville como un problema nacional. La gente deberá participar en el debate sobre lo que se hace en la isla", sostuvo el activista local Powes Parkop, quien postula una solución política al conflicto.
En julio se produjeron algunos avances, tras conversaciones promovidas por el gobierno de Nueva Zelanda entre las fuerzas secesionistas y el gobierno local de transición.
De esas reuniones surgió una declaración que reclamaba la desmilitarización de Bougainville, el levantamiento del bloqueo impuesto por los gobiernos de Papúa-Nueva Guinea y las vecinas Islas Salomón, y permiso a los donantes internacionales y las agencias humanitarias de operar en la isla.
El gobierno de Papúa-Nueva Guinea, en especial durante la administración del anterior primer ministro, Julius Chan, usó la fuerza para resolver el conflicto.
Chan intentó sin éxito apelar a mercenarios extranjeros para acabar con el Ejército Revolucionario de Bougainville, lo que generó protestas públicas y provocó su cese del gobierno en marzo.
Una comisión gubernamental, que interrumpió sus tareas pero fue rehabilitada por Skate, investiga la contratación de mercenarios británicos por parte de Chan. Otra comisión investiga presuntos actos de corrupción. De todos modos, el Partido del Progreso Popular que lidera Chan integra el actual gobierno.
La creación de la comisión de derechos humanos "mostrará al mundo que Papúa-Nueva Guinea está comprometida con los derechos humanos" y se convertiría "en un modelo para la región de Asia y el Pacífico", dijo Skate.
El organismo "investigará denuncias de víctimas y enseñaría a todos qué significan los derechos humanos", agregó. "Tenemos una de las mejores constituciones del mundo, pero los derechos que contiene pierden su sentido si no se traducen en realidades." (FIN/IPS/tra-en/kp/js/mj/hd/97
