Un taxi se introdujo en una estrecha calle lateral para eludir el puesto de guardia israelí en su camino a la ciudad palestina de Ramallah. Así, Said Shaheen llegó al establecimiento de venta de automóviles de su padre.
Unos días antes, dos comandos suicida palestinos se inmolaron en un mercado del centro de Jerusalén. El atentado, que produjo 13 muertes, fue el argumento del gobierno de Israel para clausurar a cal y canto las localidades palestinas en Cisjordania y Gaza.
Shaheen, de 21 años, vive en un poblado cercano. Los soldados israelíes pudieron haberlo arrestado cuando entró en Ramallah.
Pero él tiene que alimentar a su familia y ese es un riesgo que debe correr, explicó. Su negocio no tiene acceso a los puertos israelíes para adquirir automóviles nuevos, pero sus clientes esperan que les reparen los vehículos viejos.
"Seguro, esto es un peligro. ¿Pero qué vamos a hacer? Tenemos que trabajar", se lamenta Shaheen.
En la porosa Ramallah, con docenas de callejuelas que conducen a la ciudad, entrar y salir no es tan problemático como en los aislados poblados o campamentos de refugiados en otros puntos del territorio gobernado por la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
Los palestinos saben que la clausura dispuesta por el gobierno israelí es una medida temporaria. El año pasado, tras una serie de atentados con bomba contra ómnibus en los que murieron 59 personas, la clausura de las localidades bajo control de la ANP duró tres semanas.
Pero la medida, de todos modos, resta apoyo popular al proceso de paz. Cuando el presidente palestino Yasser Arafat selló la paz con Israel en 1993, fueron jóvenes como Shaheen, que habían combatido contra los fusiles israelíes a pedradas, quienes más respaldo brindaron al líder.
Hoy, los líderes palestinos deben hacer un gran esfuerzo para conservar el mismo nivel de apoyo. Hubo pocos avances en la implementación de los acuerdos de paz. No se construyó el puerto y el aeropuerto prometidos. La ANP controla apenas 27 por ciento del territorio de Cisjordania.
"¿Cómo podemos obtener respaldo para el proceso de paz cuando el ejército israelí acosa cada poblado, cada ciudad, cada campamento de refugiados?", se preguntó Saeb Erekat, uno de los principales negociadores de la ANP.
"Los palestinos, ahora, no hablamos de paz. Estamos demasiado ocupados intentando impedir que la situación se deteriore aun más", agregó Erekat.
Luego del atentado de la semana pasada, Israel adoptó medidas sin precedentes para obligar a Arafat a dominar a su oposición armada, en especial luego de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) distribuyó volantes en la que se hacía responsable por las explosiones en Jerusalén.
Los comandos suicida no han sido identificados con certeza, pero Hamas y la Jihad Islámica, otro grupo más pequeño, están detrás de docenas de atentados en territorio israelí, según las autoridades de seguridad israelíes.
Las fuertes medidas dispuestas por el gabinete de Benjamin Netanyahu incluyeron la interrupción del flujo de impuestos a la ANP y de sus programaciones de radio y de televisión. También se reclamó la extradición de sospechosos que figuran en una lista de residentes en áreas palestinas.
Pero la disposición que genera mayor malestar entre los palestinos es la prohibición de los traslados de personas de un poblado a otro o de zonas controladas por la ANP a Israel.
Israel desplegó el fin de semana a cientos de soldados en los puestos de guardia, lo que impidió a los palestinos salir de las ocho ciudades cisjordanas controladas por la ANP, así como de otros poblados menores y campamentos de refugiados.
El gobierno de Netanyahu asegura que, al obstaculizar los movimientos dentro de Palestina, podrá impedir otros ataques de Hamas. Sus asesores afirman que en el pasado esa fue la medida más efectiva, pues dejó en evidencia que todos los palestinos pagarían por ello.
Pero los residentes del territorio controlado por la ANP afirman que el bloqueo castiga a personas inocentes. Decenas de miles de personas no pueden asistir a sus puestos de trabajo en Israel. Otros cientos que intentan ingresar a Palestina desde Jordania o Egipto quedan varados en la frontera.
"¿Por qué quieren castigarnos? No hicimos nada y no estamos de acuerdo con esos atentados. ¿Por qué nos cierran la entrada a la ciudad?", se preguntó Walid Abu Hammad, de 22 años, quien se trasladó desde Jenin de forma clandestina a Ramallah para asistir a su trabajo en el Ministerio de Industria.
"Ellos saben que podemos entrar por otros medios. Lo único que quieren es hostigarnos", dijo Mohammed Hammed, de 16 años, quien vivía en California, Estados Unidos, y se mudó el año pasado a Ramallah.
Aunque se pueda acceder a las ciudades por caminos secundarios, las reiteradas clausuras desalientan a los inversores, que piensan dos veces antes de colocar su dinero en zonas donde no está asegurado el flujo de bienes y servicios.
Seis meses después de la firma del acuerdo, Israel instaló puestos de guardia permanente en las carreteras y caminos que conducen a Cisjordania y Gaza.
Al mismo tiempo, institucionalizó un sistema de permisos de acuerdo con el cual todos los palestinos deberían gestionar el suyo ante las autoridades militares para ingresar a territorio israelí.
Cada vez que ocurre un atentado, las fronteras se sellan y los permisos se suspenden por tiempo indeterminado.
Por lo tanto, en lugar de la prosperidad prometida antes de la firma del acuerdo de paz, los palestinos sufren un desempleo sin precedentes.
La inversión, que un año antes del pacto ascendió a 1.000 millones de dólares, cayó a 586 millones un año después, según la oficina de Naciones Unidas en Gaza.
Antes del acuerdo, 120.000 palestinos tenían trabajo en Israel. Hoy, más de 70.000 de ellos fueron reemplazados por empleados rumanos o tailandeses. Los restantes trabajan de forma esporádica, de acuerdo con la situación en materia de seguridad.
"Antes de la paz, podíamos alimentar a nuestros hijos. Hoy, estamos furiosos. Ellos quieren pelear, no quieren la paz", dijo Adnan Ajudani, vendedor de calzados en Ramallah.
Políticos opositores e incluso asesores de Netanyahu alertaron que las medidas restan apoyo popular al presidente Arafat, pero todos admiten que es difícil romper el ciclo de violencia.
"Cada acto de terror provoca represalias de Israel contra la población palestina, lo que hace difícil para Arafat convencer a sus seguidores de que el proceso de paz da frutos. Así, muchos optan por la violencia. Es un círculo", explicó Shlomo Avineri, analista político en la Universidad Hebrea.
El desafío para Israel es convencer al público aterrado de que ceder más territorio a la ANP es una medida sabia en materia de seguridad. Arafat, por su parte, necesita logros tangibles en la mesa de negociaciones para exhibir ante la población palestina.
Si para los israelíes la paz se define en base a la seguridad personal, para los palestinos significa el fin de la presencia militar de Israel en Cisjordania y Gaza, prosperidad económica y un eventual estado nacional.
Hace cuatro años, apenas nueve por ciento de la ciudadanía palestina era independiente de partidos políticos. Hoy, 40 por ciento se definen así, lo que se atribuye al creciente desencanto con el proceso de paz, dijo Khalil Shkaki, director del Centro de Investigaciones y Estudios Palestinos.
De ese modo, el respaldo popular de Arafat, al parecer, continuará cayendo, pronosticó Shkaki.
"Los palestinos no respaldaron el proceso de paz por un repentino enamoramiento con los israelíes, sino porque pensaban que se cumplirían algunos objetivos básicos", agregó. "Como esos objetivos no se han cumplido, el respaldo de Arafat cae." (FIN/IPS/tra-en/dho/rj/mj/ip/97
