Activistas de los derechos humanos de Pakistán exigen que el gobierno de Nawaz Sharif derogue una norma que castiga a las mujeres violadas, consideradas como propiedad de sus esposos y padres.
El "decreto Hudood", promulgado por el dictador militar Zia ul Haz en 1979, convierte al sexo fuera del matrimonio en un crimen contra el Estado, por lo que la mujer violada es tratada como adúltera y castigada con la lapidación o prisión perpetua.
"Entre 70 y 75 por ciento de las mujeres que languidecen en las prisiones de Pakistán fueron procesadas por el decreto de Hudood", sostuvo Noornaz Agha, líder de la sección de Sindh de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán.
Aunque la Constitución asegura la igualdad entre los géneros, existen leyes separadas para hombres y mujeres en Pakistán. El Decreto de Hudood no distingue entre violencia sexual y derechos sexuales.
Los grupos de defensa de los derechos humanos y de la mujer exigen la revocación de la norma desde que el país retornó al sistema democrático, en 1988.
Ni el Partido del Pueblo de Pakistán (PPP), dirigido por la ex primera ministra Benazir Bhutto, ni la Liga Musulmana, actualmente en el gobierno, consideraron el tema a nivel político por temor de irritar a la derecha religiosa.
Los partidos islámicos ganaron poder político en el gobierno con el general Zia, el último dictador militar del país, que utilizó a la religión para legitimar sus 10 años en el poder, entre 1978 y 1988.
Con Zia, Pakistán, que cumplió 50 años de independencia esta semana, fue declarada una república islámica, y la "Shariah" o derecho islámico se convirtió en la ley del Estado, aunque la Constitución de 1973 asegura a hombres y mujeres igualdad ante la ley.
"Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen derecho a recibir igual protección de la misma. No existirá discriminación basada sólo en el sexo. Se tomarán medidas para asegurar la plena participación de las mujeres en todas las esferas de la vida", estipula la Constitución.
Pero la realidad es muy distina. La mayoría de las mujeres viven en zonas rurales, aún regidas por el feudalismo. El país, de 130 millones de habitantes, tiene la peor clasificación de Asia meridional en los indicadores de desarrollo humano relacionados con el género.
La participación de las mujeres en la actividad económica es de sólo 16 por ciento y de tres por ciento en los principales cargos administrativos y gerenciales.
En el parlamento sólo 1,6 por ciento de los legisladores son mujeres, según un informe de un centro de investigación con sede en Islamabad sobre Desarrollo Humano en Asia Meridional en 1997.
"Pakistán debe ser el único país del mundo donde las mujeres son procesadas por adulterio y condenadas a muerte por lapidación cuando denuncian una violación", indica el informe.
Las mujeres víctimas de violación tienen que presentar el testimonio de cuatro hombres devotos que hayan sido testigos del crimen si pretenden que se haga justicia.
El decreto Hudood castiga aun a las niñas víctimas de violación, sostuvo Hina Jilani, una destacada abogada y defensora de los derechos de la mujer.
Jilani mencionó el ejemplo de una niña de 13 años de edad que quedó embarazada tras una violación pero debió dar a luz al niño porque el aborto es ilegal en el país.
"La ley castigó a la niña, aunque no era su culpa. No existe justicia aquí para las víctimas de ataques sexuales", sostuvo la abogada, y agregó que las mujeres que se atreven a denunciar una violación deben probar que el hecho no ocurrió "con su consentimiento".
La creencia generalizada, aun en la policía, es que la víctima merecía o solicitó el ataque.
"La policía considera que la víctima de violación consintió la misma", dijo Nafisa Shah, de Shirkat Gah, grupo que defiende la igualdad de géneros.
Shah agregó que existen casos innumerables de mujeres procesadas por el decreto de Hudood y violadas mientras están en custodia policial.
"Las mujeres no tienen medios para probar lo contrario, porque las señales físicas de su resistencia desaparecen con rapidez, mientras el procedimiento de elaboración de un informe es intricado y traumatizante para las víctimas", destacó.
"Hubo casos en que el embarazo fue considerado una prueba irrefutable contra las víctimas, mientras el denunciado quedó libre sencillamente por negar la acusación", dijo la legisladora Fahmida Mirza.
Por consiguiente, en todos los casos de violación, "la mujer víctima es considerada culpable, quien consintió al sexo ilícito, en lugar de ser tratada como víctima de violación", señaló Agha, de la Comisión de Derechos Humanos, y culpó al decreto Hudood por influir el procedimiento legal contra la mujer.
Como la carga de comprobar el crimen descansa por completo en la víctima, las mujeres violadas por sus esposos no tienen esperanza de buscar justicia en Pakistán.
La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán afirma que hay miles de mujeres que sufren en silencio, especialmente en el interior, donde tienen prohibido viajar solas y las que son vistas conversando con un extraño pueden ser asesinadas.
"Si el Estado mismo es cómplice de la extendida violación de los derechos humanos, ¿entonces a quién le va a pedir justicia el pueblo común?", preguntó Chandur Keswani, intelectual paquistaní. (FIN/IPS/tra-en/am/an/aq-ml/hd/97
