Cada vez más países apoyan la creación de una Corte Penal Internacional permanente que juzgue genocidios y otros crímenes de guerra, pero activistas de derechos humanos temen que ese tribunal no trate la violencia sexual contra las mujeres.
La Corte podría convertirse en realidad en junio, cuando los miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se reúnan en Roma para aprobar una propuesta al respecto.
Los procedimientos de Corte se analizan en una ronda de discusiones de dos semanas que concluirá el viernes 15 en la sede de la ONU en Nueva York.
La Junta de Mujeres para la Justicia de Género, formada por integrada por abogadas feministas de derechos humanos de todo el mundo, afirma que no se ha establecido si la Corte se ocupará de las violaciones y otros abusos sexuales cometidos en el marco de una guerra.
Los estatutos propuestos para el tribunal manejan estos actos de violencia sexual en el contexto de otros crímenes contra la humanidad, como el genocidio, dijo Rhonda Copelon, de la City University, de Nueva York.
Los crímenes contra la mujer no deben ser vistos solo como ataques contra grupos étnicos, religiones o naciones, pues "existe una dimensión de género en el uso de la violencia", arguye Copelon.
Algunos partidarios de la Corte Internacional afirman que dos tribunales de guerra de la ONU, los creados para tratar los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y Ruanda, revelan una significativa disparidad en el modo en que el cuerpo mundial maneja el problema de la violencia sexual.
Muchos grupos elogian al tribunal de la antigua Yugoslavia, que consideró las violaciones masivas como crimen específico de guerra.
Pero el tribunal relativo a Ruanda casi no investigó las violaciones cometidas en el marco del genocidio sufrido por ese país en 1994, según Betty Muringi, abogada de Kenia e integrante de la Federación Internacional de Abogadas.
"Miles de mujeres fueron violadas en Ruanda pero apenas una persona fue acusada de violación" por el tribunal de la ONU con sede en Arusha, señaló Muringi.
Los estatutos que definen las violaciones masivas como crímenes de guerra en ambos tribunales son casi idénticos, pero su aplicación es diferente en los dos casos.
Ambas cortes ofrecen también distintas respuestas a las mujeres que aspiren a denunciar los crímenes en su contra, según Donna Axel, de la Coalición para la Corte Penal Internacional, integrado por organizaciones no gubernamentales a favor de la creación del órgano.
Los fiscales del tribunal de la antigua Yugoslavia enviaron equipos integrados por un hombre y una mujer para interrogar a las supuestas víctimas de violaciones, explicó Axel.
En cambio, las mujeres que presentaron denuncias similares ante el tribunal de Ruanda eran recibidas por intérpretes masculinos de los mismos grupos étnicos de los presuntos violadores, dijo Connie Ngondi, directora de la filial de Kenia de la Comisión Internacional de Juristas.
En consecuencia, las mujeres se sienten poco dispuestas a ofrecer su testimonio, sostuvo Ngondi.
Para Ngondi, las víctimas de violación del genocidio en Ruanda no fueron recibidas con la sensibilidad debida por los fiscales, concentrados en las matanzas de hasta un millón de personas entre abril y julio de 1994.
"La violación y la mutilación sexual fueron parte de la metodología del genocidio. Pero el problema de la violación fue dejado de lado. A las mujeres violadas se les dice que deberían alegrarse de estar con vida", afirmó.
Copelon espera que el éxito del tribunal de ex Yugoslavia, por el que muchas autoridades fueron procesadas de violación, aunque pocas fueron detenidas, sirva como ejemplo para la Corte Penal Internacional.
Si las violaciones a los derechos de género se agregan a sus competencias, la Corte Penal Internacional podría juzgar casos que abarcan desde las restricciones a los derechos femeninos impuestos por los fundamentalistas islámicos de Talibán en Afganistán al comercio mundial de mujeres.
Sin embargo, diplomáticos de las negociaciones en curso en Nueva York afirman que la jurisdicción de la Corte debe ser lo más específica posible.
Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Estados Unidos, disponen de derecho a veto y no están dispuestos a permitir que la Corte tenga independencia para investigar eventuales casos sin su autorización específica.
Al mismo tiempo, numerosos países en desarrollo, como India, Indonesia, Kenia, Nigeria y México, pretenden limitar el poder de la Corte de iniciar sus propias investigaciones sin obtener antes el permiso de las naciones interesadas.
Por ahora, no es probable que la Corte Penal Internacional tenga potestades para investigar sus propias pistas fuera de casos de genocidio. Si la Corte no obtiene mayor autoridad, corre el peligro de convertirse en un mero "tribunal ad hoc permanente", dijo Copelon.
De esta manera, el órgano castigaría a las mujeres, sostiene Barbara Bedont, abogada de Toronto, Canadá, quien trabaja para la Liga Internacional de Mujeres por Paz y Libertad.
Como los hombres dominan los estados, no estarían dispuestos a que los casos de violación contra mujeres sean considerados ante la Corte Penal Internacional. Si la Corte no tiene autoridad al respecto, "los crímenes de género no serán procesados", aseguró Bedont.
Las activistas de la Junta de la Mujer para la Justicia de Género esperan evitar eso. "¿De qué clase de justicia estamos hablando si no alcanza al 50 por ciento de la población?", preguntó Ngondi. (FIN/IPS/tra-en/fah/aa/aq-mj/hd pr ip/97
