Japón y Estados Unidos se alinearon contra la propuesta de la Unión Europea de reducir de forma drástica la emisión de gases perjudiciales para el ambiente, mientras el asma cunde en las megaciudades industriales japonesas.
El gobierno japonés y las compañías contaminantes deben pagar grandes sumas de dinero a causa de las querellas iniciadas por víctimas de la contaminación atmosférica. Las enfermedades respiratorias son uno de los costos que la potencia asiática ha debido pagar por su desarrollo industrial.
Yuki Natsume, de 44 años de edad, nunca sufrió asma hasta que se mudó hace más de diez años a Tokio junto con su esposo, cerca de una carretera. "La contaminación del aire me arruinó la salud", afirmó.
Natsume ya aprendió a vivir con su enfermedad, pero la oculta en su lugar de trabajo porque teme que sus frecuentes ataques de asma provoquen su despido.
Esta mujer es una de los cada vez más asmáticos en la bullente capital japonesa. Vivir cerca de las carreteras que atraviesan la ciudad es casi inevitable para sus casi 12 millones de habitantes.
El gobierno estima que los asmáticos son unos 70.000, pero investigaciones de organizaciones no gubernamentales creen que se trata, en realidad, de entre 500.000 y 600.000.
"La cantidad de enfermos aumenta a pesar de los informes oficiales sobre mejoras de la calidad del aire en Tokio", dijo Shintaro Koike, presidente del Instituto de Investigaciones sobre Contaminación Industrial, un grupo no gubernamental integrado por víctimas, activistas y académicos.
En los años 60 y 70, décadas de gran actividad industrial manufacturera, los cielos de la ciudad y sus zonas aledañas estaban cubiertos en forma permanente de smog y polvo.
Hoy, están limpios y azules si se los compara con los de entonces. Pero, como Koike afirma y algunos funcionarios del gobierno reconocen a regañadientes, la contaminación del aire continúa siendo un problema acuciante.
Aún no se han atacado sus causas profundas, lo que supondría un conflicto con las políticas oficiales que otorgan prioridad al crecimiento industrial sobre la protección del ambiente.
Desesperados residentes de Tokio, en un intento por revertir la situación, acusaron al gobierno y las empresas ante la justicia y, en ocasiones, ganaron las querellas.
En diciembre pasado, los demandantes del caso conocido como "asma Kawasaki", residentes en ese bastión de la industria pesada japonesa, obtuvieron un triunfo en una negociación judicial con 14 empresas contaminantes luego de 14 años de batalla legal.
Las compañías acusadas, consideradas el motor del milagro económico japonés de los años 60, acordaron pagar 27 millones de dólares a 401 denunciantes.
Más de 200 asmáticos de Tokio demandaron una compensación económica al gobierno y a empresas constructoras, a los que responsabilizan por su enfermedad.
"En medio del desarrollo económico, la salud y el bienestar de los individuos han sido ignorados", sostuvo Koike, cuyo grupo respalda la querella.
El gobierno ha dispuesto en las últimas en las últimas tres décadas controles a la emisión de sustancias contaminantes de parte de las empresas y mejoras en los sistemas de saneamiento y desecho de basura, lo que ha reducido en forma dramática el deterioro ambiental.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con sede en Nairobi, calificó en 1992 a Tokio de "ejemplo de cómo la contaminación atmosférica puede ser controlada en una megaciudad industrial".
El nivel de contaminación por partículas suspendidas, monóxido de carbono, dióxido sulfúrico y dióxido de nitrógeno es mucho más bajo en esta capital que en la mayoría de las megaciudades de Asia.
Pero el PNUMA consideró "alta" la concentración de ozono en Tokio. Esta molécula compuesta de tres átomos de oxígeno se vincula con enfermedades respiratorias.
El gobierno no ha hecho lo suficiente para ceñir las emisiones industriales y obligar a las empresas a minimizar el impacto de sus procesos de producción, según organizaciones no gubernamentales ambientalistas.
Japón también contribuyó a enlentecer el ritmo de las negociaciones diplomáticas para la reducción de las emisiones de los denominados "gases invernadero", que producen el calentamiento planetario.
La ciudad japonesa de Kioto será sede en diciembre de la próxima reunión de las partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Global, instancia en la que se consideran estos problemas.
Uno de los principales gases invernadero es el dióxido de carbono, del cual Japón es el principal emisor mundial después de Estados Unidos. Las industrias japonesas liberaron en la atmósfera 332 millones de toneladas de este gas en 1995, una cantidad sin precedentes.
Según la gubernamental Agencia Ambiental de Japón, esta cifra es 8,3 por ciento superior a la de emisiones de dióxido de carbono registradas en 1993, a pesar de que los países industrializados deberían haberlas reducido de acuerdo con la Convención.
La industria manufacturera y la construcción son responsables de 37 por ciento de estas emisiones, seguida por el transporte (20 por ciento) y la actividad doméstica, la agricultura, la forestación y maderería y la industria del pescado, según los expertos.
Pero los activistas sostienen que el gobierno desarrolla una política de "mano blanda" con las industrias, lo que conspiraría contra las metas de reducción de emisiones de gases invernadero.
La Agencia Ambiental y organizaciones no gubernamentales apoyan el establecimiento de un "impuesto ambiental" que gravaría de forma progresiva la actividad de las empresas más contaminantes, pero el proyecto no ha sido aprobado.
Esto se debió a la oposición del empresariado y el Ministerio de Comercio Internacional e Industria, preocupados por una eventual pérdida de competitividad mundial de las compañías japonesas.
Los expertos calculan que si se grava con 26 dólares cada tonelada de dióxido de carbono emitido a la atmósfera, Japón dispondría de por lo menos 7.666,6 millones de dólares anuales para invertir en ingeniería ambiental en el 2010.
La industria japonesa es la responsable de que Japón se haya aliado con Estados Unidos para oponerse a la propuesta de la Unión Europea de reducir 15 por ciento las emisiones de dióxido de carbono en el 2000.
Washington y Tokio argumentan que la emisión de la mayor parte de los gases invernadero corresponde a los países en desarrollo.
Pero el embajador itinerante de Japón para asuntos ambientales, Yoshiaki Tanabe, admitió en julio que para su país "es sencillamente imposible reducir 15 por ciento las emisiones".
Tomoko Sakuma, director del no gubernamental Forum 2001, afirmó que Japón debe cumplir sus compromisos internacionales y convertirse en un faro para el movimiento ambientalista.
"Sería muy desalentador que el gobierno reduce su objetivo de reducción en 15 por ciento de la emisión de gases invernadero", dijo Sakuma. (FIN/IPS/tra-en/sk/js/mj/en/97
